Las relaciones entre las organizaciones sociales del mundo educacional y el Ministerio de Educación sólo parecen empeorar. A la convocatoria a marcha nacional para el 16 de abril realizada por la Confech el fin de semana pasado, se sumaron el Colegio de Profesores y la Cones, llamando a jornada de reflexión para este viernes y paro nacional para el 9 de abril.

“Si no hay participación, si no hay movilización, si no hay un plan para impulsar los cambios, esta reforma corre un serio peligro”, aseguró al presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo (PC), en conferencia de prensa realizada junto a la Cones, luego de reunirse con el Mineduc para revisar los avances de la política nacional docente.

En una manifestación de la Confech frente a La Moneda mientras sesionaba el Consejo Anticorrupción, la presidenta de la FECH Valentina Saavedra (IA) advirtió que la reforma educacional “se está legislando con políticos que están involucrados en los casos judiciales”, añadiendo que la “corrupción política en Chile no se va a solucionar con más consejos de expertos, sino que ampliando la democracia”.

El vocero de la Cones Ricardo Paredes (JJCC), en tanto, demandó que el proyecto de desmunicipalización incluya a los consejos escolares resolutivos y señaló que el Mineduc “ofrece participación y diálogo, pero al final vamos teniendo espacios muy reducidos”.

Los actores sociales del movimiento por la educación coinciden en considerar insuficientes las mesas técnicas y bilaterales establecidas por la cartera dirigida por Nicolás Eyzaguirre. En línea con la exigencia de la Confech de un espacio amplio para discutir el conjunto de la reforma y sus principios, Valentina Saavedra aseguró que "el Mineduc muestra poca disposición a abrir espacio amplio con distintos actores. Con reuniones parceladas es difícil construir una reforma estructural".

Aunque con énfasis distintos, el conjunto de la agenda educacional es puesta en cuestión por el movimiento social por la educación: los mecanismos de participación, la política docente y la educación pública, así como también las implicancias de los casos de corrupción en la tramitación de la reforma.