Se define el Estado de Chile como Estado Descentralizado. Se busca dotar a los gobiernos regionales de las capacidades de autonomía de gestión que les permitan desempeñar sus tareas. A partir de la definición del Estado de Chile como uno de carácter descentralizado sobre un territorio indivisible, la autonomía política exige consagrar la elección popular de las autoridades del ejecutivo regional. La descentralización fiscal, por otra parte, requiere habilitar un marco constitucional para ella. Respecto de las competencias de gobierno y administrativas, también resulta conveniente ajustar la Carta Fundamental. Una definición constitucional precisa de las competencias de los gobiernos regionales no solo ayuda a reducir los eventuales y previsibles conflictos de competencias que puedan suscitarse entre los distintos niveles de gobierno, sino que es, además, condición necesaria para atribuir al Tribunal Constitucional la función esencial de dirimir tales controversias.

Elección de la máxima autoridad regional. Se propone el Ejecutivo del Gobierno Regional sea elegido por la ciudadanía a partir de Octubre de 2016 de forma simultánea a las elecciones municipales. El intendente será también el presidente del CORE, eliminando la duplicidad actual, y será el encargado de las áreas metropolitanas con el consejo de alcalde respetivo además del CORE. Se mantienen Seremis de manera simple, a fin de mantener la coordinación con los ministerios. La delegación regional del Gobierno central se realizará a través de las proivincias, de modo que el gobernador pasaría a llamarse Delegado Provincial.

Traspaso de Competencias, Servicios y Programas. La Comisión propone un calendario plurianual para traspasar competencias, servicios y programas públicos desde los Ministerios y Organismos Centrales a la dependencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, de modo que pueda ser incorporado en el proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento.

Creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas. La Comisión propone crear un Sistema para la Administración de las Áreas Metropolitanas (la de Santiago, que se propone denominar precisamente como Área Metropolitana de Santiago, y las del Gran Valparaíso y Gran Concepción, con posible extensión futura a otras), basado en cada Gobierno Regional y en articulación con las correspondientes Municipalidades. Se trata de garantizar una mejor gobernanza metropolitana pero sin duplicar funciones y sin crear un cuarto nivel de gobierno, esto es, generando una instancia que imbrique las capacidades de coordinación del Gobierno Regional con las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

Ley de Rentas Regionales. Entendiendo que una región con representatividad democrática y con competencias administrativas pero sin recursos para gestionarlas constituye una combinación destinada a fracasar, la Comisión propone crear una Ley de Rentas Regionales (que hoy Chile no tiene) al tiempo que fortalecer la Ley de Rentas Municipales, de modo de permitir la gestión autónoma local y regional desde el actual 18% hasta alcanzar un 35% del gasto subnacional del total de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo. Se trata aquí de establecer una corresponsabilidad que excluya la pereza fiscal, combinando la devolución de recursos desde el nivel central pero también estimulando el esfuerzo local/regional, al tiempo que permitiendo a las regiones endeudarse para grandes inversiones que reactiven la economía, pero poniendo límites nítidos que aseguren un proceso financieramente responsable.

Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional. Se propone crear el Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional, inspirado en el modelo de la Unión Europea y de otros países (Canadá, Australia, Japón), dirigido a establecer mínimos comunes de servicios garantizados en cualquier parte del territorio nacional. Para ello, se postula un plan piloto de 200 millones de dólares el 2015, para crecer por ley a 600 millones el 2016, a 800 millones el 2017, a 1000 el 2018, 1200 el 2019 y 1400 millones de dólares el 2020 en estado de pleno régimen.

Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano. Se trata de un conjunto de medidas específicas que la Comisión sugiere con el objetivo fundamental de contar con capital humano calificado para el desarrollo de comunas y regiones, que contemplan una variada gama de incentivos dirigidos a atraer, retener, formar, renovar y reconvertir técnicos, profesionales y postgraduados. Es importante destacar que, junto a la Elección de Intendentes, ésta es la medida más demandada en los 15 Diálogos Regionales.

Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional. El énfasis se pone, en este conjunto de medidas, en las capacidades requeridas para liderar y articular políticas públicas regionales. Se trata aquí, fundamentalmente, de proveer los mecanismos que permitan fortalecer las instituciones públicas regionales, potenciando el liderazgo del Gobierno Regional en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas regionales.

Estatuto especial para la Araucanía. El documento estipula declarar región plurinacional y multicultural a la región actualmente denominada “de La Araucanía”. Permite un espacio de reconocimiento y una posibilidad de pacificación profunda, duradera y real, que bajará los niveles de violencia. Esta propuesta fue apoyada por los cinco comisionados de la Araucanía Von Baer, Carrasco, Benavente, Toloza y Marimán.

Democracia Local y Regional. La Comisión propone un conjunto de ideas de innovación dirigidas a flexibilizar la creación de partidos políticos regionales (modificando la Ley de Partidos Políticos), al establecimiento de primarias obligatorias para la decisión de candidaturas, mecanismos de limitación de la permanencia continua en el poder de unas mismas personas (estableciendo límites a la elección: Intendente y Alcalde hasta dos periodos consecutivos, Concejal y Consejero Regional hasta tres) y la exigencia de voto programático, de modo que la ciudadanía se pronuncie sobre la base de propuestas programáticas concretas, susceptibles de evaluarse en su cumplimiento.

Fortalecer la Participación Ciudadana. Se trata, en este caso, de un conjunto de propuestas que estimulan poderosamente la vinculación y la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés local y regional, dirigidas a la organización de la sociedad civil, a plebiscitos, decisiones regionales y a una mayor transparencia en la gestión pública. Se incluyen aquí la posibilidad de exigir plebiscitos regionales y locales con un 5% de las firmas del padrón electoral; y la sugerencia de que la ley establezca un sistema de referéndum revocatorio para el mandato de una autoridad regional y local.