Declaración Pública

Santiago, 04 de agosto 2014

Un grupo de estudiantes de la Universidad Arcis hemos tomado la decisión de presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, preocupados ante la situación de incertidumbre y de sostenida crisis interna, producida por la deficiente administración por parte de sus autoridades y la nula transparencia con la que actúan, produciendo la masiva vulneración de nuestros derechos salvaguardados en el ordenamiento jurídico.

Nos encontramos ante la circunstancia que la Universidad violenta la Integridad Psíquica de los estudiantes, su libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes y su derecho de propiedad, en sus diversas especies, a través del permanente incumplimiento de los contratos, acuerdos e institucionalidad legal y reglamentaria; y nos vemos en la obligación de recurrir sólo de estos derechos porque en Chile la educación es concebida como una mercancía que puede ser comprada y/o vendida, otorgada y/o restringida, según discrecionalidad privada, es decir del mercado, trastocando la esencia pública que debiese caracterizarla.

El derecho a la educación en Chile no es reconocido ni está protegido por la Constitución y no es posible invocarlo como tal en el recurso que hoy presentamos, lo que nos deja como único espacio apelar al derecho que cada estudiante tiene de adquirir un bien público como es la educación, que debiera ser gratuito, pero por el cual se pagan altos aranceles, nada fáciles de cubrir con el presupuesto familiar y ante lo cual hipotecamos el futuro mediante el endeudamiento.

Se acude a la Justicia para que se cumpla a cabalidad con los compromisos adquiridos por la Universidad con los estudiantes, quienes nos encontramos en precarias condiciones para el desenvolvimiento de nuestras actividades académicas. Dichas condiciones son al menos las siguientes: a) Programas académicos que no han podido completarse debido al retraso sistemático o no pago de sueldos, honorarios e impuestos a funcionarios y docentes, obligándoles a paralizar sus actividades; b) renuncias frecuentes de docentes que generan vacíos y discontinuidades en los programas de estudios comprometidos; c) Salas de clases que no cuentan con equipamiento, borradores, plumones para las pizarras, ni equipos de proyección; d) las oficinas administrativas no cuentan con tóner para las impresoras, y los estudiantes no hemos podido hacer uso de un derecho como es la impresión gratuita de materiales de estudios; e) los baños no cuentan con jabón ni papel higiénico; f) no funcionan los Consejos de Escuela, los estudiantes no tienen espacios de interlocución vinculantes ni consultivos que operen en la mayoría de las carreras; g) no existe espacio físico para funcionamiento de la organización de los estudiantes, debiendo realizar reuniones en salas de clases o recintos dedicados para el estudio; h) acoso a docentes que no cuentan con la simpatía de algunos directores de carrera, obligándoles de este modo a renunciar.

Pese a lo anterior los estudiantes deben cancelar mensualmente sus aranceles, los que se encuentran en un rango entre 1,2 a 3,5 millones de pesos anuales, lo cual hace inexplicable la situación de vulnerabilidad y carencia de condiciones materiales para el desarrollo de sus actividades académicas en plenitud y de acuerdo a lo comprometido por la Universidad.

Quienes administraban la Universidad hasta el año 2013 han señalado públicamente haber dejado la Universidad saneada, argumento tajantemente desmentido cuando en realidad ésta ha quedado en una situación extremadamente crítica, sin tener siquiera hoy la posibilidad de contar con bienes patrimoniales que avalen un salvataje financiero que le permita superar la feble situación en que quedó.

Consideramos que la única salida a esta situación es la total transparencia respecto a la gestión financiera y administrativa realizada, lo cual amerita una investigación profunda que pueda explicar de qué manera se ha llegado a esta crisis, y se determine y sancione las responsabilidades en caso de existir, dado que no resulta explicable que durante el año 2013 se haya vendido el inmueble de la sede Huérfanos a una entidad financiera por un monto superior a 1500 millones de pesos, mostrando contablemente ese año un Estado de resultados positivo, y haya comenzado el año 2014 con una crisis de liquidez e incapacidad de solventar el pago de los sueldos de los funcionarios y docentes.

Hoy docentes y funcionarios de la Universidad se encuentran nuevamente con sueldos y honorarios impagos; por lo cual hemos solicitado a la Corte de Apelaciones que indague respecto del origen de esta situación de crisis reiterada, que pone en riesgo la continuidad de nuestros estudios, y a la vez ordene medidas correctivas para asegurar el pago de los honorarios y sueldos de docentes y trabajadores.

Quienes controlaban la Universidad han dado explicaciones inverosímiles respecto del origen de estas crisis cíclicas, lo que nos obliga a recurrir a organismos idóneos que nos permitan hacer transparente esta situación.

Pensamos que superar la situación que afecta a la Universidad Arcis pasa por abordar el estado general de la educación en Chile, iniciando la transformación profunda de sus estructuras, de manera que la gestión de las instituciones de educación quede en manos de la comunidad educativa y no en entidades corporativas o empresariales. El lucro no puede ser impedido mediante leyes o simples declaraciones, se requiere un cambio estructural que devuelva a la educación su carácter social y no mercantilizado.

Es necesaria la modificación del sistema de financiamiento privado con aval del Estado, y avanzar hacia una educación íntegramente gratuita recobrando su carácter público en todos sus niveles.

Finalmente el sistema de acreditación de las Universidades no puede depender de criterios principalmente económicos. La perversidad del sistema de acreditación impone criterios ultra liberales para la sustentabilidad de las Universidades, fomentando mecanismos que tuercen el espíritu de las normas y acaban promoviendo no solo el lucro, sino también la corrupción y manejos poco transparentes, con lo cual se ven favorecidas principalmente las instituciones financieras y los bancos, mientras los estudiantes incrementan su endeudamiento y en consecuencia su vulnerabilidad.

Carlos Alberto Sanchez Soto, Carlos Samuel Ramírez Vargas, Astrid Yesenia Bascur Oliva, Isidora Kenia Navarro Ruíz, Eevan Aarón Contreras Despott, Juan Pablo Pozo Rondón, Gustavo Jhonny Fuenzalida Mercado, Nayadet Andrea Campos Contreras, Marco Antonio Arriagada Alfaro.

ESTUDIANTES DE: CIENCIA POLITICA, ANTROPOLOGIA, LITERATURA INGLESA, PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION