Un nuevo paso dio esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código de Aguas, tramitación en que se han confrontado quienes defienden la figura de propiedad privada sobre las aguas y aquellos que postulan su recuperación como bienes públicos.

La discusión de fondo se dio esencialmente en el debate sobre las concesiones como derecho “real”, figura que dividió al pacto oficialista.  Los diputadas Yasna Provoste (DC), Cristina Girardi (PPD), Raúl Saldívar (PS), Gaspar Rivas (Ind.) y Luis Lemus (PS) rechazaron incorporar tal concepto.  Sin embargo Jorge Insunza (PPD) y Matías Walker (DC) se alinearon con los UDI Sergio Gahona y Andrea Molina, y con los RN Pedro Álvarez Salamanca y Jorge Rathgeb, logrando así establecer que la cesión del agua por parte del Estado a particulares quedara catalogada como un “derecho real”.

Para quienes se opusieron es este el corazón de la reforma,  pues es justamente el artículo 6º  del Código de Aguas vigente el que establece los derechos de agua como propiedad privada,  a perpetuidad y como una mercancía transable en el mercado.  Esto ha permitido su acaparamiento, mercantilización  y especulación para fines de lucro.

La diputada Cristina Girardi dio cuenta de la diferencia de interpretación que se dio al  concepto “real” relativo al derecho. “Muchos abogados plantean que es interpretable, y que a la hora de un juicio el peso de la palabra real está más relacionado  con la propiedad y el dominio”.

Coincidió con la parlamentaria su colega independiente y ex militante de Renovación Nacional Gaspar Rivas, quien explicó que la palabra “conlleva un sentido de propiedad respecto del derecho”, lo cual asociado a otros planteamiento de la oposición “significaba perder todo y hacía innecesario hacer una modificación al Código”.

En este sentido, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo insista en la eliminación de la acepción del Código.

Lo que sí se logró fue que los derechos se aprobarán como máximo por 30 años, condicionando su otorgamiento a “criterios de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento y/o del acuífero, según sea el caso”.

Pendiente de votación quedó la obligación del Estado de entregar las concesiones por un período mínimo.  Hasta ahora la Alianza, con el apoyo de Insunza y Walker, están proponiendo un piso de 20 años.  Para Girardi, esta sería “una obligación que me parece peligrosa, sobre todo cuando estamos en periodos de escasez de agua.  Si te obligan a entregar como mínimo 20 años, sería contradictorio con el espíritu del proyecto cuyo objetivo es que el Estado administre de mejor manera los recursos hídricos”.  En su opinión esta figura apunta a  privilegiar “a las hidroeléctricas y eso a mí no me parece”.

Sobre la discusión de otras modificaciones al artículo, el diputado Rivas señaló que “este es el eje central de las reformas, donde están colisionando las dos visiones que existen”.  Por una parte la que pretende preservar la mirada de la ley vigente, de tipo propietarista y privatizadora, y por la otra “la postura basada en una utilización solidaria del recurso hídrico y no en entenderlo como una propiedad privada con la cual se puede hacer cualquier cosa, incluso pasando por sobre los derechos fundamentales” puntualizó.

El presidente de la Comisión Luis Lemus destacó los avances de la votación en las ultimas semanas, donde “definimos el agua como bien nacional de uso público, como derecho humano, de interés público que permita limitar y otorgar los derechos, garantizamos el derecho al agua para la bebida humana y para la subsistencia, y las reservas de agua que puede hacer el Estado”.

Durante la votación de esta semana, la comisión también aprobó entregar, mientras tramitan sus solicitudes, hasta 12 litros por segundo a los comités y cooperativas de agua potable rural que lo soliciten, con fines de bebida y alcantarillado.

La discusión y votación de las reformas al Código de Aguas se suspendieron hasta la próxima sesión de la comisión, fijada para martes 27 de enero de 15:00 a 17:30 horas.  Luego pasará a Agricultura, para luego ser votado en por el pleno de la Cámara, y posteriormente trasladarse al Senado.