Ultimo lunes del 2014 y Michelle Bachelet firma el durante años esperado proyecto de ley que modifica el código laboral de Pinochet. “Con el paso que estamos dando Chile gana (…) pierde la confrontación, el desequilibrio y la inestabilidad”. Con estas palabras, la Presidenta describe el tono de una reforma cuya orientación busca, entre otras cosas, minimizar el conflicto en la negociación entre las partes, conflicto que alcanza su máxima agudeza durante el proceso de la Huelga. Mediante una serie de medidas se busca favorecer la mediación institucional y la salida pacífica, ampliando el alcance y las atribuciones de los sindicatos por un lado, pero quitando poder efectivo a la paralización de actividades como arma casi exclusiva de los trabajadores frente a una legislación que, durante décadas, ha funcionado a la medida de los dueños del capital. Como HuelgaChile, no podemos sino reparar en los aspectos de la reforma que, en la práctica, pueden llegar a significar una desvalorización de esta herramienta al momento de enfrentar una negociación, en la cual los trabajadores se encontrarán por defecto ante una situación de disparidad respecto al empleador.

Uno de los principales ítemes de la reforma apunta a simplificar el procedimiento de negociación colectiva reglada, dejando de manifiesto de modo no tan implícito que lo que se busca es, a toda costa, evitar una confrontación que eventualmente llevaría a la paralización de la producción. Un objetivo legítimo en el papel, no obstante, en la realidad de los hechos esta “simplificación” no traería consigo otra cosa que una judicialización del conflicto, que invariablemente terminaría por favorecer a la facción que disponga de más recursos, mejor asesoría legal y capacidad de aguantar el mayor tiempo. Mientras más grande la empresa, mayor el poder de resiliencia y mayores las posibilidades de sobreponerse de forma airosa a un proceso de negociación que, al final, no habrá sido más que un traspié, una simple anécdota mientras las trabajadores cargarían con todas las consecuencias que un proceso fallido  conlleva para ellos. No es ésta la única medida incluida en la reforma que atenta contra la práctica de la huelga; se incluyen modificaciones que aumentan las razones por las cuales un dirigente puede perder el fuero sindical, en nombre de “hacerse cargo de la necesidad de acotar la proliferación de malas prácticas que, finalmente, solo contribuyen a la debilitación de los sindicatos.”

Estas modificaciones sin embargo, abundan en ambigüedades que no podemos sino anticipar que podrían y serán utilizadas por las empresas para acusar a dirigentes y desestabilizar la negociación. Un ejemplo de ello es el agregado al artículo 290 que castiga a quien “ejerciere fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas con  ocasión del ejercicio de la actividad sindical”. ¿No es acaso fuerza física la paralización de la producción, o el bloqueo al acceso de las faenas? ¿No son estas acciones acaso una de las pocas acciones a las que los trabajadores tienen que recurrir cuando la intransigencia del empleador sobrepasa cualquier intento de dialogo? ¿Es ahora proferir un insulto, en el fragor de la manifestación, un abuso de fuerza moral sancionable con el desafuero sindical?

Y si de ambigüedad se trata, una de las modificaciones más criticadas tanto por dirigentes como expertos es la figura de los servicios mínimos en lugar del reemplazo de trabajadores en huelga. Existe consenso en que esta situación traspasa a los hombros de los trabajadores la responsabilidad de mantener la producción en circunstancias que la paralización de ésta es justamente el punto de lo que se trata una huelga.

Orgulloso miembro de la OCDE, para nadie es novedad que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, con estándares laborales muy por debajo del promedio de las demás naciones que componen dicha organización. Creemos firmemente en el trabajo como uno de los pilares fundamentales para la correcta redistribución del ingreso, así como la mejora en las relaciones y estabilidad de la sociedad en su conjunto que ésta conlleva. El actual proyecto de reforma laboral no obstante, apenas puede ser considerado como un paso adelante en la lucha de los trabajadores, y por cierto su aporte es escaso a la hora de superar la brecha de ingreso mantiene a Chile como un país donde se puede constatar la existencia de trabajadores de primera y segunda categoría.