Antes y durante el lanzamiento de los diálogos ciudadanos, el MINEDUC avanzó en la tramitación de la reforma educacional presentando dos nuevos proyectos de ley. El primero, que crea dos universidades estatales en regiones, como parte de las medidas anunciadas para los primeros 100 días de gobierno. El otro, denominado de “agenda corta”, que busca inyectar recursos para el fortalecimiento de la educación pública a nivel escolar, y surgiendo como resultante del intenso debate respecto al proyecto que busca poner fin al lucro, la selección y el copago, particularmente en cuanto a los dineros que dicho proyecto disponía para la compra de establecimientos.

Desde el Centro de Estudios de la FECh, analizamos ambos proyectos al alero de los planteamientos del Movimiento Estudiantil. Como denominador común, en ambos se echa de menos que exista una claridad respecto a un proyecto integrado y coherente de desmercantilización del proceso educativo, así como también se echan en falta ciertas garantías concretas para avanzar en la consagración del derecho social a la educación, en el marco de una institucionalidad educativa pública, colaborativa, inclusiva y democrática. Bajo este prisma y el norte de construir un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública es que se analizan estos proyectos, compartiendo algunos elementos a través de esta columna.

 

Nuevas universidades, nuevas interrogantes

El proyecto que crea las universidades estatales en las regiones de Aysén y el Libertador Bernardo O´Higgins (ver minuta completa CEFECh) abre oportunidades, pero asimismo plantea ciertos riesgos.

Es conocido el proceso de mercadización experimentado por la educación superior a partir de las reformas de los años 80. Esto constituye una transformación que no solamente se limita a la desregulación y a la proliferación de actores privados, sino a hacer de la competencia misma entre instituciones el factor que (en teoría) dinamizaría el sistema en términos de cobertura y calidad. En ese proceso, sostenido y profundizado por los distintos gobiernos desde los años 80 hasta hoy, las lógicas de mercado han penetrado sostenidamente a las universidades del Estado, que al estar forzadas a autofinanciarse para subsistir acaban cobrando aranceles de montos muy similares a las instituciones privadas, y orientando su quehacer docente e investigativo a la demanda del mercado más que a las necesidades de largo plazo del país.

Así pues, la creación de instituciones abre la oportunidad de problematizar temáticas ausentes desde las reformas de 1981 en adelante, como una descentralización educacional que no se reduzca a abandonar a las instituciones estatales de regiones a su suerte, o bien sobre cómo se definirán los objetivos y orientaciones de estas nuevas Universidades, proceso que debiese ser fundamentalmente democrático. Es fundamental que la creación de estas instituciones sea un engranaje de una planificación general, que se haga cargo de qué es lo que queremos hacer con la educación superior como país, formando parte de un Sistema de Educación Pública nacido desde la deliberación democrática de todos los actores involucrados en educación.

Es justamente aquella claridad superior la que se echa de menos. La creación de instituciones estatales constituye entonces una oportunidad favorable, pero que perfectamente puede resultar coherente con la lógica del Estado Subsidiario si es que se concibe como una acción meramente focalizada, que interviene como un mero corrector de “fallas de mercado” allí y sólo allí donde los privados no pueden o no quieren intervenir. En efecto, en las regiones donde se pretenden crear Universidades Estatales, las instituciones privadas de educación superior no han sido capaces de conformar una oferta institucional coherente con las necesidades y demandas del contexto social y económico regional, capaz de ofrecer espacios pertinentes que combatan la tendencia a la masiva emigración de estudiantes a Santiago.

Así, la creación de instituciones públicas puede constituir un avance respecto a un Estado asumiendo un rol activo en garantizar el derecho a la educación, pero también puede ser simplemente una política de subsidio y reemplazo ante la incapacidad de los privados. Que sea lo primero y no lo segundo, depende necesariamente de que se enmarque en una estrategia integral para hacer retroceder al mercado y fortalecer la educación pública, avanzando hacia una red pública de establecimientos que actúen de manera coordinada, colaborativa e integrada en todos los niveles (educación inicial, escolar y superior).

Por otra parte, el proyecto abre también la oportunidad de que como país nos entreguemos definiciones acerca de qué es lo que entenderemos por universidad pu?blica. Lo anterior sólo podrá concretarse si se otorgan suficientes elementos para que ésta no quede sujeta al juego del mercado, por ejemplo, autofinanciándose, o careciendo de mecanismos de participación triestamental. En este sentido, resulta especialmente preocupante la propuesta recientemente anunciada por el ministro Eyzaguirre de generar gobiernos corporativos (“boards”) en las universidades, cuestión antagónica a un avance democrático que empodere a las propias comunidades de las instituciones y que aumenta el riesgo de captura de éstas por parte de intereses privados ajenos a los fines de una institución pública.

Pues es precisamente este el punto clave de la público: la democracia. La Universidad Pública que Chile necesita debe nacer de un proceso de construcción democrático, es decir, fruto de una deliberación vinculante y efectiva, sin clientelismos ni privilegios adquiridos, con la participación de todos los actores de su comunidad y de las organizaciones y redes ciudadanas de las regiones involucradas. Asimismo, esta democracia no debe agotarse en la construcción de la Universidad: debe ser parte constitutiva de su misión institucional, expresándose en sus lógicas de funcionamiento y gobernanza interior. La capacidad de la Universidad de auto­determinarse a partir de la decisión vinculante de los distintos actores de su comunidad educativa, tanto en los fines propios de la institución como en la elección de las autoridades, es clave para definirla como una Universidad Pública.

Finalmente, otro aspecto llamativo dice relación con el financiamiento. A pesar de que la gratuidad de la educación ha sido asumido como compromiso por parte del gobierno, el proyecto hace diversas referencias a los mismos mecanismos de financiamiento en clave mercantil que operan actualmente en el sistema (como financiamiento vía aranceles y matrículas). La fundación de una universidad en este contexto abre también la oportunidad para poner en marcha un nuevo trato del Estado con sus instituciones, que ponga fin a entregarlas a su sobrevivencia vía autofinanciamiento y al acceso a estas vía endeudamiento. Una oportunidad que no debe ser desaprovechada en perpetuar la lógica de mercado actualmente imperante.

 

Agenda corta, discusión larga

La “Agenda Corta” educacional del Gobierno (ver minuta completa CEFECh) no pretende ser, en sus propias palabras, más que un complemento de la “Reforma Educacional” que salvaguarde ciertos aspectos críticos del sistema educativo chileno actual. En este sentido, si la propia Reforma aún presenta claroscuros, la agenda corta que la complementa no puede sino reproducir las dudas. ¿Hasta qué punto esta dispuesto el Gobierno de la Nueva Mayoría a erradicar el mercado de la educación? ¿Cuál será el carácter de la Reforma? ¿Superaremos el consenso neoliberal que ha predominado en educación durante los últimos años, por un enfoque de derechos, donde la educación sea considerada un derecho social universal?

Preocupa en este sentido respecto del proyecto el que mantenga una lógica basada en mecanismos por desempeño para la evaluación de resultados y para la focalización de los recursos, perpetuando de esta forma la lógica empresarial detrás de esta clase de gestión educativa. Si bien se aumentan los recursos para la educación pública, la lógica con la que se entregarán no trastoca el modelo actual, por el contrario, lo profundiza. La gran inyección de recursos estará supeditada a convenios de desempeño, lo que contraviene la demanda de los aportes basales y el financiamiento a la oferta, profundizando la gestión empresarial de la educación y por tanto, perpetuando lógicas de mercado allí donde debiese primar la lógica de los derechos sociales (esencialmente, desmercantilizados).

Aún a riesgo de ser majaderos, es necesario recalcar que el fortalecimiento de la educación pública debe ser un proceso integrado, general y coherente, que no debe agotarse en medidas paliativas de las carencias más urgentes. Avanzar hacia un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública implica enfrentar la cuestión de la presencia estructural del mercado y como esta moldea hasta las prácticas de la gestión técnico-pedagógica a nivel de los establecimientos. Se trata de un proceso que necesita de planificación y grandes consensos sociales para su implementación y garantización, cuestión que sólo es posible fruto de la deliberación soberana, participativa y vinculante de la sociedad en su conjunto. Una ley corta puede terminar siendo infructífera ­cuando acaben los procesos de diálogos ciudadanos que impulsa el gobierno y el llamado “Plan Maestro­”, arriesgándose a ser un gasto de recursos y tiempo que no logre efectivamente fortalecer la educación pública, por no estar dentro de un plan general, coordinado y legitimado con todos los sectores que representan al mundo de la educación.

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Camila Miranda es Directora Centro de Estudios FECh y Felipe Larenas es Coordinador Área de Educación Centro de estudios FECh.