Una nueva dificultad sumó a su haber el proyecto hidroeléctrico HidroAysén bajo la administración Bachelet, tras darse a conocer que la Dirección General de Aguas (DGA) denegó parcialmente los derechos adicionales de agua que había solicitado a la autoridad, en un intento por adecuarse a los requerimientos hídricos que demandaban las cinco centrales planificadas originalmente por Endesa y Colbún en la región de Aysén.

Según informó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a El Mercurio, el organismo encargado de entregar los derechos de agua resolvió denegar los derechos de agua sobre los ríos Pascua y Baker. Sin embargo, el dictamen aún no ha sido emitido por la DGA, por lo que aún no se produce la notificación a la empresa.

“Denegamos derechos de agua en el río Baker y en el río Pascua por razones de caudal ecológico y por el Plan de Desarrollo Regional. Ello, sin perjuicio del programa de desarrollo energético que se está haciendo en la región, con participación ciudadana”, señaló Undurraga.

A pesar de ello, activistas del mundo medioambiental recibieron la noticia con cautelosa felicidad, pues según explican, los derechos de agua que ya tenía Endesa aún le permite a la empresa presentar el proyecto hidroeléctrico con modificaciones. Sin embargo, destacan que el dictamen de la DGA efectivamente protege el recurso de los ríos Baker y Pascua.

Así lo señaló a El Desconcierto el presidente de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego. “Es claro que con esto el proyecto HidroAysén se sigue hundiendo y  claramente durante este gobierno, políticamente, no iría. Sin duda que es una buena señal, pero hay que tomarlo con mucha cautela”, indicó el ecólogo.

Orrego  afirma que “en el fondo, HidroAysén presentó un proyecto para el cual no tenía los derechos de aguas tal y cual los necesitaba. Por eso estaban pidiendo derechos de aguas adicionales y hay que tener cuidado, porque lo que ha hecho la DGA es rechazar el 50% de los derechos de aguas adicionales que estaban solicitando”, aclaró.

A reglón seguido, Orrego detalló los riesgos que a su juicio siguen corriendo los ríos patagónicos. “Endesa sigue teniendo plenamente vigente derechos de aguas enormes en todos los ríos australes del país. En el río Baker tiene derechos que querían usar para la central ‘Baker 1’ por más de 1.000 m³/s, y eso sigue plenamente vigente, igual que los 700 m³/s que tiene más abajo, y los que tiene Aes Gener más cerca de la desembocadura en Tortel, que también están vigentes. Hay que tener cuidado, porque esos derechos están vivitos y coleando”, alertó.

Asimismo, el ecólogo aseguró que Endesa mantiene derechos de agua en ríos australes como Puelo, Futaleufú, Cisnes, Palena, Ibáñez, etc.

A todo lo anterior, Orrego agregó que aún falta una revisión acuciosa del decreto de la DGA. “Tenemos que mirar el decreto y ver si no hay letra chica, por si no hay alguna trampita. Hay que estudiar con lupa la resolución de este gobierno”, y ello sumó una última advertencia. “Ésta es una resolución administrativa, y puede ser revocada por un próximo gobierno”, indicó.

Por su parte, Macarena Soler, abogada del Consejo de Defensa de la Patagonia, destacó la resolución de la DGA ya que según su versión “los recursos hídricos adicionales que pidieron no existen en la práctica, no hay disponibilidad para otorgar ni siquiera una gota más, porque la cuenca está sobre-otorgada”.

Soler también reaccionó con cautela ante la noticia, y aseguró que “nos alegra que se reserve agua, porque es una cuenca sobre otorgada. Eso es una buena noticia, pero la cautela está porque tenemos que chequear el decreto, sobre todo si la parte de agua que efectivamente se le otorgó a HidroAysén le permite o no operar. Ese análisis técnico está pendiente”, indicó.

Además, asegura que si la cesión del 50% de los derechos de aguas adicionales se hizo amparada en la resolución 1.800 -dictada bajo el gobierno de Sebastián Piñera y considerada ilegal por los detractores del proyecto-, apelarán de todas formas. “Es una fórmula que agrava la situación de todas las cuencas hidroeléctricas, porque le permite a las grandes empresas capturar el territorio, con grandes derechos de aprovechamiento de agua, y durante muchos años.

Soler fue más escéptica y afirmó que “no está del todo claro” un portazo definitivo al proyecto.

Además, adelantó que como Consejo de Defensa de la Patagonia se mantendrán atentos a la posible apelación de HidroAysén al dictamen de la DGA, que puede producirse dentro de los 30 días posteriores a la notificación.