El 22 de marzo se conmemoró el día mundial del agua, pero ¿qué se puede decir al respecto? Si Chile, sus habitantes y ecosistemas sufren una dura sequía que se prolonga por más de seis años en algunas regiones del país y en el Parlamento se discute una modificación al Código de Aguas, que a todas luces es insuficiente para hacer frente a lo que estamos viviendo.

Como en tantos temas que aquejan a este país nos encontramos con” Chiles” muy distintos, por una parte las organizaciones locales han convocado a marchas en varias ciudades bajo el lema “mientras más se mojan, más nos secan”, por otra y en el marco de la Water Week  Latinoamerica 2015 o semana del agua (para decirlo en nuestro idioma), convocan a la caminata mundial por el agua, ¿Por qué y para qué? No se sabe muy bien, lo que sí se sabe es que está auspiciada o patrocinada por varias empresas ligadas al rubro hídrico.  Sin embargo y a pesar de todos los reparos que me provoca esta segunda convocatoria, podría encontrarle algo interesante, pues de una forma bastante siútica y desligada de la realidad de la mayoría de las personas está tratando de generar conciencia sobre un bien común cada día más escaso.

Y ese es el tema, el agua es un bien común que no debe ser transado como mercancía, pero en nuestro país eso es algo extremadamente difícil, pues todo se vende o compra, claro está que con reglas que sólo conocen algunos. Pues si volvemos a las convocatorias de movilización para estos días, es evidente que el Estado es el gran ausente. Esto ya ha pasado a constituir parte del paisaje cuando se trata de temas ambientales, el Estado nunca está y cuando lo hace claramente no es para equilibrar la cancha y que todas las personas comunidades o empresas tengan los mismos derechos.

La situación hídrica de Chile es dramática y las cifras indican que puede ser peor, esto pareciera no tener ninguna importancia para los tomadores de decisiones. Aunque parezca slogan hoy más que nunca resulta urgente generar un amplio debate público sobre la situación de las aguas en Chile, tanto en términos de propiedad como de instrumentos de gestión, que aborde los problemas presentes, pero que también busque soluciones de mediano y largo plazo en relación al agua, dando garantías a la población. Pero de las autoridades parece que no están disponibles para cautelar un bien común como son las aguas, pues de ellas poco o nada se sabe. Por una parte, el Delegado Presidencial del Agua y su Informe presidencial al parecer  ya forman parte de la historia de informes inconducentes y además desconocidos. Por su parte, la DGA juega su rol al lado de los grandes empresarios y el Director General da entrevistas por la prensa señalando que la “futura ley de glaciares no paralizará las inversiones mineras”, situación que no ha sido desmentida por otros ministerios como Medio Ambiente o Agricultura. Peor mientras las autoridades eluden el tema, Chile se seca, la gente sufre la falta de agua y los dirigentes sociales  enfrentan situaciones límites. La pregunta es ¿hasta cuándo?

Pues por si usted no lo sabía, Chile tiene un régimen de derechos (propiedad) de agua bastante suis generis, por decir algo suave, además de que el Estado no tiene capacidad de generar información pública transparente y confiable, de  gestionar las aguas, de frenar la usurpación, pero lo que es peor aun no tiene voluntad para hacerlo. Prueba de ello es que carecemos como país de información actualizada y sistematizada que permita tomar decisiones, todo esto no debería ser excusa para no actuar, si hay voluntad política de hacerlo. Actualmente sólo se opera por emergencia, es decir, cuando se decreta una zona de escasez hídrica, en cuyo caso se gatillan ciertas acciones. Pero realmente los habitantes de Chile merecen vivir de esta forma, recibiendo ayuda del Estado cuando ya no pueden más,  ayuda que muchas veces no llega y otras llega tarde y mal.

Esto se torna más grave si consideramos que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano y como tal el Estado debe resguardar este derecho. Derecho que es vulnerado cuando las personas tienen que vivir en situaciones indignas, tal como señala el Informe de Observación del  Instituto de Derechos Humanos respecto de la Provincia de Petorca, donde se señala: “ La situación descrita vulnera el derecho de acceso al agua, en condiciones de igualdad y no discriminación, en la medida en que sectores de la población tienen que abastecerse de agua por camiones aljibes, con grandes dudas acerca de la calidad de las mismas y que los pequeños propietarios agrícolas no acceden al recurso para sus cultivos, comprometiendo sus economías locales y sus formas de vida, y afectándose con ello su derecho a la alimentación adecuada.” Es más el Informe cierra diciendo “El INDH requiere a los órganos estatales encargados de la política hídrica a cumplir con la obligación de garantizar el derecho humano al agua, priorizando la función de consumo humano por sobre su función productiva.” Sin embargo, no pasa nada y todo sigue igual y los habitantes de zonas como estas se sienten desprotegidos y lo que es peor discriminados.