La nueva campaña de Fundación Sol busca cuestionar el pago de los derechos sociales que hoy son tranzados en Chile al igual que una mercancía. A través de sus estudios y diversos informes, han descrito un panorama funesto que expone cómo la salud, la educación, las pensiones y el trabajo son manejados según la dinámica del mercado, sin que el Estado sea capaz de asegurar su acceso a todos por igual.

En este escenario, donde el sentido común de un país ha sido trastocado por la falta de garantías sociales, surge la iniciativa “Que no te vendan tus derechos”. En entrevista con ElDesconcierto.cl, el economista e investigador Marco Kremerman ahonda en la problemática, las responsabilidades de la clase política y la esperanza de reconquistar los derechos perdidos.

La campaña de ustedes consigna que los derechos sociales no se pagan. ¿Cómo se expone esta visión en un país que acostumbrado a pagar por sus derechos?

Nosotros apostamos al sentido común, que es principalmente la idea de que Chile tiene que volver a la normalidad. Se dice que supuestamente estamos en un espacio democrático como país, pero al menos en concepto de derechos: salud, educación, las pensiones, la seguridad social en general y el trabajo, se amenaza la posibilidad de que una persona pueda ejercer su ciudadanía, que se pueda hablar de algún espacio mínimo de democracia si es que no existen estos derechos sociales que el Estado asegure a toda la población por el hecho de ser chilenos.

Estamos hablando de que no es normal que una persona tenga que pagar por la educación de sus hijos para supuestamente obtener una mejor calidad en esa educación. No es normal tener que pagar par optar a una mejor atención de salud o tener que hacer enormes colas para optar a un tipo de salud gratuita. No es normal que el sistema de pensiones en Chile, que no es más que un sistema de ahorro privado forzoso, funcione en base a las cuentas individuales y que cada uno se las tenga que ver en el momento en que jubile, resolviendo cómo lo puede hacer para sobrevivir en base a lo que pudo o no ahorrar.

Eso es lo que no sucede en prácticamente el 95 por ciento de los países en el mundo. Actualmente, esta campaña está tratando de transmitir el mensaje de que Chile es un país que se acostumbró a vivir en base a normalidades y que nos acostumbramos a vivir no sólo en una economía de mercado, sino que en una sociedad de mercado y eso no es natural, ni normal.

¿Hay derechos sociales garantizados hoy en Chile? El panorama que ustedes exponen en cuanto a salud, educación, trabajo y pensiones es desolador.

Así es, hay titulares, hay aproximaciones, pero en Chile no podemos decir que hay derechos universales garantizados y de altos estándares, como deben ser. Los derechos universales no deben ser derechos mínimos, que es también otra de las confusiones que están en el debate. Deber ser derechos contundentes. No podemos establecer que ciertos mínimos se cumplen en salud o educación, sino que cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando de una educación de altos estándares. No de la educación que se puede entregar.

Hoy día estamos en un escenario donde tenemos algunos mínimos, en algunos casos asegurados para grupos focalizados de la población, donde se asocia con cierta estigmatización, porque no hay una noción de universalidad de derechos, sino que la persona que va a optar a ciertos beneficios –porque cuando se naturaliza esto finalmente hablamos de beneficios, no de derechos- finalmente queda estigmatizada, porque son aquellos beneficios donde los demás no van, los demás optan por comprar esos servicios y se termina generando un país para las personas que no pueden pagar, otro país para los que pagan y se tienen que endeudar y otro país para los que no se endeudan, que son el 5 o 7 por ciento más rico de Chile.

Ustedes que han estudiado estos temas saben que la dictadura tuvo una gran responsabilidad en esta primacía del mercado en los derechos sociales. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes sucedieron a la dictadura?

Hay dos grandes fases. Está la fase de la dictadura, que confluye con una etapa neoliberal del capitalismo, donde la privatización de los derechos sociales y de los servicios no es azarosa. Tiene que ver con un proyecto de mayor alcance que permite que los procesos de acumulación del capital sean más acentuados y eso se ve con mucha fuerza, por ejemplo, en todo lo que es la seguridad social. A partir de su privatización, ciertos grupos económicos pueden comenzar a capitalizar los fondos de las AFP’s, por ejemplo, a muy bajo costo.

Entonces, sin duda hay un proceso que ocurre en la dictadura donde se privatizan los derechos sociales, pero posteriormente, en los gobiernos de la Concertación, prácticamente no se hace ningún cambio de fondo. Si bien no hay un ataque directo y frontal, se le deja morir manteniendo las políticas que se crean y se imponen durante la dictadura o profundizando algunas de ellas, como ocurrió en educación con el financiamiento compartido, por ejemplo. Así, hay una responsabilidad inicial, sin duda, de la dictadura, pero hay una responsabilidad que podría ser mayor de los gobiernos posteriores, porque de alguna manera validan la forma de entender esta privatización y no se realizan los cambios, que deberían haberse realizado y hoy tenemos un escenario bastante complejo que invita a pensar en transformar profundamente la realidad. Esto no sólo se trata de una política pública más o menos, sino de la manera en cómo entendemos la sociedad, que no puede estar mercantilizada, donde la educación y salud no pueden depender del poder adquisitivo que tiene cada persona.

Este es un debate abierto, hay ciertos sectores políticos que todavía defienden la hegemonía del mercado ante estos derechos. ¿Qué les impulsa a definir esta postura y cómo se produce el apoyo de diversas organizaciones sociales a esta campaña?

Nosotros solamente hacemos el rol de apoyar y catalizar ciertas situaciones que vemos día a día y las organizaciones que se van sumando lo van haciendo espontáneamente. Son organizaciones que hace mucho tiempo vienen trabajando estos temas. Por ejemplo, lo que ha hecho la Coordinadora No más AFP’s en cuanto a previsión, todo lo que ha hecho el movimiento estudiantil en relación a la educación pública, lo que se ha hecho en salud y derechos colectivos en el trabajo… sin duda es un tema que no está en el debate público, no está en la discusión de la alta política porque desgraciadamente en la alta política no se está discutiendo contenido, en estos momentos.

Cuando uno le pregunta a muchas personas que tienen la vida que se está teniendo en Chile, que es trabajar, recibir muy bajos salarios, tener que endeudarse para pagar la alimentación, servicios básicos. Después, a la hora de jubilar, las pensiones son absolutamente miserables, el 90% de las pensiones que pagan las AFP’s son menores a 145 mil pesos. Tenemos adultos mayores pobres trabajando, en vez de jubilados, y más encima endeudados. Hay personas creen que eso es lo que corresponde, lo que siempre ha ocurrido, es lo que ha pasado en los últimos 35 años. Al mismo tiempo, esas mismas personas comienzan a darse cuenta de que esto no puede seguir así. Lentamente hay una percepción de que existe una desconexión entre lo que está trabajando y canalizando el sistema político y lo que está sucediendo en la vida diaria.

La campaña está dirigida a la sociedad. ¿Cuál es la responsabilidad y la alternativa de los movimientos sociales frente a esta situación?

Esta campaña está dirigida a la sociedad, a las familias y principalmente, a las personas y a su relación con las organizaciones. La idea es que este cuento que nos relataron de que cada uno se las tiene que arreglar solo, desde la individualidad, no es normal. No es algo que haya existido siempre. El hecho de que nos organicemos, que pensemos en formas colectivas de defender, de conquistar nuestros derechos, es algo que nos hace ser personas distintas, que nos permite lograr una sociedad de buen vivir y no tener una rutina como la que existe actualmente, donde estamos presos de las deudas, de bajos salarios, de explotación permanente y privatización de nuestros derechos.

Es muy importante que el mensaje pueda ser amplio y al mismo tiempo, que las organizaciones que han trabajado durante mucho tiempo estos temas, y que lamentablemente no han logrado instalarlos públicamente por cómo funcionan los medios de comunicación hoy, puedan fortalecerse y tomar esta campaña, para nosotros ellos deberían ser los principales conductores.

¿Cuál es el rol que crees que debería jugar una nueva constitución en esta tarea de garantizarle a Chile sus derechos sociales?

Estamos discutiendo cuál es la sociedad que debería existir y eso significa que tenemos que otorgar las reglas del juego para que ello ocurra. Si hablamos de un derecho a una educación de alto nivel, eso también tiene que tener una expresión constitucional, pero ese es un proceso que tiene que ir decantando de acuerdo a lo que va sucediendo en la sociedad en general, la maduración de las organizaciones y la correlación de fuerzas. Para nosotros es un proceso que va a ser natural, que es importante que venga desde abajo y no sea dirigido por el sistema político, como siempre ha ocurrido en casi todos los períodos de la historia chilena.