El 2 de febrero de 2010, durante las últimas semanas del primer gobierno de Michelle Bachelet, se creó a través del Decreto Supremo N°7 del Ministerio de Bienes Nacionales el Parque Nacional Salar del Huasco, ubicado en la Región de Tarapacá.

La creación del parque, resultado de la presión de diversas organizaciones por la conservación y comunidades de la zona, buscaba proteger un área rica en ecosistemas altoandinos y presencia de formaciones vegetales poco representadas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

En diciembre de 2014, sin embargo, el actual gobierno de Michelle Bachelet derogó el decreto, provocando a juicio de numerosas organizaciones ambientalistas "un retroceso evidente en la protección de nuestro patrimonio natural" y dejando de manifiesto "la liviandad con que las autoridades se ocupan de la conservación del patrimonio natural en Chile".

A través de una declaración pública organizaciones como Terram, Ecosistemas, Greenpeace Chile y el Instituto de Ecología Política, entre otros, acusaron que esta "decisión administrativa va en contra del respeto a las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por nuestro país como la Convención de Washington para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América así como también el Convenio de Diversidad Biológica".

Los firmantes, si bien reconocen que en octubre de 2010 miembros de la Asociación Indígena Aymara Laguna del Huasco solicitaron la invalidación del decreto por estimar que no respetaba lo ordenado por el artículo 6° del Convenio N° 169, aseguraron que la Contraloría General de la República ordenó en enero 2014 regularizar el Decreto N° 7  de 2010". Pese a ello, denuncian, "no se trabajó en mejorar" el decreto sino que se optó por derogarlo dejando en "desprotección" la zona.

"Estamos en presencia de una Presidenta que (...) decide desafectar la zona que primeramente procuró proteger, lo que sin lugar a dudas pone en manifiesto la falta de seriedad en el proceso y el compromiso del gobierno de velar por el resguardo de la biodiversidad en nuestro territorio", acusaron. "Es más, pareciera que al gobierno le resulta molesto cumplir con lo comprometido en convenios y tratados internacionales, esto es la consulta indígena y la desafectación por ley como lo mandata la Convención de Washington"

Suscribieron la declaración CODEFF, Conservación Marina, Ecosistemas, Ética en los Bosques, Fundación Pumalin, Fundación Sociedades Sustentables, Fundación Terram, Fundación Yendegaia, Futaleufú Riverkeeper, Geute Conservación Sur, Greenpeace Chile, Instituto de Ecología Política, Jardín Botánico Chagual, Parques para Chile, Sociedad Botánica de Chile, Observatorio Ciudadano, Orca Chile, Vía Ambiental, Yaqu Pacha y Eduardo Fuentes, consultor en biodiversidad.