Este fin de semana se dio inicio a una nueva versión del Dakar (Chile-Bolivia y Argentina). Esta vez, la carrera tendrá 665 competidores, con 414 vehículos aproximadamente (164 motos, 48 cuadriciclos, 138 autos y 64 camiones), reuniendo equipos de 53 nacionalidades. También cuenta con el apoyo de decenas de empresas y marcas publicitarias, medios de comunicación y el auspicio de los tres países involucrados -vía gasto público-.

En lo fundamental, el Dakar consiste en una gran actividad publicitaria donde las empresas automotoras fomentan el consumo de los vehículos que exhiben sus “hazañas” en escenarios extremos. Los vehículos en competencia, son automóviles de doble tracción o 4x4, y que consumen una gran cantidad de combustible por pasajero/km/transportado; 40 veces más que el transporte público y 10 veces más que un vehículo diseñado para el trasporte de pasajeros en el medio urbano.

Por ello resulta contradictorio que la promoción y consumo de estos vehículos cuenten con el aval y no el desincentivo de los gobiernos “progresistas y de izquierda” vinculados al evento, lo que en el caso chileno, poco y nada podríamos mitigar con el impuesto verde a vehículos que comenzó a regir el 29 de diciembre pasado. Si bien este evento reportaría ingresos sustanciales a los países signatarios no existen detalles de los gastos ocultos que significa para Chile cada versión del Dakar, en el ámbito público por sobre todo, considerando que no tiene parangón el derrotero y la herencia de destrucción patrimonial que genera.

Aún así, es difuso encontrar reportes oficiales de la destrucción patrimonial que ha generado el Dakar, que en el caso chileno, se sabe invaluable: Los rallys de los años 2010 y 2011 según el Consejo de Monumentos Nacionales dejaron un total de 705 sitios arqueológicos dañados. En su primera versión en 2009, el Dakar intervino un área importante del “desierto florido” (Centro del Desierto de Atacama UC. El Mercurio 25.01.09), destruyendo pisos vegetacionales con especies únicas y nativas del desierto más extremo del planeta.

Así, es de todo sentido preguntarse cuáles son los reales costos que esta carrera tiene para las arcas públicas nacionales, sin contrapeso ni criterios ambientales apropiados, lo que quedo de manifiesto el 2012, cuando a días de la partida la organización del evento anuncio la contratación de arqueólogos con la idea de “resguardar la ruta”, en reacción a las críticas por el mal manejo medio ambiental y la destrucción patrimonial realizada. En una carrera donde la búsqueda de rutas prístinas es parte de la motivación para alcanzar la meta.

Ante tanto desastre, al igual que en su versión Africana, son cada vez más las voces que desde el interior de los servicios públicos y ministerios nacionales convocados para “prestar apoyo” al Dakar, critican el obsecuente desvió de recursos públicos, tanto financieros y humanos que se utilizan -de manera creciente-, cada año para este evento. A los reportes de destrucción patrimonial que dan cuenta diversas organizaciones de la sociedad civil, hoy se suma la falta de reportes oficiales del gasto que significa el desplazamiento logístico de fuerzas armadas y de orden, profesionales de la Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Aduanas, entre muchos otros servicios. Transformándose en parte importante de los gastos ocultos que con fondos públicos y de todos los chilenos nos dejará el Dakar 2015.