En una sociedad moderna, o que al menos se precie a sí misma de tal, no es defendible que una mujer, por el sólo hecho de ser mujer, tenga que pagar más por acceder al sistema de salud.

No obstante ello, en el actual sistema de salud chileno las mujeres, sólo por ser mujeres, pasan a ser un factor de riesgo encareciendo el valor de los planes, disminuyendo los copagos y bonificación de las prestaciones de salud.

Este tipo de inequidades en salud son producto de las construcciones de género que imbrican relaciones de poder y posiciones. Éstas impactan y tienen consecuencias en la salud de hombres y mujeres. Es decir, un sistema de salud inequitativo para las mujeres es también producto de un sistema sexo/género opresivo hacia las mujeres en todos los ámbitos.

El sistema de salud que tenemos, que data de 1981, es producto de las transformaciones estructurales que impulsó la dictadura militar. El paradigma que guío estos cambios, es el neoliberalismo, el cual buscaba que derechos sociales como la salud estuvieran colonizados por el mercado, convirtiendo en los hechos un derecho, en un bien transable. Esto implicó estructurar a la red pública bajo la lógica del mercado, estableciendo una relación de compra y venta de atenciones de salud, e incorporando precios y copagos, así como un complejo sistema de subsidios a la demanda para entregar acceso a clínicas privadas, a quienes no tienen una capacidad de pago suficiente como para realizarlo por sus propios medios.

El imperio del mercado en la salud, implica la negación de la misma como un derecho social universal. La realidad tiende a sostener esa afirmación. La salud privada, está estructurada por un sistema de seguros privados, las Instituciones de salud previsional a las cuales se les llama Isapres y por otro lado a una red de prestadores de salud, los cuales son las clínicas privadas. Las características principales que posee este subsistema de salud, es que en el opera una lógica individual y no colaborativa, lo que implica la negación de la seguridad social y todo tipo de solidaridad, esto se expresa en una industria del aseguramiento, que está concentrada (pocos actores), y que está integrada verticalmente (existen holdings de salud que son dueños tanto de Isapres como de clínicas). Esta lógica permite que la salud privada tenga niveles de rentabilidad sobre capital arriesgado, incluso más elevadas que el retail y la banca. Sin embargo, el elemento que permite o facilita esta acumulación de capital, tiene relación con el tipo de tarificación que allí se realiza. Aquí nos referimos a un problema central, que tiene relación a que las Isapres tarifican según riesgo a enfermar. Así, la lógica de las Isapres es que buscan además de asegurar atención de salud, obtener ganancias.

El objetivo de maximizar el margen de utilidad en el negocio, genera el incentivo a utilizar la capacidad de poder predecir el comportamiento del riesgo a enfermar de la población (en este caso de su cartera de afiliados), con el fin de lograr identificar los grupos más propensos a enfermar (o en la jerga de la industria la “siniestralidad” del afiliado) con el claro fin de cobrarles más por sus planes de salud, así cada individuo compensa a la Isapre por asegurar su riesgo a enfermar, esta es la llamada selección de riesgo, la cual busca seleccionar a todo individuo que le genere un beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a todos los que le generen mayores costos (pobre y enfermo).

Las mujeres son uno de los grupos más perjudicados por este paradigma mercantil, dado que tienen un riesgo mayor por la posibilidad de quedar embarazadas la industria está dispuesta a “asegurarlas” siempre y cuando ellas compensen a la Isapre este “riesgo”. De esta forma se genera una discriminación perversa que se expresa tanto en primas diferenciadas, como en la cobertura específica que tendrá una mujer frente a una determinada atención, teniendo que copagar más, por una misma atención que un hombre joven. Un ejemplo de esta situación es que la cobertura frente a prestación ambulatoria un hombre tendrá un copago cercano al 40% del total del precio, sin embargo una mujer en edad fértil su copago estará sobre el 50% del total. En el caso de hospitalizaciones los copagos están en un 30% para las mujeres y los hombres en un 20%. Esto nos muestra que en nuestro país hemos construido una salud que tiende a la segmentación de la población no solo por los ingresos, sino que también en función de si tienen mayores probabilidades de enfermar o no.

Otra muestra de ello es que los planes de las Isapres penalizan a las mujeres en edad fértil, aumentando el riesgo y por consiguiente subiendo el precio para ese tramo y que suponen que sólo el género femenino debe hacerse cargo de los costos asociados al embarazo y el parto.

Esto dice relación con el sistema individualista de Salud y la creencia, naturalizada y muy poco cuestionada, que la reproducción es un hecho individual y de responsabilidad exclusiva de las mujeres/madres, en vez de entenderla como una tarea social y por lo tanto, como una carga que debería recaer sobre la sociedad.

Por otro lado, también se le ha imputado al género femenino ser más propensas a enfermedades psiquiátricas, principalmente estrés y depresión. A ello responde este sistema de salud bonificando menos según el informe anual de Prestaciones médicas 2013, elaborado por la Superintendencia de Salud, luego de analizar las atenciones médicas, frecuencia, costo y bonificación por sexo y edad. Además, se asimila lo anterior como una tendencia natural de las mujeres el presentar esos trastornos y no se cuestiona socialmente el origen de los mismos. En Chile, por ejemplo, se pueden relacionar con la doble o a veces triple jornada laboral de las mujeres. Mientras no se cuestionen los roles y la división sexual del trabajo en sus bases, mientras las mujeres nos integremos (y precariamente) al mercado laboral y no los hombres ni el Estado a las labores de cuidado y sigan siendo éstas responsabilidad mayoritariamente femenina, las elevadas exigencias seguirán estresando y deprimiendo a las mujeres chilenas.

A principios de octubre se conoció la propuesta de la “Comisión Asesora Presidencial” para la reforma de Isapres, más allá de los detalles creemos que en las propuestas que de allí surgen hay un avance, por un lado se plantea al largo plazo que el aseguramiento de la salud debe transitar hacia un “Seguro Único” de carácter público, lo cual implica avanzar en la lógica de la seguridad social y liberar el aseguramiento de los problemas que produce el mercado. En la propuesta de corto plazo se produce un avance central respecto de las discriminaciones de género, allí se plantea que existirá un fondo de compensación de riesgo, el cual evitará que los grupos con mayor riesgo se vean perjudicados, y generará una redistribución de las cotizaciones con el fin de evitar que los grupos más riesgosos deban pagar más por el aseguramiento de salud esto gracias a los subsidios cruzados que allí se generarían.

En un seguro de salud único y público, el beneficio obtenido con los recursos son socializados logrando bienestar colectivo, sin discriminación por factores de riesgo de ninguna especie siendo la cobertura igual para toda la población. Distinto a la lógica que hay detrás del sistema de Isapres en que se legitima la apropiación privada de los excedentes de los recursos que no fueron utilizados para pagar atenciones de salud.

Sin lugar a dudas, la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial es un avance, pero mientras no se transforme en ley es una declaración de buenas intenciones. Si el gobierno está verdaderamente dispuesto a avanzar a un sistema de salud público e inclusivo, debe necesariamente exiliar al mercado del ámbito de los derechos.

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Cecilia Moreno es integrante del Núcleo Feminista Izquierda Autónoma y  Matías Goyenechea es director de la Fundación Creando Salud