Para un país, a lo menos razonable, es ya “incomodo” que debido a un modelo de desarrollo extractivista basado en un régimen neoliberal existan zonas en el territorio nacional donde los derechos humanos, los derechos de las personas, de todos y todas, sean prácticamente suprimidos en pos del desarrollo de la industria.

En un país razonable, declarar zonas saturadas de contaminación significaría a lo menos no aumentar la carga industrial de estos territorios. En un país un paso más allá de la razonabilidad, la declaración de zona saturada de contaminación significaría el desarrollo de medidas efectivas de descontaminación, programas de monitoreo permanente y de atención de salud especial para sus habitantes, elaboración de políticas urbanísticas distintas, control y fiscalización del funcionamiento industrial, fortalecimiento de las áreas verdes o aumento de éstas, políticas especiales de conservación de especies, entre otros.

Pero no vivimos en un país razonable. Son cuatro años consecutivos en los que he sido parte de la elaboración del Balance Ambiental de Fundación Terram y en estos cuatro ejemplares hemos señalado como crítica e insostenible la situación de vulneración de derechos en la que - por lo bajo- cientos de miles de personas viven, debido a que habitan en zonas sacrificadas ambientalmente. Cada año hemos denunciado especialmente la negligencia con que el Estado de Chile ha tratado a los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero. Declarada zona saturada en 1992, la Bahía de Quintero no ha tenido la ocupación oportuna de las autoridades correspondientes durante al menos 22 años. Todo lo contrario, la situación de contaminación ha ido empeorando con el aumento del parque industrial que allí existe. Con un tono bastante chantajista se ha abordado el problema, ante la exigencia de la comunidad de una mejor situación, a partir de las falsas contradicciones entre contaminación o trabajo, salud o progreso, energía eléctrica o pesca artesanal, poniendo a la comunidad en la situación de tener que optar entre sus derechos o “el bien del país” avalando la existencia personas de primera y segunda categoría. En un país razonable esto sería ilegal, denunciable y con mecanismos establecidos de resarcimiento.

En Chile, como en muchos lados, deben suceder situaciones extremas como para comenzar a observar el problema. En el caso de Puchuncaví y Quintero, tuvo que suceder la intoxicación de una escuela básica en la localidad de La Greda, donde niños, niñas y adultos envueltos en una nube toxica que emanó desde la Fundición de Codelco Ventanas, caían con sus vías respiratorias inflamadas, lo que fue mostrado en todos los canales de televisión del país a comienzos de 2011. La gravedad de este hecho, sin embargo, no es excepcional, luego de esto se hizo público que la autoridad estaba al tanto de la grave contaminación en la que se encuentran las 14 escuelas de la comuna de Puchuncaví, donde los menores de edad se exponen a contaminantes como arsénico, plomo y cobre. Todos contaminantes que afectaran su desarrollo intelectual y físico, su desarrollo como personas, y esto, en el lugar que supuestamente está diseñado para todo lo contrario, fortalecer su desarrollo intelectual.

No solo nos enteramos de este atropello, con conocimiento de causa, de los derechos de niñas, niños y adultos, sino también nos enteramos que decenas de pescadores artesanales de la zona llevan años peleando con las empresas y las autoridades, por haber quedado sin poder desarrollar su actividad, que los pocos que aún la realizaban sacan mariscos altamente contaminados que venden a los mismos habitantes de estas comunas y que además denuncian y fotografían a lo menos diez varamientos de carbón al año, carbón que llega al puerto en enormes cantidades para alimentar a las más de siete termoeléctricas a carbón que están en el Parque Industrial. En un país razonable, luego de una intoxicación masiva, se tomarían medidas drásticas de limpieza, mitigación, asistencia en salud, relocalización, etc. El caso es que en Chile no frenaron los varamientos de carbón, no se tomaron medidas de limpieza y recuperación y en septiembre de 2014 la bahía sufrió una catástrofe ambiental producto del derrame de 38.700 litros de petróleo a partir de la rotura de la cuerda que anclaba el buque que transportaba el petróleo a la terminal de la estatal Enap. Si bien, aún no se han definido responsabilidades y el caso está en investigación, este hecho junto con los varamientos de carbón y los peak de contaminación son muestra de que en la Bahía no se ha implementado ninguna política seria de mitigación ni de descontaminación, por lo tanto el Estado de Chile no se ha hecho responsable de proteger a las personas que allí habitan y las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad grave.

La Presidenta comprometió darle tratamiento especial a estas zonas desarrollando planes de descontaminación para ellas, y avanzar en mayor equidad en temas ambientales. Sin embrago, los conflictos socioambientales siguen siendo abordados desde una perspectiva pro inversión, que mira la reacción negativa de las comunidades a los proyectos que se instalan en su territorio como un problema en sí mismo y no como la consecuencia de un modelo de desarrollo injusto, altamente insustentable y de una institucionalidad que lo avala obviando los derechos básicos de las personas.  Así, se quiere acabar con la judicialización de los proyectos y no con los malos proyectos, argumentando que las comunidades tienen frenado el desarrollo del país, se busca abuenar a las empresas con las comunidades por medio de compensaciones económicas y no con un mejor estándar en planificación territorial, mejor normativa ambiental que esté acorde con la protección de la salud de las personas, mayor fiscalización a las empresas y mejor apoyo institucional a las personas.

Un país razonable, no buscaría agilizar proyectos de inversión como lo han señalado tanto el Ministerio de Energía, como Minería y Hacienda, cuando a lo largo de su territorio crecen los focos de conflicto por comunidades que exigen respeto de sus derechos. Un país razonable generaría mecanismos participativos y vinculantes de definición de desarrollo territorial, integraría principios de justicia ambiental en sus instituciones y fiscalizaría y promovería el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Esperamos que con la mayor cantidad y capacidad de organizaciones sociales incidiendo en sus realidades locales y autoridades se logre avanzar en una política pública ambiental  que apunte a un desarrollo país justo.