El pasado jueves 27 de Agosto la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) anuncia arbitrariamente poner término a cinco Jardines Comunitarios Autogestionados agrupados en la modalidad CECI (Centros Educativos Culturales de la Infancia). Hoy, a dos de ellos se les informó oficialmente del cierre: el Jardín Fondo del Rio (San Bernardo) y Jardín 4 de Mayo (Santiago Centro).

Sin presentar evidencia alguna, la JUNJI señala irregularidades en el funcionamiento de los jardines, desconociendo el esfuerzo y seriedad con que las comunidades aludidas han levantado sus centros y proyectos educativos. Hay que señalar que la JUNJI es un intermediario entre el Estado y las comunidades educativas, cumpliendo sólo un rol de fiscalización –si es que lo hace- de los centros educativos, la gran parte es todo realizado por las propias comunidades en sus territorios, entre educadoras, madres, padres, pobladores/as y niños/as que asisten y se organizan.

Lo que no dice la JUNJI es su prontuario de mala gestión e incumplimientos de acuerdos con los proyectos alternativos en primera infancia. En abril del año pasado, 12 jardines CECI denunciaron públicamente las precarias condiciones en que se encuentra el programa, presentando un claro diagnóstico del maltrato laboral de las/os trabajadoras/es educadoras/es, exigiendo mejoras de las condiciones de trabajo, en la gestión y condiciones materiales en general del programa desde Estado y participación efectiva de todos los actores involucrados en el programa. En enero del 2015, las mismas comunidades aludidas -en conjunto con otras experiencias educativas- presentaron ante el Ministerio de Desarrollo Social un proyecto de fortalecimiento para este tipo de experiencias comunitarias. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por las autoridades.

Lo inaceptable es el aprovechamiento que hace la JUNJI de las organizaciones sociales que desarrollan estos proyectos, ajustándose a las políticas educativas neoliberales que entrega el Banco Mundial. A diferencia de lo que ocurre en casi todos los países latinoamericanos y en distintas partes del mundo, la educación de primera infancia es concebida desde lo comunitario, donde el Estado garantiza la entrega adecuada de recursos haciéndose cargo de cubrir las necesidades de las comunidades (sueldos de las/os educadoras/os, recursos pedagógicos, entre otros) y son éstas las que se encargan de llevar todo el proceso educativo: cuidar, alimentar, entregar afecto, socializar, hacer pertinentes a sus necesidades su trabajos educativos, entre otras.

"El Estado chileno está violando los derechos de los/as niños/as y sus comunidades, negando su acceso y el desarrollo de proyectos educativos enfocados en sus territorios y culturas. Son estas comunidades que hoy manifiestan su rechazo en las distintas oficinas de la JUNJI, y que seguirán movilizados hasta encontrar una solución a este atropello de sus derechos", manifestaron.