El pasado miércoles 4 de marzo, los ministros Pablo Badenier (Medio Ambiente) y Ximena Rincón (Secretaría General de la Presidencia) firmaron un protocolo de acuerdo con un grupo de parlamentarios para dictar una ley de protección a los glaciares. Fue, según el Gobierno, un paso más en el camino abierto por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que llevaba meses trabajando en un proyecto sobre la materia.

El protocolo reconoce a los glaciares, en tanto reservas de agua dulce y proveedores de servicios eco sistémicos, como bienes de uso público y prohíbe la existencia de derechos de agua sobre ellos. Pero restringe la actividad minera sólo sobre glaciares que se encuentren en parques nacionales, disposición que abrió un flanco de críticas entre quienes han impulsado la legislación desde la sociedad civil.

Para Matías Asun, director de Greenpeace Chile, las insuficiencias del protocolo que aspira a ser ley no son menores. Toda vez que, subraya, "Chile tiene el récord mundial de destrucción de glaciares, en la zona central de Santiago a manos de Codelco y Anglo American. Ni la caída de la URSS generó una desprotección de activos ambientales tan relevantes".

El impulsor de la iniciativa República Glaciar, responsable en gran medida de articular la demanda por una legislación que proteja a los glaciares, es crítico del lugar en que el acuerdo deja al Parlamento. "Le amarra las manos a los diputados para no poder legislar sobre el problema de fondo, que es que la minería destruye glaciares", señala.

¿Cómo evalúan el protocolo de acuerdo para una Ley de Glaciares firmado por el Gobierno y algunos parlamentarios la semana pasada?

El protocolo de acuerdo es bastante claro. Evita legislar respecto de qué glaciares quedarían finalmente protegidos en la zona centro-norte del país porque evita definir qué glaciares son relevantes. El protocolo no establece definiciones de glaciares, tipos de glaciares ni entorno glaciar, mencionando para aquellos que no están en parques (nacionales) solamente ‘conductas’ prohibidas. Cuáles son esas conductas, es algo que queda para la interpretación.

¿Cuán significativa es la cláusula que prohíbe la intervención de glaciares ubicados en parques nacionales?

Chile tiene 18 mil kilómetros cuadrados de superficie glaciar ubicada en parques nacionales, todos ellos en el sur del país. Pero hay 5 mil kilómetros cuadrados de glaciares de los más diversos tipos ubicados en la zona de expansión de la minería de las próximas décadas. En el glaciar Parque Nacional Lauca, región de Arica, hay 13 kms cuadrados de glaciar protegido; en la de Tarapacá hay 0,8 en el Parque Nacional Volcán Isluga; y en la de Antofagasta 0,9 en el parque Llullaillaco. Luego te saltas al Bío Bío. Es decir, a priori, no hay un centímetro cuadrado de glaciar protegido entre las regiones tercera y séptima. Lo más grave es que estos 5 mil km cuadrados en los cuales no habría protección pasan al servicio de evaluación de ambiental y no se compromete ningún tipo de reforma que evite que se mitiguen los efectos de la intervención directa sobre el glaciar o su entorno.

¿Radica solamente allí el problema del protocolo?

La información sobre la relevancia de los glaciares históricamente la han levantado los glaciólogos de la minería. Pascua Lama, recordemos, alguna vez tuvo glaciólogos que señalaron que los glaciares del Valle del Huasco no eran hídricamente relevantes porque su aporte a las cuencas era marginal, cuestión que supone a lo menos relativizar la importancia histórica de los glaciares a las cuencas del país. Las empresas hoy cuentan con gigantescos recursos para levantar información respecto de la importancia real de los glaciares, no así los ciudadanos. El protocolo no garantiza que los ciudadanos vayan a poder contar con información independiente, transparente y oportuna para poder proteger los glaciares que son fundamentales para los ecosistemas en los cuales habitan y de los que, muchas veces, dependen sus actividades productivas.

¿Qué estimas que sí favorece el protocolo?

El protocolo de acuerdo está configurando una ley que es claramente insuficiente para proteger los glaciares y que es tremendamente favorable para la minería. Más aún, no he escuchado a ninguno de los mineros condenar el protocolo por restrictivo, por el contrario, les gustaría que se relativizaran todavía más algunas definiciones. El plan de gobierno hacia el 2035 supone generar condiciones favorables para la inversión de proyectos mineros de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, de Codelco, de Anglo American y de Barrick Gold, los más importantes del Consejo Minero.

La firma del acuerdo coincide con los esfuerzos de Barrick por revivir Pascua Lama, ¿ves una conexión entre ambos procesos?

Habría que preguntarle al ministro (de Medio Ambiente, Pablo Badenier, DC), que sostuvo una reunión con Cristina Bitar (socia de la empresa de comunicaciones que asesora a Barrick) y la gente de Pascua Lama, representada por Francisco Charlin (fiscal de la firma), en enero. Pero hay más. Un proyecto de ley que no garantiza la protección de glaciares, cuando el grupo Luksic ha dicho que Los Pelambres es la principal expansión minera de los próximos años con casi 30 mil millones de dólares en juego, es evidentemente un discurso a la medida de los intereses corporativos que quieren evitar discutir sobre el fondo del tema, que es que la minería destruye glaciares. Nosotros no vamos a parar hasta que esta cuestión se detenga.