Tras una semana de intensas manifestaciones, la ciudad de Baltimore, ubicada en el Estado de Maryland, decidió suspender el toque de queda que había decretado la semana pasada, en medio de violentos disturbios y saqueos tras la muerte de Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años que falleció el pasado 19 de abril al sufrir lesiones graves en su cervical cuando era trasladado por la policía.

La decisión de rescindir el toque de queda la adoptó la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, quien a través de Twitter informó este domingo de su determinación. "Con efecto inmediato, he rescindido mi orden instituyendo el toque de queda en toda la ciudad", comunicó a través de la red social.

Poco después el gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció que comenzó el retiro de unos 3.000 efectivos de la Guardia Nacional que fueron desplegados para reforzar la seguridad en la ciudad portuaria. "Los camiones se van esta mañana pero todo esto va a llevar un poco de tiempo", dijo a la prensa local, según consigna Univisión Noticias.

La medida que restringía el libre tránsito de personas desde las 22:00 hasta las 05:00, había sido adoptada por las autoridades tras el funeral de Gray el pasado lunes, fecha en la que los disturbios se concentraron en el barrio de Modawmin, lugar donde fue detenido el joven fallecido.

El recuento inicial hecho por las autoridades arrojó que durante los 6 días en que se aplicó el toque de queda, se registraron 486 detenciones, 46 de ellas durante la última noche y un total de 113 oficiales resultaron heridos en diversas protestas, aunque no se indicó de la gravedad de sus lesiones.

En tanto, la investigación judicial por la muerte de Gray avanza tras la decisión del pasado viernes de la fiscal de Maryland, Marilyn Mosby, de imputar a seis policías por diversos delitos, entre ellos asesinato en segundo grado. La familia de la víctima y la comunidad de Baltimore celebraron la decisión.

La fiscal indicó que Gray no debió ser arrestado y que no había cometido ningún crimen. Pero el sindicato de policías, que defendió a los imputados, condenó la decisión como un "indignante y apresurado juicio".