La abogada Dora Lucy Arias (Colectivo CAJAR, Colombia) ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos de comunidades  afectadas por mega proyectos extractivos mineros en Colombia y Latinoamérica.  A través de trabajo de documentación, investigación y litigio, su objetivo es que “las comunidades afectadas por conflictos ambientales puedan permanecer en su territorio con plena realización de sus derechos”.

De paso por Chile, debido a su participación en el Seminario Internacional sobre los alcances del extractivismo en Chile y América Latina, Dora charló con El Desconcierto respecto a la situación de comunidades gravemente afectadas en sus derechos humanos por el avance de proyectos extractivos a gran escala y de infraestructura en sus territorios

¿Cuáles son los factores principales que explican la gran cantidad de conflictos ambientales existentes en Latinoamérica?

Fundamentalmente tiene que ver con la imposición de un modelo donde se confrontan dos visiones de cómo se entiende y cómo se quiere vivir en el territorio. Por una parte están las comunidades que ven sus tierras como una fuente de abrigo, de soporte de vida y de tejido social. Por otra, están quienes conciben el territorio como un medio de producción y de acumulación de riquezas. Son dos visiones encontradas que inevitablemente generan conflictos que se expresan en lo ambiental, en lo social y lo político.

¿Qué responsabilidad tienen los Estados frente a los conflictos ambientales existentes en la región?

Los conflictos ambientales están generando graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de toda Latinoamérica. Estas violaciones tienen que ver con una responsabilidad estatal asignada en instrumentos internacionales y los acuerdos nacionales que se fijan en las constituciones y en las normas. Los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos, protegerlos y garantizarlos.

Lamentablemente, la actitud de los estados latinoamericanos ha sido plegarse a los intereses de  empresas y grandes corporaciones, permitiendo una captura coorporativa de sus instituciones. Ello ha derivado en que los derechos humanos de sus ciudadanos queden en una franca vulneración. Hay riesgos latentes de que se profundicen estos conflictos y con ello que se exacerben estas violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, no solo los estados anfitriones, es decir los estados que reciben a las empresas, tienen responsabilidad. Los estados de donde proceden estas empresas, al promover actividades y actores que generan importantes daños sociales y ambientales en los territorios donde se emplazan, tienen una importante responsabilidad internacional en materia de derechos humanos.

¿Qué medidas y compensaciones concretas se puede plasmar a partir de dicha responsabilidad internacional?

Uno de los temas a tratar en el seminario es el impacto de la minería internacional en América Latina. Más del 65% de las inversiones mineras en toda América viene de empresas canadienses como Barrick Gold.

El problema radica en que actores de tanto poder están fuera del control y fuera de la normatividad en materia de derechos humanos, es decir están al margen de la ley. No hay normas que regulen la actividad empresarial al respecto.

A través del proceso de documentación que hicimos varias organizaciones en América Latina, pudimos constatar como Canadá promociona su industria minera fuera de sus fronteras, apoyando a empresas incluso a través de actividades diplomáticas, así como la incidencia que tienen estas grandes corporaciones para crear normas favorables para la actividad en países en vías de desarrollo donde se instalan.

No existe una normativa en Canadá que permita a los ciudadanos de otros países del mundo recurrir a la justicia canadiense para denunciar los daños generados. Una de las peticiones que estamos realizando es adecuar un aparato de justicia con normativas de carácter vinculante y no de carácter de voluntario que permitan una tutela efectiva para las violaciones a los derechos humanos por parte de empresas internacionales.

Los derechos humanos tienen un carácter de obligatoriedad y no de voluntariedad como se ha pretendido instaurar a través de la llamada responsabilidad empresarial o responsabilidad social corporativa. Lo que debe ser obligatorio se ha convertido en voluntario, dejando expuesto a los ciudadanos en estas partes del mundo.

En el plano local ¿Cuál es el camino y los mecanismos más efectivos a seguir por las comunidades afectadas por mega proyectos mineros y energéticos para defender sus derechos y territorios?

Las comunidades están haciendo lo que está en sus manos, denunciando, organizándose, alzando su voz de protesta y alertando sobre los riesgos y situaciones que implican estos mega proyectos.

Uno de los grandes problemas es el ocultamiento de estas voces y el desamparo institucional que están viviendo las comunidades afectadas en América Latina. El problema de que los estados sean coaptados por estas corporaciones y que su actividad pro derechos humanos se opaque cada vez más, es un problema no solo de las comunidades afectadas sino de todos los pueblos, en este caso de todos los chilenos.

Una de las soluciones debiera provenir desde los estados; controlar a estas enormes coorporaciones, escuchar a sus ciudadanos, tomar las medidas efectivas que terminen con la impunidad de empresas trasnacionales ante las violaciones de derechos humanos y los daños a la naturaleza.

¿Es posible intervenir y usar los recursos naturales de un territorio sin pasar a llevar los derechos   de las comunidades que lo habitan?

La pregunta que debe hacerse una nación es qué tipo de extracción quiere, para qué se necesitan los minerales extraídos o la energía generada y cómo generar proyectos que no impongan cargas ambientales injustas sobre las comunidades donde se emplazan.

Es imprescindible que los gobiernos latinoamericanos, independiente de su tendencia política, den un salto cualitativo a través de un reflexión profunda e interna, sin presiones externas, respecto a los límites de la naturaleza y como sus recursos alcanzan para satisfacer las necesidades humanas, más no su codicia.

Enfrentamos un proceso de explotación y acumulación basado en la destrucción de los territorios acompañado del despojo de la identidad y conocimiento de las comunidades afectadas. Por lo general a través del abuso de poder y el uso de violencia hacia estas comunidades. Es necesario que desde los derechos humanos, que son mecanismos de contención al poder, también se analice qué es lo que está pasando respecto a las sequías, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de tejidos sociales.