El pasado martes 7 de octubre la Corte Suprema finalmente acogió la solicitud de las comunidades diaguitas, las que serían las principales afectadas por el proyecto minero de las empresas canadienses Goldcorp (70 por ciento) y New Gold (30 por ciento).

El tribunal ordenó la realización de nuevo proceso de consulta indígena, acogiéndose al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo implica que la minera debe obtener nuevamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la que había sido obtenida a fines de octubre del 2013.

Según el fallo de la Corte Suprema, los informes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que finalmente avalaron el Estudio de impacto Ambiental y a la RCA de la minera no fueron válidos, pues no se consideró la consulta indígena de la comunidad afectadas.

“Dejar sin efecto los Informes de Conadi contenidos en los Oficios N°00 y 564 de 2013 en los cuales la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto El Morro, y la Resolución de Calificación Ambiental N°232 de 22 de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto Ambiental”, como se constata en la sentencia del tribunal.

La situación expuesta en el informe de la Conadi y decretada por la Corte, a juicio de la comunidad afectada, constituyó una violación de sus derechos, tal como exponen en un comunicado publicado en el día de hoy.

“Se restablece el estado de derecho. El máximo tribunal evidencia que la actuación de las autoridades estatales en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero El Morro, en particular de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de la autoridad ambiental, es ilegal, porque ha suspendido la consulta indígena sin fundamentos, es decir de forma arbitraria, y lo que es más grave sin cautelar los derechos indígenas”, asegura el comunicado de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos y Observatorio Ciudadano.

Por este motivo, la Corte Suprema decretó que “la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama deberá solicitar a Conadi nuevos informes, en los cuales exponga fundadamente su criterio en cuanto a la pertinencia de cancelar el proceso de Consulta Indígena dispuesto en la Resolución N°69/2013”, añadiendo que sólo entonces el servicio podrá emitir una nueva RCA, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en la legislación ambiental.

La larga lucha de las comunidades

Durante el año pasado, poco tiempo después de aprobada la RCA por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, las comunidades afectadas tuvieron su primera lucha judicial para impedir el proyecto.

Fue así como en noviembre del 2013, diaguitas, huascoaltinos y agricultores de la zona presentaron un recurso en contra de la minera, argumentando no haber participado del proceso de consulta indígena que establece el convenio 169 y la posible afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general.

Luego de seis meses de diligencias, la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió en abril de este año no acoger el recurso y fallar en favor de la empresa, autorizándola a iniciar sus labores. Pero, tal como habían señalado en aquel entonces, las comunidades no se quedaron de brazos cruzados y apelaron nuevamente a la Corte Suprema, resolviéndose finalmente el conflicto con el fallo del pasado martes, el cual tiene carácter de inapelable.

Un éxito absoluto para una comunidad que reclama justicia, y que además del mediático Pascua Lama, ha debido lidiar con otros cinco proyectos mineros que amenazan sus tierras ancestrales.

“Este fallo constituye un hito histórico para la protección de las tierras de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos y de los derechos de los miembros de esta organización indígena de base ancestral, constituida por 260 familias que han preservado estas tierras y su sistema de vida y costumbres desde tiempos inmemoriales hasta la fecha”, aseguran las comunidades en el comunicado público.

El Morro 

El ambicioso proyecto minero, que se ubicaría a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 80 kilómetros al este de la ciudad de Vallenar, posee de acuerdo a la información de la propia empresa, reservas probables de unos “6,7 millones de onzas de oro y de 4,9 mil millones de libras de cobre”.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la mina pretende obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre diario, para lo cual necesitan extraer unas 90.000 toneladas diarias de mineral total, lo que significa a su vez la generación de aproximadamente 296.100 toneladas de material estéril y unas 90.410 toneladas de relaves.

El Morro será un proyecto minero a rajo abierto que pretende explotarse por aproximadamente 14 años, tras lo cual se estima que se generarán 450 millones de toneladas de relaves, los que serán acumulados en un gran depósito contenido por un muro que alcanzaría una altura de 230 metros.

Es por esto que el proyecto ha sido denunciado por diversas organizaciones por generar grandes pasivos ambientales y afectar directamente la cantidad y calidad del recurso hídrico disponible en la cuenca.