El presupuesto anunciado para 2015 está centrado principalmente en Educación, especialmente en el financiamiento de becas, donde se espera llegar hasta el 70% de los postulantes. Ese énfasis en recursos directos para estudiantes y no para las instituciones, ¿es una tendencia que los sorprende?

No, no necesariamente. Lo que nosotros observamos es que este presupuesto, específicamente en educación superior, no contiene el impulso para fortalecer el sector, particularmente a las universidades de carácter público. Si uno se fija en el financiamiento a la oferta (o instituciones) y luego en el financiamiento a los estudiantes, y además considerando otro capítulo que nos parece importante como lo es ciencia y tecnología, uno ve que el presupuesto no tiene un real impulso, no obstante que contiene algunos cambios que contienen una señal positiva, como crear una línea de financiamiento específico para las universidades del Estado. Eso tiene, desde luego, un valor desde el punto de vista conceptual y político, porque hasta ahora no se había considerado en los presupuestos de las últimas décadas. Sin embargo, nos parece que los presupuestos no se caracterizan de modo preponderante por las visiones conceptuales, sino por la cantidad de recursos que se asignan efectivamente. En el caso de las universidades del Estado, entendemos que se requiere de un esfuerzo mayor para el financiamiento institucional, para asegurar la misión y rol público de estas universidades. Ese esfuerzo mayor no está presente en el proyecto tal como fue ingresado el día lunes a la Cámara de Diputados.

¿Cuánto sería ese esfuerzo para que sea suficiente?

No estamos hablando para nada de montos que amenacen los equilibrios del presupuesto de la nación, ni las cuentas fiscales. Estamos simplemente diciendo que, en el caso de esa línea de financiamiento a las universidades del Estado, considerando que se trata de 16 universidades, y que varias de ellas están en situaciones bastante complejas y requieren por lo mismo de financiamientos relevantes, al revisar analíticamente los 34 mil millones anunciados para el Convenio Marco de Universidades Estatales, como se denomina en la glosa respectiva, se advierte que están contenidos recursos que por otros conceptos ya tenían las universidades estatales, por lo que si se despeja eso, estamos hablando solo de unos 26 mil millones de pesos nuevos. Por lo mismo, nuestro llamado es a que el Gobierno haga un esfuerzo para que esa línea de financiamiento específica vaya más allá de ser un simple cambio conceptual, y se transforme en un incremento. Lo que se necesita es duplicar esa cantidad efectiva de 26 mil millones, para llegar a unos 50 mil millones, que permitirían iniciar los planes de fortalecimiento y desarrollo de las instituciones.

La discusión por el subsidio a la demanda y la oferta, que en el fondo son los estudiantes y las instituciones respectivamente, lo advirtieron los estudiantes desde el inicio del gobierno. Considerando que aún se discute la reforma, ¿se esperaba realmente un cambio en la tendencia a financiar más las becas y créditos más que a las instituciones?

Nosotros teníamos las esperanzas de ver un cambio significativo de financiamiento a las instituciones, porque hasta ahora en lo que se han concentrado los esfuerzos es en el subsidio a la demanda. Eso ha dado lugar a un instrumento bastante perverso, como el Crédito con Aval del Estado. Desde luego, en este presupuesto se ratifica que esa tendencia se mantiene. El CAE se incrementa en 60 mil millones de pesos, llegando el gasto actual por ese concepto a 432 mil millones, y en eso no vería una responsabilidad directa y estricta del actual gobierno, que lleva seis meses, porque ahí existen definiciones y normas legales que siguen vigentes, y no se pueden cambiar. Lo que decimos es que eso demuestra la urgencia de una reforma en el sistema de financiamiento, porque desde luego que esa es una transferencia directa a las instituciones financieras privadas, que carecen de toda regulación, de todo sistema de rendición de cuentas de recursos públicos. Esa reforma debe ser cualitativa y estructural de nuestra educación superior.

¿Usted cree que ese espíritu está contenido dentro de la reforma, en el sentido de transformar radicalmente el financiamiento a las instituciones?

Creo que el compromiso político que hay con la gratuidad es explícitamente la respuesta que viene a transformar el sistema de financiamiento de manera radical, porque eso no justificaría la existencia de un sistema intermediado por los bancos, que en esa operación obtienen ganancias significativas. Claro, al ver ahora el presupuesto todavía se aprecia ese sistema, sin querer imputar la responsabilidad al actual gobierno sino que observemos como en la principal política pública que es el Presupuesto de la Nación, todavía está presente y queda pendiente esta forma tan distante de lo que queremos, porque el Crédito con Aval del Estado es lo contrario a entender la educación como un derecho social.

Esta diferencia de financiamiento en las universidades llevó al rector de la UC, Ignacio Sánchez, a afirmar que el trato preferencial a las universidades del Estado resultaba discriminatorio para las no estatales, ¿qué opina usted de ese reclamo?

No comparto el supuesto que tiene esa apreciación del rector Sánchez, porque las Universidades estatales hemos dicho en todo momento que, esta nueva relación del Estado con sus universidades, que pasa entre otras cosas porque haya instrumentos de financiamiento específicos, no ha de importar para nada un detrimento o menoscabo en la relación que el Estado ya tiene con otras universidades hace largo tiempo, y que han sido sin duda coadyuvantes en la función educacional pública. En consecuencia, no es incompatible que el Estado aporte a sus universidades precisamente porque son de su propiedad, y porque tienen un rol y misión institucional que nadie puede separar de su vinculación jurídica con el Estado. Estas otras instituciones que no tienen el mismo carácter, pero que desde luego se relacionan con el Estado, perfectamente pueden recibir recursos, pero no en los mismos términos ni por las mismas razones.

No hay discriminación si se entiende que esa relación del Estado con las universidades que le pertenecen, es simplemente en virtud del carácter del vínculo que las une. Nadie podría decir que, cuando el Estado hace un aporte a por ejemplo un hospital público, y no hace lo mismo con una clínica privada que puede cumplir funciones semejantes, el Estado está discriminando. Me parece que es usar de manera exagerada el concepto de la discriminación. Lo único que queremos es que estas universidades vuelvan efectivamente a tener el carácter de estatales, porque hasta ahora lo que se observa, sobre todo en los últimas cuatro décadas, es que éstas han sido privatizadas de hecho, y lo único que conservan de estatales es el régimen jurídico que las sujeta a la condición de todo organismo público.

Eso va en la misma línea que planteó en su momento el rector Ennio Vivaldi, respecto de que no existen realmente universidades públicas en Chile.

Bueno, yo mismo escribí hace algunos años en una columna donde llamé a estas universidades como privatizadas de hecho, porque tienen que competir por recursos, y lo hace en un contexto donde es bastante más heterogéneo, entonces uno no advierte cuál es el carácter específico que hace a estas instituciones estatales o públicas, distinguiéndolas de otras que tienen un régimen jurídico privado. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que nuestras instituciones requieren de un cambio, porque de lo contrario se las mantiene en ese esquema de ortodoxia neoliberal que entiende que el Estado se quedó con estas universidades, pero que en realidad las mantiene a regañadientes, y lo que quisiera es que ojalá la oferta sea solamente privada.