Evitar la criminalización de la pobreza, dejar de usar el sistema penal como mecanismo único de resolución de conflictos, la nula posibilidad de reinserción social una vez cumplida una condena y la necesidad de necesidad de crear una ley que regule la privación de libertad y establezca un juez imparcial y permanente dentro de cada cárcel y que el Estado chileno cumpla con su obligación internacional de designar un organismo autónomo dedicado a fiscalizar las cárceles chilenas, son algunas de las principales conclusiones abordadas por más de 20 organizaciones que trabajan en torno a las cárceles de Chile en la mesa ciudadana convocada por la ONG Leasur y el Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile.

Reunidos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, organizaciones como 81 Razones (familiares de los internos del incendio de San Miguel), Confapreco y Paternitas, y a actores del mundo institucional, como el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos y la Defensoría Penal Pública reconocieron la crisis del sistema penitenciario chileno y la necesidad de evitar tanto la criminalización de la pobreza como el uso masivo del sistema penal como mecanismo de resolución de conflictos.

Entre los temas más recurrentes se mencionaron la arbitrariedad de Gendarmería y los constantes abusos y malos tratos de que son objeto los internos, la presencia de abogados particulares que prestan un servicio deficiente en las cárceles, los problemas que tiene el sistema de justicia penal adolescente, la falta de acceso a la salud que viven las personas que están privadas de libertad y las nulas posibilidades que tienen de reinsertarse una vez que han cumplido su condena. Asimismo, los expositores coincidieron en la necesidad de crear una ley que regule la privación de libertad y establezca un juez imparcial y permanente dentro de cada cárcel. Asimismo, destacaron la importancia de proteger a la población vulnerable (como mujeres, indígenas, migrantes y población LGBTQ), la urgencia de diseñar mecanismos que posibiliten la reinserción social de los presos, y la necesidad de que el Estado chileno cumpla con su obligación de designar un organismo autónomo dedicado a fiscalizar las cárceles chilenas.

Las organizaciones acordaron transformar las propuestas en un protocolo de acuerdos que presentarán en las próximas semanas al Ministerio de Justicia y continuar con la invitación a las demás organizaciones que trabajan en las cárceles y su entorno a hacer alianzas que permitan de manera coordinada mejorar el sistema penitenciario del país.