El desprestigio de la actividad política en Chile y la desconfianza hacia las instituciones ambientales se debe, en parte importante, a que las actividades de lobby tienen lugar en la más absoluta opacidad. Se ha vuelto usual constatar que durante la evaluación ambiental de mega proyectos energéticos y mineros, con importantes intereses en juego, el lobby realizado por los grupos económicos involucrados pesa más que la resistencia de las comunidades afectadas o que las consideraciones técnicas ambientales que deciden la aprobación o rechazo de éstos.

El deseo de los distintos actores involucrados en conflictos ambientales de influir sobre las autoridades y quienes toman decisiones es un hecho innegable y, en la práctica, inevitable. Ejemplos hay muchos: Ralco, Hidroaysén, Río Cuervo, Alto Maipo, Guacolda y Pascua Lama son sólo algunos de ellos.

Uno caso emblemático respecto a la influencia del lobby sobre las decisiones de las autoridades en torno a proyectos energéticos, corresponde a lo ocurrido con la central Campiche (Puchuncaví) durante el primer mandato de Bachelet.

Luego de que Wikileaks desclasificara una serie de cables enviados desde la embajada de Estados Unidos en Chile a Washington, se supo públicamente que AES Gener recurrió a autoridades más altas para solucionar los problemas que enfrentaba el proyecto.

Así fue que el embajador, Paul Simons, hizo llegar una carta escrita por el secretario de comercio de EEUU a la entonces Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, al Ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, y al de energía, Marcelo Tokman. En la carta, Gary Locke pedía que se buscara una “solución” al “conflicto” que estaba teniendo la empresa estadounidense.

Cuento corto. Entre el embajador Simons, Felipe Cerón, Gerente General de AES en Chile, y Andrés Gluski, presidente de la empresa, convencieron a los políticos chilenos de tomar medidas para permitir la construcción de la central.

El 31 de diciembre de 2009 se publicó el Decreto Supremo Nº 68 (DS), el cual  modificó la regulación urbanística nacional, en lo que dice relación con los usos de suelo para las actividades energéticas, estableciendo que si un 30% o más de un terreno tiene un uso de suelo, entonces todo el terreno puede usarse así. Paradójicamente el terreno de la construcción de la termoeléctrica tenía un 33% industrial, y un 67% para áreas verdes.

Rodríguez Grossi, Tironi y el lobby energético

Uno de los campeones en el campo de la aprobación de proyectos hidroeléctricos es Jorge Rodríguez Grossi, actual presidente ejecutivo del directorio del proyecto Alto Maipo.

El vínculo de Grossi con el sector eléctrico es indesmentible. El economista DC no sólo es un experto en el rubro energético, sino que además, a través de distintos roles, se ha consolidado como uno de los hombres fuertes de AES Gener. Entre 2007 y 2011, fue miembro del directorio de la empresa, así como también de la central termoeléctrica Guacolda, la cual presidió y dirigió en distintas oportunidades a partir de 1994 y donde impulsó la entrada a nuestro país del uso del Pet Coke para la generación de energía; sistema prohibido en otros países por sus efectos sobre la salud humana.

Antes de eso, Rodríguez Grossi fue presidente de Codelco, así como subsecretario de Hacienda y subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Patricio Aylwin. Más tarde, en el 2001, se incorporó a la administración de Ricardo Lagos, llegando a ser triministro, a la cabeza de las carteras de Economía, Minería y de la Comisión Nacional de Energía.

El actual cargo de Grossi en Alto Maipo es fuertemente cuestionado por diversas organizaciones. Para la vocera de No a Alto Maipo, el apoyo político expresado recientemente por el ministro Pacheco al proyecto hidroeléctrico es fruto del lobby político realizado por Jorge Rodríguez Grossi.

“Cuando nos enteramos de la llegada de Jorge Rodríguez al proyecto sabíamos que era para esto, para empujar y buscar apoyos políticos y tráficos de influencia debido a los fuertes cuestionamientos que enfrenta el proyecto Alto Maipo no solo por parte de la ciudadanía, sino que también distintos parlamentarios, alcaldes y concejales de la Región Metropolitana.”

Por su parte, cuando se habla de Eugenio Tironi, cuesta no vincular su nombre a sus asesorías comunicacionales y el lobby realizado a favor de numerosos proyectos de grandes empresas.

Las empresas de Tironi son dos. La principal, y cuyas tareas asume personalmente, es Tironi y Asociados. Creada en 1994, luego que su fundador dejara la dirección de Comunicaciones del Gobierno de Patricio Aylwin, ha tenido entre sus clientes a empresas poderosas, como Endesa; Minera Los Pelambres, del grupo Luksic; Arauco, de Angelini, y Codelco. En el directorio de la empresa figura además Ascanio Cavallo, uno de los columnistas más influyentes de La Tercera. [1]

La otra firma creada por Tironi para asesorar a las grandes empresas es Gestión Social, fundada en 2004, cuyo directorio preside, pero que está conformada en su gran mayoría por ex miembros de Un Techo Para Chile, como Javier Zulueta y Andrea Cifuentes. Entre sus clientes figuran HidroAysén, Colbún, Esval y Essbio.

La tarea de las consultoras de Tironi es realizar el trabajo hormiga que desarrollan las empresas encargadas de intervenir comunidades para reducir los conflictos y permitir el avance de los proyectos de las grandes empresas.

En el círculo de grupos ambientalistas que suelen oponerse a este tipo de proyectos, consideran que las consultoras son unos verdaderos monstruos al servicio de las grandes empresas.

De acuerdo a declaraciones de Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, a El Mostrador,“estas empresas de Relaciones Públicas son contratadas para dividir a las comunidades con el objetivo de insertar los proyectos y armar bloques, comprando a algunas personas y ofreciendo dinero, haciendo relaciones con los municipios.

 

[1] http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/13/tironi-correa-y-los-otros-la-mano-de-los-consultores-en-el-freno-a-la-agitacion-social/