Difícil ha sido la elaboración del mecanismo para financiar la prometida gratuidad universal de la educación superior. Del 3% del PIB que se espera recaude la reforma tributaria, el 2% será destinado a costear la reforma educacional. De esos recursos, el Mineduc quiere destinar el 30% a la gratuidad de la educación superior, pero su actual propuesta cuesta el 50%.

En consecuencia, según La Tercera, el reducido grupo de expertos que trabaja en el tema para el Mineduc ha debido explorar otras alternativas. La primera dimensión, como ya había anunciado en 2014 el ministro Eyzaguirre, es que la implementación de la gratuidad será gradual y alcanzará durante el gobierno de Bachelet sólo al 70% más vulnerable. La segunda es que se estudie gratis pero al trabajar lo costeado se devuelva a través de un impuesto asociado a la renta.

De esta forma, el financiamiento de la prometida gratuidad seguirá proviniendo de los estudiantes, pero ahora no a través de un cobro directo sino diferido y bajo la forma de un impuesto a los graduados. El mecanismo que se estaría barajando en el Mineduc contemplaría limitar el cobro del impuesto a una determinada cantidad de años y afectaría a los profesionales de más altas remuneraciones.

La propuesta no sería del todo bienvenida en el ministerio, porque si bien soluciona el problema del déficit presupuestario, pone a prueba la coherencia del mensaje presidencial a favor de la gratuidad como derecho. En términos estrictos, la fuente de los recursos seguirán siendo los estudiantes, de manera muy similar al crédito contingente al ingreso con el que opera el Crédito con Aval del Estado (CAE). La única diferencia del el impuesto, es que a diferencia del crédito lo descontaría el sistema tributario y no una empresa recaudadora.

Desde el Gobierno sostienen que la propuesta contempla también un arancel basal que permitirá homogenizar el costo de todas las carreras para el Estado, sin importar el plantel que las ofrezca. Los planteles de educación superior, además, serán estratificados según sus grados de acreditación y capacidad investigativa. Las instituciones con bajo estándar también recibirán recursos estatales, pero condicionados a convenios de desempeño.

También incidirían en los montos entregados a las instituciones la calidad de su enseñanza y la participación en su matrícula de estudiantes de zonas extremas y mayor vulnerabilidad social.

Otros requisitos para recibir recursos estatales son la renuncia al afán de lucro por parte de los centros de formación técnica e institutos profesionales y el sometimiento de las universidades, que según la ley no pueden lucrar, a la Superintendencia, cuya fiscalización contemplaría prohibir los contratos con entidades relacionadas.