El pasado 8 de mayo, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, condenó a 75 ex agentes de la Dina, en un fallo que superaba las cuatrocientas páginas, por el secuestro calificado de Jorge Grez Aburto, ex militante del MIR, y parte de los 119 detenidos desaparecidos que forman parte de la denominada “Operación Colombo”.

Varios años antes, en 2008, la cantidad de procesados por el caso alcanzaba las 98 personas. Ambos datos dan cuenta de la envergadura tras la maquinaria instaurada por la “policía de Pinochet” que, entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975 detuvo mayoritariamente a miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario, y los hizo desaparecer. 100 hombres y 19 mujeres que en su mayoría no superaba los 30 años de edad.

Sin embargo, ante las denuncias de sus familiares que había comenzado interponer recursos de amparo denunciando las detenciones ilegales, el régimen decidió echar mano al control mediático que podía ejercer, y planeó una operación que involucró publicaciones falsas tanto en Brasil como Argentina, y por supuesto en Chile.

¿La estrategia? Convencer a la ciudadanía y al mundo –que por esos días presionaba para que relatores de la ONU pudieran ingresar al país, y que finalmente no pudieron hacerlo– que los 119 detenidos desaparecidos habían cruzado la cordillera, y se habían matado entre ellos producto de rencillas internas. El montaje fue elaborado por miembros del DINA, y contó con el apoyo del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

 

La prensa al servicio de la dictadura

En las portadas de la prensa nacional que ya por esos años se concentraba en el duopolio del Grupo Edwards y Copesa, el jueves 24 de julio de 1975 los titulares concretaban la mentira. “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” (Las Últimas Noticias) y el más emblemático de todos, “Exterminados como ratones” (La Segunda).

Las versiones unánimemente reproducidas estaban digitadas por Álvaro Puga, director de asuntos civiles de la Junta Militar y jefe de operaciones sicológicas de la Dina. Él, en conjunto con el jefe de Comunicaciones de la Intendencia metropolitana, Gerardo Roa, coordinaron tanto con la prensa nacional como en el extranjero, diversas publicaciones en que aparecieron los nombres de los 119 detenidos desaparecidos.

Las fuentes usadas por la prensa nacional venían del extranjero. Fueron el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil, que el 25 de junio informaba del asesinato de 59 militantes del MIR y hasta daba sus nombres. La versión aseguraba que las muertes se produjeron en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”. Posteriormente, la revista Lea de Buenos Aires del 15 de julio entregó otra nómina de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”.

La investigación posterior logró determinar que la publicación brasileña usó el nombre de un antiguo periódico del mismo nombre, pero que sólo reapareció ese 25 de junio con el único objetivo de publicar el listado de los 59 miristas supuestamente asesinados por sus compañeros. Igualmente, la revista trsandina Lea vio la luz para dar a conocer el listado de los 60 detenidos desaparecidos restantes, y nunca más estuvo en los kioskos.

Una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas recién en 2006 logró determinar las responsabilidades de los periodistas y directores de los diarios que reprodujeron el montaje de la dictadura. En un fallo de 35 páginas, se decretaron sanciones contra quienes redactaron y publicaron esas informaciones falsas.

Los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y La Segunda, Mario Carneyro, fueron declarados inimputables por fallecimiento, pero para el resto hubo censura pública y suspensión de la colegiatura por seis meses. Así, los ex directores de Las Últimas Noticias, Fernando Díaz Palma, y La Tercera, Alberto Guerrero son los únicos castigados por publicar las mentiras orquestadas por el régimen.

Además, se sancionó a la periodista de El Mercurio, Beatriz Undurraga con tres meses de suspensión de su colegiatura, por haber redactado la noticia.

En ese proceso fue invitada a declarar la periodista y directora de Ciper, Mónica González, quien reveló con sus investigaciones los antecedentes que hoy permiten dar cuenta de la falsedad maquinada por la dictadura. Sin embargo, la destacada periodista no quiso asistir y fue amonestada por el Colegio de Periodistas.

De hecho, en una publicación posterior dio cuenta de que la responsabilidad de la prensa nacional venía de antes, al ayudar a levantar la tesis de que miembros del MIR supuestamente estaban en Argentina entrenando para retornar y derrocar al régimen de Pinochet.

 

Marcha contra la impunidad

[caption id="attachment_21289" align="alignright" width="300"] Fotografía: Facebook Puelche Chile[/caption]

Hoy, a 39 años de la publicación más emblemáticamente vergonzosa para el periodismo nacional, familiares de los 119 detenidos desaparecidos marcharon alrededor de La Moneda para demandar el fin a la impunidad en este caso. Si bien, a nivel judicial hay 75 ex agentes de la DINA condenados, muchos sienten que las responsabilidades no se agotan allí. Uno de los tantos aludidos como impunes, por ejemplo, es Gerardo Roa, que siendo encargado de comunicaciones en la Intendencia Metropolitana durante la dictadura prestó apoyo en la Operación Colombo, igualmente mantuvo su cargo durante los primeros años de la democracia.

Así mismo, aseguran que Agustín Edwards, dueño de El Mercurio y La Segunda, debe ser castigado por la justicia. Edwards declaró por ésta y otras causas en septiembre de 2013 ante el juez Mario Carroza. Sin embargo, a pesar que el poderoso periodista concurrió a la cita, pidió “total reserva” de sus declaraciones.