A partir de 2011, el movimiento estudiantil y sus rostros anónimos se constituyen como uno de los últimos bastiones de la ética política en Chile, desaparecida en medio de las truculentas dinámicas de las dos coaliciones hegemónicas de la postdictadura.

Sin embargo, durante el 2015, dicho referente parece haber desaparecido de la esfera pública y mediática después de años de desgaste y nuevas promesas del Ejecutivo, justo cuando los hallazgos del caso Penta y Caval, en paralelo, dictan cátedra sobre el funcionamiento y quehacer de la política chilena.

Sin embargo, siguen ahí. Organizándose y siguiendo de cerca los detalles de la nueva temporada de desprestigio del mundo político, cuyos detalles, impactantes para el resto del país, no parecen haberlos tomado por sorpresa. Más bien todo lo contrario: en sus declaraciones y puntos de vista sobre el tema, se evidencia una concepción común y ya trabajada respecto de la hegemonía del empresariado sobre la política.

Esta semana se inició con la manifestación de cerca de 30 estudiantes vinculados a la Unión Nacional Estudiantil (UNE) frente a la sede nacional de la UDI. La petición de los jóvenes es explícita y no da lugar a interpretaciones: los parlamentarios del caso Penta deben renunciar a sus escaños en el Parlamento.

Dicha iniciativa recordó aquellos días en que los estudiantes alzaban la voz para opinar sobre el acontecer político en general. Hoy, más anónimos que en años anteriores, también tienen mucho que decir sobre Penta y Caval.

 

La colonización de los empresarios

Las generaciones que integran, desde 2011, el movimiento estudiantil, parecen haber forjado su aprendizaje político en episodios no tan distintos a lo que aprecia el país en los casos Penta y Caval.

Así lo expresa José Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado: "Aquí hay un fenómeno que es claro y que se viene evidenciando hace más de 20 años. Se ha configurado una clase política que elabora políticas públicas, usando el aparato estatal y con todo un marco jurídico que lo defiende, en pos de la defensa de los intereses del empresario, más allá de la voluntad de las mayorías".

Para Martínez y sus compañeros, los hechos que hoy son examinados a la luz pública hablan de una consolidación democrática no concluida, ni siquiera a más de dos décadas del término de la dictadura. Hoy, señala, hay mecanismos de perfeccionamiento de mercado sobre los derechos sociales que, además, son impulsados por las dos coaliciones políticas más importantes.

"Es bueno preguntarse quiénes están tomando hoy las decisiones por el país, y más particularmente, cuáles son los intereses que se están representando", reflexiona Jorge Rauld, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. "La vieja política legisla en beneficio de sectores económicos", añade.

El desprestigio de la clase política es algo que las generaciones del movimiento estudiantil han vivido en carne propia y, más allá de Penta y Caval, tiene su origen en un asunto de fondo, tal como reconoce Valentina Saavedra, presidenta de la FECh: "Estos casos son la punta del iceberg de un gran problema, que es la vinculación que existe entre el empresario y la política actualmente. La colonización que existe desde el grupo empresarial hacia la política incluso se da en ámbitos legales, ya sea a través de financiamiento o influencia".

Los conflictos de interés que amenazan la reforma

Durante el 2015, la reforma educacional vivirá momentos claves en el Parlamento y fuera de sus salas. Por ello, los estudiantes ponen especial énfasis en que el proceso legislativo no puede estar manchado por los diversos cuestionamientos que hoy alcanzan los escaños de parlamentarios que integran, incluso, las comisiones de educación. A su vez, levantan sus sospechas sobre Luksic y su relación con la Nueva Mayoría.

Así, entre las filas del movimiento estudiantil parece haber consenso en que el proceso judicial de Penta debe terminar con la renuncia de los parlamentarios involucrados por el financiamiento de sus campañas, además de las penas que dicte la propia justicia.

"Si bien la prisión preventiva es un avance, y demuestra que al fin la sociedad civil ha permitido, que estos fenómenos de corrupción se develen, sí es necesario avanzar en prisión efectiva y que se inhabilite y renuncien aquellos miembros parlamentarios involucrados en este proceso de corrupción. Me refiero a Von Baer, Mussy y Moreira", argumentó Ramírez. "¿Con qué cara ellos van a legislar sobre ese proceso tan importante teniendo este tipo de antecedentes?", agregó.

Rauld, de la FEPUCV, aporta un nuevo argumento: "No puede ser que tengamos al presidente de la comisión de educación del Senado cuestionado por Soquimich" (en referencia al senador Fulvio Rossi) y apunta sus dardos hacia Nicolás Eyzaguirre y su relación con el grupo Luksic. Durante más de un año, el titular de educación se desempeñó como presidente del directorio de Canal 13, señal controlada por Andrónico Luksic.

"Si el ministro Eyzaguirre es una persona que estuvo en los cargos de confianza de los Luksic también, como ex director de Canal 13, también lo vimos trabajando en la reforma tributaria y no nos parece raro ver cómo esa reforma se cocinó a puertas cerradas. Lo que queda de lección es que la vieja política de acuerdos no da abasto para solucionar la reforma educacional. Esta se debe resolver en un acuerdo amplio y democrático", señaló.

Juan Carlos Caiceo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte, recordó el impacto que vive la comunidad de Antofagasta ante los vínculos de Luksic con el Ejecutivo, más aún considerando la contaminación que sufren diariamente a causa de sus empresas en la zona. Además, señaló que la renuncia por parte de los parlamentarios vinculados a Penta es lo mínimo: "Si en la federación yo hago mal mi trabajo y hago trampa, me tengo que ir. Lo mismo pasa en todos los trabajos, así que eso es lo que deberían hacer ellos: renunciar".

El rol de los estudiantes ante el desprestigio político

Para nadie, al interior del movimiento estudiantil, es un secreto que este año debe ser ser enfrentado con suma actividad y energía. La coyuntura política, sin embargo, llegó nuevamente a agudizar la desconfianza que hoy existe desde el mundo social hacia los cambios impulsados por la Nueva Mayoría, especialmente, de una de sus patas más complejas: la reforma educacional.

La primera etapa de su discusión en el Parlamento fue una desilusión para los estudiantes. Los puntos vinculado a la selección, el copago y el fin al lucro fueron discutidos a kilómetros del movimiento social y de los actores que defendieron dichas demandas en la calle. Hoy, no quieren que el nuevo proceso que enfrenta la reforma repita la misma historia.

"Nos estamos jugando la salida del conflicto educacional, no podemos permitir que ocurra lo mismo de 2014. Se tramitó de espalda a la mayoría social y dándole una salida que consolida y perfecciona el marcado. Debemos, ojalá, salir a las calles y movilizarnos para influir en la agenda legislativa. Ojalá tengamos movilizaciones y una agenda mucho más intensa", enfatizó el presidente de la FEUAH.

Desde la Fepucv, Jorge Rauld apunta más allá: "Tenemos la necesidad de entregarle humanidad al país. Cuando vemos que la política se resuelve en intereses, hay que saber levantar una alternativa a esto y en eso estamos".

La presidenta de la FECh, por su parte, señala que ve con cierto temor cuál será el resultado final de la reforma, más aún considerando que al interior de la misma discusión, existen personas hoy cuestionadas por sus vínculos con Penta o Luksic. En este contexto, parece más necesaria que nunca considerar la demanda no escuchada que exige la incorporación de actores sociales al debate.

"Somos los únicos que podemos garantizar un diálogo transparente", sentencia Saavedra. "Es necesario que todos nos involucremos en la exigencia de más democracia y transparencia en las reformas".