A lo largo de nuestro angosto país denominado Chile, todos los ríos y acuíferos, fuentes de agua dulce de nuestros territorios, se encuentran amenazados. Paradójicamente uno de los significados del nombre “Chile” tiene su origen en la palabra en mapudungún CHILEUFU “País de los ríos eternos” y CHILEFCHE “Gente que protege los ríos eternos”[1] a propósito de los movimientos en el país por la defensa y recuperación del agua.

En Chile el agua es privada y en manos de grandes empresas transnacionales (99% derechos no consuntivos y 90% consuntivos) y de familias como Luksic, Matte y Angellini. Lamentablemente estamos en un sistema neoliberal donde lo económico está por sobre lo social y ambiental, agravado por un marco constitucional en que el estado es subsidiario y da las bases para la privatización y mercantilización de la naturaleza. Prácticamente la protección de la propiedad privada se eleva a garantía constitucional, los tratados de libre comercio amarran condiciones irreversibles y los convenios ambientales internacionales quedan en el papel y no se implementa prácticamente nada. Chile está inmerso en un modelo extractivista en que los recursos naturales están en manos de transnacionales y grandes grupos económicos, amparados por el estado y universidades, y las comunidades humanas quedan en segundo plano.

A pesar de que el acceso al recurso agua es un derecho humano básico, el modelo de gestión del agua en Chile está regido por el mercado, con una legislación que ha favorecido la concentración de su propiedad en el sector eléctrico, minero y agrícola exportador. Hay incluso otorgados más derechos de los que realmente existen en los cauces. Sumado a esto, es importante mencionar que los glaciares y las reservas de aguas no están protegidos por ningún cuerpo legal y se les permite a las empresas afectarlos y tampoco existen estudios serios del cambio de los niveles de aguas subterráneas, ni de su calidad.

Tanto en nuestro país, como en otros del mundo (ejemplo Sao Paulo[2]), la escasez del vital elemento se está volviendo un tema preocupante que ya moviliza a diversos sectores de la sociedad, donde factores como el mal manejo, el crecimiento demográfico, la contaminación y las consecuencias del cambio climático, han influido en que la disponibilidad del agua vaya en un permanente decrecimiento. Se siguen sumando territorios que tienen de forma permanente situaciones de sequia, que por prácticas actuales se ha visto empeorada. Además muchas comunidades no tienen acceso al agua en zonas en que incluso los ríos, esteros y vertientes corren por sus territorios. Por último, actualmente no existe un uso prioritario del agua y tampoco un manejo que incluya el medio ambiente, las comunidades, las empresas, ni las organizaciones de agua.

El agua, elemento indispensable para la vida, aún no se reconoce como derecho humano fundamental y tampoco su integridad con la tierra, la naturaleza y sus comunidades. El código de agua la separa de la tierra y la transforma en un bien de mercado donde cada gota de agua tiene dueño.

En Chile la colusión entre política y negocios adquiere un carácter dramático en muchos territorios donde los grandes exportadores de fruta, las mineras, forestales y las centrales hidroeléctricas han dejado sin agua a la población. “Para que esto cambie, hay que derogar el Código de Aguas del año ’81 y nacionalizar los recursos hídricos para que el agua sea considerada un derecho social para el buen vivir. El agua no se vende, el agua es vida. Los pueblos de Chile deben disponer del recurso hídrico para su desarrollo pleno, pero hoy en día vemos cómo hay comunidades que no tienen factibilidad hídrica para seguir existiendo. Esa agua es usurpada por empresarios coludidos con los poderes políticos y académicos, amparada en el espíritu privatizador que inspira la actual Constitución”[3].

 “Los conflictos socio ambientales producidos por las dificultades de acceso al agua para consumo humano y el desarrollo de las diversas actividades agrícolas e industriales van en un sostenido aumento en nuestro país[4]. De igual modo se ven afectadas la generación de servicios ambientales como la regulación y renovación del agua, la protección y conservación de la biodiversidad, la belleza escénica y recreación, que involucran un amplio sector social y económico nacional que impacta de manera importante en el área rural principalmente”[5].

Un hecho inédito, es el caso del proyecto AltoMaipo de la transnacional AesGener y el grupo Luksic, a nombre de Antofagasta Minerals, quienes, amparados por el gobierno, quieren construir un mega proyecto hidroeléctrico que impactaría irreversiblemente la cuenca del Río Maipo, y con ello las reservas de agua de toda la región metropolitana, para abastecer de energía a la minera los Pelambres en la cuarta región. Significaría el sacrificio de un territorio y una comunidad de 7 millones de habitantes para el beneficio de empresas nacionales y transnacionales.

Se requiere movilizar fuerzas en favor del agua, tanto para consumo humano como para preservar las diferentes especies que subsisten en los territorios. Algunas soluciones o cambios:

- Es necesario tener una ley de protección de glaciares que proteja las reservas de agua en estado sólido en Chile.

- Además se deben reasignar los derechos de acuerdo a la cantidad de agua que realmente hay en los cauces y determinar caudales hidrológicos ambientales diferentes para cada curso de agua y condición ambiental.

- Es imperante propiciar las mesas territoriales de diálogo sobre el agua, donde los múltiples actores puedas dialogar y el consenso no se concentre en las acciones o derechos de aguas, sino que cada actor u organización, que hace uso del agua, tenga un voto.

- Se debe estudiar de forma sistémica y local el cambio de los acuíferos y su recarga a partir de las napas subterráneas. Estos acuíferos hoy se encuentran en la misma categoría de las aguas superficiales, sin regulación suficiente y en manos de privados.

- Además se debe generar una norma de calidad para agua superficial y subterránea aplicada a los cauces y cuerpos naturales y su impacto sobre el medio ambiente, mejorando con ello la fiscalización.

- Para el caso de la sequia, se deben generar políticas generales para las zonas afectadas con este fenómeno y que se apliquen medidas para revertir la situación y no empeorarla.

- Y por último el estado debe garantizar el acceso al agua de las comunidades que viven en los valles alimentados los ríos de Chile. El ordenamiento territorial es clave, planificando procesos y no estados, y con ello hacer un manejo dinámico e integrado de las cuencas que permitan dar un uso sustentable del agua de modo que sea suficiente para los ecosistemas del territorio y su gente.

 

De esta forma, se declararía como principio básico y prioritario que el agua es un derecho humano fundamental que debe asegurar constitucionalmente la subsistencia humana, dejando los caudales necesarios para las recarga de los acuíferos y la supervivencia de las especies animales y vegetales que se sustentan en ella. Estos principios básicos debieran estar como base en un nuevo código de aguas.

La lucha por la liberación de los ríos y la recuperación del agua es luchar por la libertad de todo el pueblo y territorio chileno. Luchar por el agua es lo primero para iniciar el cambio sobre todas las injusticia que existen en este país. No se debe permitir seguir siendo un experimento neoliberal que claramente se les fue de las manos. Nada es justo en este país y no cambiará si seguimos así. Ríos Libres.

[1] Estudio de Humberto García: http://issuu.com/humbertodgb/docs/chileuf____la_inspiraci__n_bio__tic/1?e=5232796/7226444

[2] http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/29/actualidad/1422568602_158351.html

[3] http://www.elciudadano.cl/2015/01/20/140490/nacionalizar-los-recursos-hidricos-para-los-pueblos-de-chile/

[4] http://www.aguaquehasdebeber.cl/contenidos/mapa-de-conflictos-por-el-agua/

[5] http://eldesconcierto.cl/la-agenda-ciudadana-por-la-lucha-y-recuperacion-del-agua-en-chile/

 

*Miembro Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo