De acuerdo a tu opinión, ¿el año 2014 fue positivo o negativo en términos medio ambientales?

El año tiene cosas positivas y negativas. En el contexto de estarse iniciando un nuevo gobierno, quizás una de las cosas más preocupantes, es que se mantenga y se acentúe una agenda extractivista como pilar de la economía del país. Lo que nosotros vemos es que eso está tensionando las relaciones en muchos lugares de Chile, y en muchos sectores. Particularmente comunidades que se sienten pasadas a llevar o vulneradas en sus derechos. Para nosotros ese es el principal sello que marca lo que ha venido pasando. Esto es incluso en un gobierno que plantea políticas más progresistas, sin embargo en este campo, de los derechos socio ambientales y del cuidado del medio ambiente de los territorios, la conflictividad socio ambiental va en aumento.

 

En ese mismo sentido, sobre la conflictividad ¿Crees que este año fue más importante la judicialización de los proyectos?

Yo creo que así como se quiere presentar, esto de la judicialización es levantar un argumento para generar una especie de chantaje. Tanto por el rol que están jugando los tribunales en el último tiempo, como también por los instrumentos para defender sus derechos que usan las organizaciones. Porque la paradoja de todo esto, es que se habla peyorativamente de la judicialización cuando la gente está haciendo uso de instrumentos y de la institucionalidad que tiene el Estado, por lo que no debería llamar a preocupación que se dé esa situación. Pero, se pone esto como justificación para que las inversiones estén paralizadas, porque esto está deteniendo el desarrollo, etc. Y yo creo que en esto el presidente de la Corte Suprema fue bien claro en un discurso que hizo hace pocos días frente a los empresarios: los casos de conflicto socioambiental que llegan a los tribunales y que tienen un resultado favorable son muy pocos. En realidad se quiere usar esto como chantaje para debilitar las condiciones institucionales que existen hoy para el desarrollo de estos proyectos. Yo no considero que sea un argumento sólido frente a los problemas que están teniendo las empresas para realizar sus negocios.

 

¿Tú crees que este año hubo avances en materia legislativa (en relación al medio ambiente)?

En cierta medida uno hace hoy una evaluación a partir de los compromisos que hizo el nuevo gobierno o de la situación que se heredó de la administración anterior. En ese sentido, en algunos aspectos se han estado dando pasos para cumplir el programa. Entre estos la ley de Áreas Silvestres y de Protección de la Biodiversidad, la reforma del agua, también se anunció que se van a revisar los decretos que tiene que ver con la consulta indígena, y otros. Pero cuando se empiezan a desmenuzar estas normativas que se están tramitando, ahí es donde se generan las preocupaciones.

Por ejemplo, muchas organizaciones hemos realizado críticas a la reforma al código de aguas enviada al parlamento. Esta es una reforma que no cumple con lo anunciado por el propio gobierno y que en algunos aspectos incluso debilita la institucionalidad de gestión de aguas que actualmente tenemos. Entonces, las cosas tienen claros y oscuros, y ahora no se están cumpliendo las expectativas que muchas organizaciones tienen respecto del mejoramiento de la legislación que está directamente vinculada a la gestión de los recursos naturales.

 

A pesar de que aún le quedan tres años a este gobierno ¿Crees que hubo muchos compromisos no cumplidos para este año?

Lo que pasa es que hay temas que yo creo que son muy importantes, y que las organizaciones y los movimientos han logrado transformar en preocupaciones políticas nacionales, como es el tema del agua, que si bien es una limitación para la expansión de ciertos negocios, como la actividad minera, centralmente se ha puesto en la agenda política por la gran cantidad de conflictos. Por las consecuencias que ha tenido la escasez hídrica a lo largo del país.

Eso es un gran logro de los distintos movimientos, pero los anuncios que se han hecho hasta ahora no cumplen las expectativas. Por ejemplo la reforma constitucional del agua, que la declararía como bien nacional de uso público. Este tema va a marcar la agenda de los próximos años.

Pero en realidad, no se están recogiendo los compromisos originalmente planteados ni las preocupaciones del país. Por esto yo creo que lo que está buscando es profundizar los mecanismos de mercado y no apuntar a las problemáticas de fondo.

Por otra parte está el hecho de que no se están impulsando instrumentos de gestión que son complementarios a la institucionalidad que hoy existe. Por ejemplo, se reconoce que una parte importante de los conflictos tiene que ver con la localización de los proyectos. Si bien esto no es completamente cierto, sí es efectivo que esas situaciones podrían resolverse teniendo un ordenamiento territorial de las zonas no urbanas. Esa es una promesa que viene de los gobiernos de la Concertación de hace más de 15 años, y que hasta el día de hoy no tenemos noticias de que se vaya a generar.

Otro punto es que efectivamente se implementen las evaluaciones ambientales estratégicas, o que se desarrollen iniciativas y pasos concretos hacia la gestión integrada de las cuencas. Allí tenemos un problema grave para resolver la privatización del agua y cómo ésta está distribuida entre los sectores económicos más poderosos. Estos sin duda son instrumentos que podrían ayudar a una mejor gestión, y no se ve que se esté avanzando en esa dirección.

Yo creo que si bien estamos analizando un período de menos de un año, los pasos que se esperaba en función de ir resolviendo los temas urgentes pero también las cosas estratégicas, son pasos demasiado débiles en función de las expectativas que había.

 

¿Entonces quedan muchos desafíos para el 2015?

El tema del agua cruza la mayoría de los conflictos, es un debate que está abierto, que preocupa a las organizaciones y que seguramente va a marcar los procesos del próximo año. Ese será un tema importante. Lo otro será ver cómo se van a zanjar todos los conflictos que hoy día están en una situación de statu quo y que no se sabe cuál será el curso definitivo que van a tomar. Como el caso del proyecto minero El Morro, Pascua Lama, Agrosúper en Freira, Punta Alcalde en Huasco, la situación en el sur de Chile donde han aparecido una masiva cantidad de proyectos hidroeléctricos, etc.

Todos estos temas no se sabe si serán canalizados dentro de la institucionalidad para proteger a los territorios, o se va a seguir desarrollando vía movilización social o denuncia. Este también es un elemento importante del año 2015.

Por otra parte está el tema sobre la desaceleración económica y el debilitamiento de la protección de los trabajadores y el medio ambiente. Nosotros lamentamos mucho que el gobierno de Michelle Bachelet haya puesto su foco en el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, como una medida para frenar la crisis económica que dicen que estamos viviendo. Y eso lo ha dicho el Ministro (de Medio Ambiente) y la propia Presidenta, lo que finalmente va en desmedro de la protección de la naturaleza y de la gente.

Esto significa aumentar la discrecionalidad política en la administración de la institucionalidad ambiental, y lo han hecho todos los gobiernos, desde Frei Ruiz-Tagle en adelante, lo que no nos parece una buena forma de enfrentar los desafíos para el futuro.

 

¿Cuál crees tú que fue el tema central, o el hito, que marcó éste año en términos medio ambientales?

Yo creo que las decisiones sobre Hidroaysén es el equivalente a lo que fue Barrancones al comienzo del gobierno de Piñera. Muestra por un lado lo mejor y lo peor de lo que pasa en el tema ambiental en nuestro país. Porque si bien es un proyecto ampliamente rechazado por la ciudadanía –no sólo de la región sino que a nivel nacional- muestra que nuestra institucionalidad es muy permeable a la discrecionalidad política.

Porque en el caso de Punta Alcalde, por ejemplo, existían muchos argumentos técnicos, ambientales y de salud de la población para que ese proyecto fuera rechazado. Sin embargo, el proyecto ha seguido adelante, lo mismo que ha pasado con el caso de la hidroeléctrica Alto Maipo.

Pero de todos modos ese es un hito importante (Hidroaysén), que tiene distintas lecturas, que tiene algo de populismo ambiental, pero que creo que en el trasfondo muestra la debilidad que tiene nuestra institucionalidad ambiental frente a las decisiones políticas de los gobiernos.

También creo que es positivo que sigan emergiendo movimientos y actividad ciudadana, que no sólo se da en los conflictos ambientales, sino que en una multiplicidad de manifestaciones sobre la preocupación del medio ambiente. Tanto en actividades comunitarias, como en los centros de estudio del medio ambiente, centros poblacionales, etc. Pero lo importante es que hay una gran preocupación por el tema que se manifiesta en distintas facetas. Y eso muestra que estamos ante una sociedad con una cultura y con una expectativa distinta de lo que debe ser la relación con la naturaleza. Creo que esto es muy importante para el país que queremos construir a futuro.

Finalmente es ese nivel de conciencia el que justifica que haya tantos conflictos. Porque la gente está en desacuerdo, porque no se está convencido de que la oferta de éste modelo de desarrollo esté resolviendo los problemas que ellos sienten como esenciales. Esto también es un factor que ha marcado este año.

Finalmente, hay un dato que salió hace poco que yo creo que nos refleja muy bien como país. En Latinoamérica, Chile es el mayor emisor per cápita de gases de efecto invernadero. Esto muestra el gran contraste de nuestro modelo, porque esto corresponde a un país que supuestamente debiera ser industrializado, y tener una actividad económica de transformación. Pero justamente esto es al revés, y el dato muestra la intensidad con que se está desarrollando la actividad extractiva. En mi opinión, este es uno de los indicadores que uno debería usar para mostrar el “mal desarrollo” o este “desarrollo enfermo” en el que estamos embarcados y que se está buscando profundizar.