Habiendo pasado más de dos décadas de gobiernos civiles, recién la semana pasada se derogó -a raíz de las movilizaciones estudiantiles de años y sin estar contemplado en el programa del actual gobierno- el “DFL2” decreto que impedía la participación de estudiantes y funcionarios/as.

Hasta el 2006, ninguna universidad había cambiado los estatutos heredados de la dictadura, siendo la Universidad de Chile la primera y hasta ahora la única en hacerlo. El proyecto durmió casi una década antes de recibir respuesta del gobierno. Misma situación sucede hoy en los casos de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santiago que aún no ven luz verde a sus determinaciones de cambios de estatutos. Este modelo de educación ha buscado evadir y evitar los procesos de transformación universitaria, respondiendo a paso lento y burocrático a aquellos cambios emanados del diálogo comunitario. Pero esto no sólo se explica por el funcionamiento burocrático del aparato estatal, sino que también devela el retroceso que significa para este modelo avanzar en democratizar sus estructuras y hacer de nuestras casas de estudios lugares donde las definiciones emanen no sólo de la autoridad académica de turno sino de la confluencia de aquellos ideales, aspiraciones y proyectos que tienen sus diversos actores.

Sin embargo y a pesar de los anterior, la Universidad de Chile hoy se plantea dar un importante paso: a mediados de 2014 el Senado Universitario aprobó una propuesta de Reforma de Estatutos, en primera instancia ésta debía ser refrendada en un proceso de consulta a la comunidad, sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémicas y al poco andar de hecha pública la propuesta surgieron reacciones exigiendo mayor participación en el proceso de discusión de la misma. Por ello y en una nueva definición el Senado abrió las puertas al debate, determinando para este 2015 las etapas de discusión local, encuentro universitario y referéndum donde la comunidad toda podrá definir el rumbo de sus Estatutos.

Durante los meses venideros se abren importantes desafíos. La propuesta actual del Senado ya da luces respecto de: la elección triestamental de las autoridades unipersonales, el derecho a voto de los gremios en el consejo universitario, la posibilidad de que la Universidad confiera títulos técnicos, las modificaciones al proceso de aprobación del presupuesto universitario, la regulación a la creación de fundaciones, la supresión de los quorum supramoyoritarios, entre otras, pero el debate no está cerrado, por delante está la posibilidad de incluir aquellas temáticas que buscan hacer de la Chile una universidad realmente pública y un referente para el modelo de educación superior en el país, allí la orientación de nuestras disciplinas, las condiciones laborales de nuestras/os trabajadores, las disparidades sexuales y las desigualdades a raíz del autofinanciamiento también pueden tomar espacio.

Reformar los estatutos no puede ser entendido como un mero cambio legal, sino como un paso trascendental y prioritario donde podremos repensar el quehacer de nuestra casa de estudios y tendremos la posibilidad de referenciar las bases para un cambio radical en el modo de entender la universidad y la educación.