Hace pocos días, los alumnos egresados de cuarto medio de nuestro país, recibieron los resultados de la PSU. Como era de esperar, éstos mostraron lo que todos sabemos: En Chile existe una segregación brutal en educación, que depende, principalmente, de los recursos económicos con que cuentan los padres para pagar la educación de sus hijos.

Pero eso es sólo la primera parte de un ciclo de segregación. Decimos esto, porque lo más probable es que los alumnos egresados de colegios particulares pagados entren a las carreras más cotizadas de las Universidades tradicionales, mientras que el resto tendrá que verse enfrentado no sólo a la interrogante de dónde estudiar, sino que también a la de cómo financiar las cada vez más costosas carreras universitarias, dentro de la lógica de mercado en la que la educación está inmersa.

En lo reciente, hemos sido testigos del alza arancelaria en las universidades, superior en gran parte de los casos al 5% de referencia basado en el IPC a la fecha.

El sector estudiantil ha informado sobre alzas muy superiores en algunos casos (el grotesco ejemplo en la Universidad Católica Silva Henríquez con un 12,5%), y ha dado la alarma, en otros, donde el discurso institucional ha pretendido nublar los hechos mostrando las alzas promedio (próximas al 5%) pero que en el “detalle” muestran diferencias significativas para algunas carreras, como denuncia Octavio Abello, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (FEUCSC), donde Medicina sube en un 8,2%; Derecho un 7,5%; Enfermería e Ingenierías por sobre 7% para dicha casa de estudios.

La alarma es crítica, sobre todo al contemplar que cualquier aumento es sustancioso teniendo en cuenta los ya abultados aranceles existentes, inclusive en instituciones universitarias que no solo no transparentan en que se utilizará el dinero de las injustificadas alzas, sino que ni siquiera cumplen requisitos mínimos de calidad y en dónde los aumentos arancelarios no se reflejan en mejores condiciones para sus estudiantes.

Por citar algunos ejemplos, encontramos el alza de aranceles en la Universidad de las Américas, institución a la que se le ha rechazado la acreditación, o el caso de Odontología de la UNAB cuya carrera se ha movilizado en razón de las carencias básicas que presenta, donde se mantiene un arancel superior a los 7 millones de pesos, y que sigue subiendo.

Por el contrario a las ya mencionadas casas de estudios, la Universidad de La Serena, cuyo Rector, Nibaldo Avilés, anunció hace unos días que el reajuste de sus aranceles para el presente año será de 0%, lo cual tensiona el anuncio de gratuidad universitaria del Gobierno en un sentido positivo, diferenciándose drásticamente de los otros casos citados. Avilés argumenta que “se está planteando gratuidad para los estudiantes universitarios y en esa línea nosotros tomamos esta decisión de reajustar los aranceles en 0%. No podemos seguir permitiendo que las familias paguen los mayores costos de la educación de sus hijos.”

A pesar de los contundentes embates de la sociedad civil y de las exigencias de los distintos movimientos sociales involucrados en educación, el Gobierno y la Nueva Mayoría son incapaces de hacer frente a la tensión política existente, dando pasos atrás cada vez que se enfrentan a dificultades, como pudimos apreciar durante el 2014.

La actitud del Gobierno, y sobre todo del Ministro Eyzaguirre, sigue siendo indecisa, dubitativa y cada día más alejada de la demanda social. Presionados por sostenedores de colegios particulares y particulares subvencionados y por los siempre poderosos grupos confesionales, acceden rápidamente y sin mayores complicaciones, a las indicaciones y modificaciones propuestas por estos sectores.

Estos hechos dejan entrever la verdadera naturaleza del Estado chileno actual: No es que esté ausente para frenar la desmesura del mercado en la educación, sino que está orientándolo. Es así, que en la actual reforma a la educación el gobierno concede terreno a distintos mecanismos para perfeccionar el actual modelo, por ejemplo, a través del sistema de Vouchers, y con ello, a la lógica Subsidiaria que lo sustenta, disfrazando la competencia a partir de este sistema; permite lo que Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, denominara “CAE Inmobiliario” (auto-compra con crédito bancario garantizado por recursos públicos) cediendo con ello ante el lobby bancario; y transformando el freno a la selección, en una política sectorizada aplicable solamente al sector público y particular subvencionado, dejando exentos de dicha medida a los particulares pagados y emblemáticos, manteniendo con ello dos sectores sociales diferenciados: con y sin dinero para pagar.

Ya lo señalan el Diputado Gabriel Boric y Camila Miranda, investigadora de Nodo XXI, en su columna del 29 de diciembre para el diario El Mostrador, “El Gobierno propone complejas fórmulas para asegurar un retiro íntegro de la inversión”, además de conservar e incluso perfeccionar las lógicas neoliberales previas, lo que nos lleva indefectiblemente a la pregunta: El gobierno y su reforma ¿hacia dónde se dirigen y para quienes trabajan? ¿Seguirá empujando el debate en un incansable retroceso de las demandas sociales? ¿Seguirá manteniendo las lógicas de mercado, y por ende, el ciclo de segregación que afecta a miles de estudiantes y futuros trabajadores?

Desde Fundación Síntesis observamos con preocupación que el Gobierno, más que plantear avances concretos, ha ido retrocediendo en los temas claves de la Reforma. Se pasó de una discusión sobre educación pública, gratuita y de calidad; del fin del lucro y de la selección, a volver a una por las alzas injustificadas de aranceles y a las cada vez más evidentes diferencias entre los colegios para pobres y para ricos.

Habrá que mantener la mirada sobre estos temas y otros. El discurso oficialista se baña de los principios base de la demanda social, mientras que en las definiciones y mecanismo de la reforma, opta por la mantención y perfeccionamiento del lucro y la segregación.