El actual presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez, encabeza el grupo de diputados con mayor cantidad de aportes reservados, con $268.249.000 pesos, lo cual significa casi la totalidad de sus gastos declarados ante el Servel para la campaña parlamentaria que le reeligió en el Distrito N° (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura) en 2013.

En la elección, donde obtuvo el 33,99 por ciento de los votos, terminó ocupando el segundo cupo tras conseguir el doblaje con su compañero de lista, Nicolás Monckeberg, quien logró el 34,59 por ciento de las preferencias.

Ambos forman parte de los diez diputados con mayor cantidad de donaciones reservadas a sus campañas políticas. Y dado el carácter reservado, tal como lo dispone la ley, de los fondos provenientes de empresas privadas para sus campañas, al igual que la del resto de los parlamentarios, se mantienen sólo en conocimiento del Servicio Electoral.

Sin embargo, la cercanía de Silva con los cuestionados fundadores del Grupo Penta, hoy bajo investigación por posible delito de evasión tributaria, sirve para preguntarse dónde podrían provenir dichos fondos.

Su carrera política se inició bajo el alero del Grupo Penta. Silva ingresó al partido de calle Suecia recién en noviembre de 2007 y fue formado por el mismo equipo que forjó a Joaquín Lavín como el candidato de la alianza. Allí figuran su padre Ernesto Silva Bafalluy, Federico Valdés (ex-presidente de Azul Azul y actual rector de la Universidad del Desarrollo) y Carlos Alberto “Choclo” Délano (socio fundador del Grupo Penta), con quien ha reconocido en más de una ocasión tener una relación de cariño y amistad.

Silva Méndez, hijo del fallecido fundador de la Universidad del Desarrollo (UDD), mantuvo una relación privilegiada con el poderoso grupo económico y específicamente en la casa de estudios predilecta de la UDI, donde actualmente forma parte del Consejo Directivo y es académico de la Facultad de Gobierno. Además, comparte con el conglomerado la propiedad de la Inmnobiliaria Ainavillo S.A., considerada como una de las “sociedades espejo” que agrupa a los controladores de la UDD, y que “presta servicios” a la casa de estudios como eventual mecanismo para retirar ganancias del plantel universitario.

Aún cuando la conexión entre ambos es abiertamente reconocida, el hipotético financiamiento del Grupo a la candidatura de Silva no puede ser revelado, dadas las características de la ley que regula las donaciones a las campañas políticas. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente.

 

La “incómoda” indicación que verá el Senado

Fue en el marco de la discusión para acabar con el sistema binominal cuando los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic aprovecharon de reponer una indicación que prohíbe los aportes de parte de empresas privadas y elimina la figura de los aportes reservados. Consiguieron los votos necesarios y dejaron en manos de la Cámara Alta la peliaguda discusión, que quedó fijada para  próximo martes 9 de septiembre.

María Jaraquemada, directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, destacó la importancia de que se discuta el tema en el Senado y señaló que “es urgente transparentar las donaciones que reciben, tanto los partidos como los candidatos, en períodos de campañas”.

Jaraquemada asegura que la actual legislación, que data de 2003, “fue un avance pero hay que volver a llegar a un acuerdo como país sobre la relación de dinero y política en esta materia”, y agrega que “hoy gran parte del financiamiento viene a través de la donaciones reservadas, y el problema que vemos allí es que en teoría, los candidatos no saben quiénes son los que les están donando, pero hay bastantes sospechas e incluso estudios que muestran que algunos casos sí se sabría”.

La abogada de Ciudadano Inteligente señala que “el problema de eso es la captura de la política y que después se pueden cobrar favores, sobre todo si son donaciones muy altas. O quizás no se cobran favores, pero sí te saltas la cola, por así decirlo. Es difícil creer que si una persona o empresa da una donación cuantiosa a una campaña, ese político después no le vaya a contestar el teléfono”.

Jaraquemada indicó que además del desconocimiento de quiénes realizan los aportes, ello se agrava aún más cuando todavía no entra en vigencia la Ley del Lobby, la cual se implementará a partir de noviembre. “Hoy no hay transparencia sobre con quiénes se reúnen las autoridades para tratar de influir en su toma de decisiones”, indicó.

Sobre el caso de Ernesto Sivla, la abogada comentó que “no hay cómo comprobar que el Grupo Penta haya donado, y en teoría la información la tiene el Servel. Los funcionarios tienen un deber de reserva respecto de esa información”.

“No vemos como algo negativo que haya financiamiento privado a la política, lo que no nos gusta es la opacidad con la que se hace, porque no se puede ejercer control social de cómo actúa una autoridad electa respecto de la persona que le donó”, aclaró Jaraquemada, y agregó que “sólo las donaciones muy pequeñas debieran seguir siendo reservadas, pero las donaciones altas no”.

Al respecto, la abogada cita un estudio del economista Claudio Agostini que reveló que en las campañas parlamentarias y presidenciales de 2009, el número de donaciones reservadas realizadas fueron bastante bajas, y el 91% de ellas fue por montos superiores a los $5 millones. Y en segundo vuelta, sólo hubo 14 donaciones reservadas. “Eso da para pensar que los candidatos sí saben quiénes se las están donando” afirmó la abogada, ya agregó que “el sistema no está funcionando como se pensó y por eso creemos que el sistema debe ser más trasparente”.

Finalmente, Jaraquemada precisó que su propuesta permite que empresarios entreguen aportes, siempre y cuando se haga de manera abierta y transparente. “No estamos de acuerdo con que las personas jurídicas y empresas puedan donar porque no tienen derecho a voto, por lo tanto nos parece bien que un empresario de manera personal y de su patrimonio pueda donar, pero las empresas no, y además que las empresas obtienen beneficios tributarios por donar y las personas no”, indicó.