El 22 de marzo se conmemora el día internacional del Agua declarado por la ONU en 1993, producto de una propuesta nacida en la conferencia de Río de Janeiro sobre ambiente y desarrollo realizada en 1992. Este día pretende llamar la atención a los Estados miembros para ejecutar acciones con respecto al agua, difundiendo a su vez su importancia (aunque parezca de perogrullo) tanto para las personas como para los ecosistemas.

Parece importante entonces generar una reflexión a nivel país que permita llevar a cabo políticas efectivas para asegurar, ante todo, la calidad y distribución del agua para consumo humano, la cual, al menos por convención moral, debiese ser la prioridad.

Chile, con uno de los sistemas de privatización de agua más profundos del mundo, dista mucho de avanzar hacia tal objetivo. Con un país cuya disponibilidad de agua es de 53.000 m3/persona/año de “escorrentía superficial”, esto es, el volumen superficial de aguas procedente de las lluvias que escurre por cauces superficiales y subterráneos, pareciera ser un panorama ideal frente a la disponibilidad considerada internacionalmente como umbral para el desarrollo sostenible de acuerdo al Banco Mundial (2.000 m3/persona/año).

Sin embargo estas cifras son solo un promedio. Al considerar la naturaleza propia de nuestra geografía, tenemos una disponibilidad de 800m3/persona/año de Santiago al norte comparado con los 10.000 m3/persona/año hacia el sur.
Esto obliga a gestionar el uso del agua de una manera más eficiente en el norte de nuestro país. No obstante, bajo el código de aguas instaurado por la dictadura militar en 1981, difícilmente se puede realizar una gestión cuando se tienen derechos de agua otorgados a perpetuidad en su mayoría, sin ningún artículo que permita priorizar el consumo humano por sobre cualquier otra actividad.

No resulta increíble entonces pensar que existan comunidades enteras luchando por la disponibilidad de agua. El caso más contingente es Caimanes, pequeño poblado que resulta un dolor de cabeza para el magnate Luksic (58° en el ranking Forbes de familias ricas del mundo). Esta localidad lucha por una simple causa: tener de vuelta el cauce natural del estero el Pupío para seguir realizando sus actividades agrícolas locales y contar con un agua realmente pura y sin contaminación, esto incluye la presencia de metales.

Cristián Flores, vocero del movimiento de Caimanes, ha declarado que el tranque incluso eliminó por completo las aguas superficiales, debiendo aumentar a su vez la profundidad de los pozos al no recargarse con estas aguas, agravando la situación de disponibilidad en la zona.

Ahondando la crisis del agua en Chile, resulta increíble pensar que en Chiloé, cuyo promedio de precipitaciones es de alrededor de 3.000 mm anuales, vemos cómo hoy es indispensable la acción de las municipalidades para abastecer de agua con camiones aljibes a los diferentes poblados rurales, los cuales ya no cuentan con agua de pozos.

Es esencial entonces realizar cambios profundos a la institucionalidad del agua. Un código de aguas perverso como el que tenemos hoy no permitirá terminar con estos conflictos, por muchos cambios cosméticos que se hagan. El desafío es aún mayor cuando se toma en cuenta el cambio climático, un escenario que agrega incertidumbre a la real disponibilidad de agua que tendrá el país en el futuro.

Es necesario tomar el mensaje que intenta reivindicar el día mundial del agua y comenzar a generar presiones al sistema político para elaborar reformas profundas, que ante todo, deben priorizar un solo uso, el consumo humano.

* Matías Guerrero es Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile