(Actualización) La presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó hoy su preocupación por la conformación de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa que, entre otros, buscaría poner fin a los denominados “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas.

“Me preocupa que sea sólo un gesto comunicacional, porque no veo que enfrente el problema de fondo: 25 años de encubrimiento de los crímenes cometidos por la dictadura”, afirmó Pizarro a eldesconcierto.cl

Según un reportaje del diario La Tercera, la unidad estará encabezada por el otrora juez de la Corte Suprema, Alejandro Solís, uno de los más emblemáticos persecutores en causas de derechos humanos.

De acuerdo a la información, la nueva unidad contará con los recursos necesarios para que tanto los ministros de la Corte Suprema como los auditores de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se dirijan en la búsqueda y entrega de información.

Al respecto, Pizarro afirmó que con este tipo de medidas, “se invisibiliza el tema de fondo y es que en Chile existe una operación de encubrimiento de los crímenes de la dictadura desde las instituciones de las Fuerzas Armadas, que se inició en la misma dictadura en la que estas instituciones formaron parte activa del exterminio”.

“Son 17 años de terrorismo de estado y 25 años de encubrimientos que se siguen relativizando con gotitas que no enfrentan el tema de fondo: Fuerzas Armadas que siguen ancladas a la dictadura hoy día amparando a los genocidas”, enfatizó.

“Hace dos meses esto no era tema, y hoy día cuando el horror nos vuelve a conmover como país, todos se movilizan”, agregó.

Pizarro reiteró su respeto por la labor del ex ministro Solís, “quien demostró con creces que es muy riguroso en su quehacer y que cumplió su labor cuando investigó las causas de Derechos Humanos con seriedad y con un deseo de avanzar”.

“No es que no me guste que el ministro Solís integre esta unidad, porque quizás pueda dar una señal de ética respecto a lo que no hacen las Fuerzas Armadas”, aclaró.

“Lo que me preocupa es que estamos en un momento álgido del tema de Derechos Humanos y que el tema de fondo pase nuevamente al olvido”, aseveró.

“Necesitamos que de una vez por todas se asuma la complicidad que tienen las Fuerzas Armadas que son las que tienen la información y son las que siguen protegiendo a los violadores de Derechos Humanos y que institucionalmente jamás han cambiado la conducta que tuvieron durante los 17 años de dictadura”, enfatizó Pizarro.

En julio pasado, el testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán, miembro de la patrulla militar que el 2 de julio de 1986 quemó con gasolina a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri, permitió al juez Mario Carroza someter a proceso a siete militares en retiro, entre ellos, los oficiales Julio Castañer e Iván Figueroa.

Al crudo testimonio y su impacto en la opinión pública, se sumó en los últimos días  la muerte de Manuel Contreras, jefe de la policía represora de la dictadura, y el suicidio -el jueves 13- del ex jefe de la Dine, Hernán Ramírez Rurange, condenado a 20 años de cárcel por el caso del asesinato del ex químico de la Dina Eugenio Berríos.

Junto a esto, el viernes pasado ingresó al penal Punta Peuco el ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, uno de los hombres más cercanos al dictador Augusto Pinochet.

En este escenario, las presiones al Ejecutivo se reactivaron y hoy incluyen la exigencia de degradar a los uniformados procesados por violaciones a los Derechos Humanos  y el cierre inmediato del Penal Punta Peuco.

En una entrevista concedida a el desconcierto.cl, Carmen Gloria Quintana reveló que la presidenta Michelle Bachelet comprometió el cierre de ese penal para septiembre próximo y consideró “vergonzoso” que Contreras haya muerto con estatus de general.

“Es una vergüenza no sólo para nuestro país, sino también para las Fuerzas Armadas, que aún encubren a los asesinos y no han dado pruebas de limpieza frente a la democracia”, dijo la psicóloga y activista chilena.

Según un balance oficial del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, dado a conocer en diciembre de 2014, en Chile hay 1.045 causas abiertas por delitos cometidos durante la dictadura y sólo 281 ex agentes represores están condenados.

En Argentina, en cambio, a la fecha hay 2.643 acusados por delitos humanitarios, 416 causas activas y 140 juicios finalizados con 589 condenados.