Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma educacional que pone fin al lucro con fondos públicos, a la selección y al copago, a través del cual el gobierno ha señalado que busca transformar a la educación en un derecho y no en un bien de consumo.

Pero más allá de las declaraciones, los hechos muestran que el proyecto tiene sensibles vacíos e importantes contradicciones que permiten levantar legítimas dudas respecto a su aporte a la tarea de desmantelar la educación mercantil  y construir una nueva educación.

Se ha dicho que el fin al copago pondrá fin a la lógica de la competitividad en educación, sin embargo, el proyecto tal cual está la seguirá fomentando. Si bien con el aumento de la subvención disminuirá monto permisible para cobrar por familia, la mantención de este mecanismo de asignación de recursos perpetuará que la captación de estudiantes y sus familias se desarrolle bajo parámetros competitivos.

Por otra parte, el fin al lucro alcanza sólo con recursos públicos y no respecto a la generalidad del sistema educacional. Sin perjuicio de lo anterior, se podría  catalogar esta medida como un avance en la dirección correcta si se hubiese aprobado los medios e instrumentos para hacer valer lo establecido por el mismo proyecto. Así, el rechazo a penar con cárcel el lucro con recursos públicos no sólo deja a la ley, en este punto, con una eficacia limitada (¡sí está penado cuando se trata de sostenedores públicos!) sino que políticamente devela la total ausencia de compromiso de sectores más refractarios de la nueva mayoría con la erradicación de lucro en educación.

En ese grupo es posible encontrar a varios, dentro de los que destaca el actual presidente de la Cámara de Diputados, el diputado democratacristiano por Valparaíso Aldo Cornejo, el cual no sólo votó en contra de la indicación que sancionaba con penas privativas de libertad el lucro con fondos públicos, sino que también votó a favor de permitir el arriendo del inmueble donde funciona el establecimiento educacional, lo que significa dar paso a un lucro legal y encubierto.

Pero no debe sorprendernos que el diputado Cornejo vote de esta manera. Al calor de la campaña para diputado del año pasado, a través de la candidatura independiente de la ex dirigente estudiantil Daniela López, como Izquierda Autónoma señalábamos sin ambigüedades que el diputado Cornejo representa a aquella política que se ha acomodado por más de 20 años en todo tipo de cargos públicos y que es incapaz de representar los profundos cambios que la ciudadanía exige para Chile y Valparaíso.

En su momento, lo invitamos a debatir de educación, a pronunciarse sobre qué educación requiere Chile, a hablar de gratuidad, educación pública y fin al lucro, a no tener miedo a enfrentar el debate público, de ideas. Desoyó nuestro llamado, guardó silencio y realizó una campaña bajo perfil; le resultó, ya que volvió a ser diputado.

Hoy los hechos nos demuestran que los diputados por Valparaíso, no sólo Aldo Cornejo sino también Joaquín Godoy, defienden el lucro en la educación y no creen posible una nueva educación para Chile y Valparaíso; nos imaginamos, tratándose del primero, incomodando profundamente a aquellos simpatizantes y militantes de los partidos de la nueva mayoría que sí están por hacer de la educación un derecho social y contrariando los anhelos de los porteñas y porteñas que quieren una nueva educación.

Por eso, hoy en el parlamento, la nueva educación está huérfana en Valparaíso.

 

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Jorge Sharp es miembro de Izquierda Autónoma Valparaíso y Director de Corporación Crisol. Javier Valenzuela, miembro de Izquierda Autónoma Valparaíso.