Una de las particularidades del trabajo del filósofo americano J. Rawls fue haber recuperado y defendido con buenos argumentos la tesis de que “ la justicia es la virtud principal de las instituciones sociales”. Lo hizo en un momento en que el valor justicia como tal, estaba en una situación complicada en el mundo público e intelectual. Parto con esta reflexión porque las últimas semanas estamos siendo testigos de cómo la derecha política y económica y las dificultades para apuntalar las reformas desde sus adalides, se toman los espacios de información y de publicidad.

Una sociedad que no es capaz de hacer justicia y verdad a los suyos, obviamente, no es una sociedad justa. Puede ser una sociedad de mercado, de competencia, de lucha por enriquecerse a toda costa, pero no es una sociedad justa. Esta es otra de las herencias de la dictadura cívico-militar y de la transición. Los más favorecidos han sido aquellos que fueron cómplices –por acción u omisión–, de las peores violaciones a derechos humanos cometidas desde el poder del Estado en la historia de Chile; pero también, la derecha económica, que volvió a recuperar –manu militari–, su poder que se había visto mermado o amenazado, entre los años 64 y 73.

Lo peor de todo esto es que al parecer no hay “responsables”. Solo hay excesos y algunos culpables individuales presos. La gracia de la visión rawlsiana es que nos permite evaluar, valorar, la marcha de las instituciones no solo desde el punto de vista de su eficacia o eficiencia ( las instituciones “funcionan”), sino también desde un punto de vista normativo, y teniendo como valor más alto su ajustarse a patrones de justicia y equidad. Si ello no es así, deben ser radicalmente cambiadas o abolidas. El anticomunismo irracional que impregnó la cultura cívico-militar ha servido de chivo expiatorio para intentar justificar todos los atentados contra los derechos de las personas y de la sociedad a una vida mejor y más plena. La derecha política y económica se ha pretendido lavar las manos con todo el horror sucedido y además, como no, pretende darles lecciones de moral a través de sus propios medios de comunicación, al conjunto de los chilenos. Durante 17 años hicieron paréntesis y excepción de su acendrado apego a la vida y al derecho a la vida de todos y todas, mire que casualidad ¿no?

Sus partidos y líderes no han tenido que responder por sus connivencias o adhesiones. Su Constitución de 1980 los ha favorecido para seguir arreglándoselas. Incluso siendo minoría electoral. Esos 17 años de impunidad podrían explicarnos lo sucedido con el grupo Penta hasta ahora, y con otros desfalcos económicos de los grandes grupos. También el tipo de condena judicial recibido por un cura ligado a los más poderosos de este país. También podría explicarnos la actuación de ese coronel de ejército en la sesión de Consejo de Monumentos Nacionales del miércoles recién pasado, en la cual se permitió descalificar y burlarse de defensores de la iniciativa allí presentada, fotografiar al periodista J. Rebolledo, con insolencia. ¿Hechos aislados? ¿Porqué lo puede hacer? Que a estas alturas, con todo lo que se sabe, miembros importantes de nuestro Ejército se permitan aun ridiculizar lo sucedido bajo el mando de la DINA, CNI, Comando Conjunto y otros, habla de las consecuencias ético-políticas de la impunidad, promovida desde intereses de poder. Habla de lo inútil que es la política de barrer lo sucio bajo la alfombra. Y de lo cerca que esa actitud puede estar de prohijar la repetición de hechos terribles.

La política de “consensos” y pacificación mal entendida, es decir, sin verdad ni justicia, no tiene destino, salvo parapetar en la inocencia a todos aquellos que alentaron y celebraron el dolor, la tortura, el exilio, la muerte o el hambre de tantos compatriotas. A la derecha política y económica no le interesa la verdad histórica y menos la justicia. Solo le interesa conservar sus intereses de poder y dominio. Sus propiedades. Fíjese: se habla de que tendríamos un PIB per cápita de USS 23.165. Pero la realidad es muy distinta. Según estudios, el 50% de los trabajadores gana menos de 263 mil líquidos; el 70% menos de 400 mil, y el 80% menos de 500 mil. El 90% de las pensiones de vejez de retiro programado pagadas por las AFP son de menos de 144 mil pesos. Al mismo tiempo, el 1% más rico de Chile, percibe por persona S 14.964.268 al mes, y el 0.1% más rico, –unas 17.800 personas–, la friolera de S 82.917.226, ¡por persona y al mes! ¿Puede esperarse que se jueguen por la verdad histórica y por la justicia social? La impunidad jurídica, política, económica, social, está a la base de la cultura política alentada por la actual Constitución y el período transicional. Por eso, entre otros motivos, necesitamos de una nueva constitución.  Si no la modificamos, y desde abajo hacia arriba –no entre cuatro paredes y por los mismos de siempre–, no tendremos –ni ahora ni después–, una sociedad justa y decente. Justicia y decencia no llegaran nunca de la mano del mercado, del chorreo, de los privados, españoles o no, de la venta del país, el crecimiento o la competencia de todos contra todos. Más de 40 años bajo la férula neoliberal así lo demuestran. ¿Nos decidiremos algún día a recuperar nuestra perdida soberanía? Difícil saberlo…