Tras el sorpresivo bombazo en la estación Los Dominicos, en las últimas horas han aparecido dos casos más. Uno en una iglesia y otro cerca de un jardín infantil. Todo esto en la antesala a la interpelación del ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, ¿Cree que esto es mera coincidencia o existe algún tipo de vínculo?

La verdad es que existen más de 150 artefactos explosivos que ha estallado en los últimos siete años en la ciudad de Santiago, no todos los cuales reciben una atención mediática relevante. Sin embargo, este es un fenómeno  que se viene dando desde hace un buen tiempo, de manera relativamente sostenida. Por lo tanto, no llama mayormente la atención el que exista la colocación de estos artefactos explosivos, sino que básicamente lo que hay hoy día es una mayor atención pública a estos delitos.

Los casos recientes llaman la atención por los lugares en lo que se han realizado, en el Metro, en una Iglesia, y cerca de un Jardín infantil. Sólo en el segundo había panfletos alusivos a alguna causa. En ese caso, hacían referencia a la detención de chilenos en España por casos similares. Esto abre posibles teorías, dado que se ha invocado nuevamente la Ley Antiterrorista, la cual ha demostrado no servir para identificar a responsables, excepto en el caso de Luciano Pitronello. ¿En qué pie está realmente el sistema judicial para investigar adecuadamente estos casos?

Acá hay dos elementos que impiden encontrar a los verdaderos culpables de estos atentados explosivos. El primero se vincula con la incompetencia manifiesta de fiscales y policías que están a cargo de los procesos de investigación, quienes han demostrado no tener las capacidades suficientes para poder realizar investigaciones serias y consistentes que tengan por finalidad el poder establecer la verdad de estos hechos, y castigar de manera proporcional a los responsables. Acá la principal responsabilidad recae en la Dipolcar, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, quienes han demostrado tener una respuesta tipo formulario preestablecida para cualquier evento de criminalidad que vaya más allá de los rangos normales. Y esta hipótesis preestablecida consiste en que ex miembros de movimientos subversivos, tales como el Mapu Lautaro o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estarían infiltrando a grupos de jóvenes anarquistas, estudiantes, o a cualquier otro grupo, y que estarían en definitiva detrás de este tipo de delitos.

En este contexto, el tener a una Policía que está más interesada en poder vengar la situación de personas que formaron parte de movimientos insurreccionales en Chile durante los años 80 y 90, más que estar preocupados de analizar de manera objetiva y seria la evidencia que surge a partir de cada uno de estos delitos, con la finalidad de resolver de manera concreta estas investigaciones, genera que al día de hoy no exista ningún tipo de condena en casos que son complejos. Solamente se han dado en contextos de flagrancia, como claramente en la situación del señor (Luciano) Pitronello, y con un mayor nivel de duda en el caso del señor (Hans) Niemeyer.

El segundo elemento que impide encontrar responsabilidades concretas en estos casos, es la utilización política de la Ley Antiterrorista, y en general del derecho penal, con la finalidad de obtener un beneficio político contingente. Desde esa perspectiva entonces, la autoridad más que estar preocupada de establecer la verdad de estos hechos, lo que hace es mandar “señales” a la opinión pública, en el sentido que estaríamos frente a actos que son especialmente graves, y que frente a esto la autoridad va a aplicar todo el rigor de la ley. Para esto, lo que se hace es invocar una legislación que ha demostrado que, para lo único que sirve, es para subvencionar la actuación de fiscales y policías incompetentes y realizar investigaciones de muy mala calidad, que no llegan a ningún resultado.

Ayudan entonces a crear un escenario político que puede ser utilizado por los gobiernos de turno para enviar señales.

Existe un discurso más bien falaz, en el sentido de tratar de jugar con el miedo de la población sosteniendo que existe la amenaza inminente de que un grupo de personas, ajenas a la sociedad, que intentan poner en riesgo de manera concreta los intereses de los ciudadanos, y que sería entonces la autoridad la que estaría en la posición de cuidarnos a todos de esas amenazas, las cuales aparecen además como bastante difusas. Desde esa perspectiva, evidentemente se trata de obtener beneficios políticos jugando con el miedo de la población. Lo anterior no significa negar en caso alguno la enorme gravedad de los hechos consistentes en la colocación y detonación de artefactos explosivos en lugares de alta concurrencia pública, lo que obviamente debe ser investigado y sancionado de manera ejemplar. Sin embargo, no se logra ese objetivo invocando legislaciones a partir de las cuales las policías y fiscales lo que hacen es vulnerar de manera masiva derechos y garantías, no solamente de personas sospechosas de estos delitos, sino de que cualquier ciudadano. Y eso se ha podido observar en la actuación que han tendido en casos emblemáticos como lo fue el Caso Bombas.

También llama la atención que haya fiscales como Raúl Guzmán, que alguna vez insinuó que los grupos de veganos anarquistas debían ser investigados, sin tener ninguna prueba de que ellos tengan un nexo directo con los responsables de los bombazos.

Tratar de responsabilizar a la generalidad de grupos que forman parte de nuestra sociedad como responsables de la colocación de artefactos explosivos, o de cualquier otro tipo de atentados, demuestra la carencia absoluta de inteligencia policial detrás de las indagaciones que se realizan en esta materia. Es fácil establecer estereotipos con la finalidad de poder buscar responsables. Sin embargo, por esa vía no se logrará ningún resultado concreto. El ser vegano o anarquista, no involucra ni es sinónimo de ser terrorista. Sin embargo, la Fiscalía y las policías juegan con estas teorías genéricas para dar la impresión de que están detrás de una pista concreta, cuando en rigor, dada su manifiesta incompetencia, obviamente que no tienen ninguna estrategia de inteligencia policial que permita solucionar estos casos. La verdad es que hoy día, ante la calidad de nuestros fiscales y policías a cargo de estas investigaciones, estamos absolutamente a nuestra propia suerte respecto de este tipo de atentados.

¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones para que la Justicia pueda investigar de manera adecuada, tanto a nivel de policías como de fiscales y de herramientas judiciales adecuadas para investigar estos casos, que como usted dice, son igualmente preocupantes para los ciudadanos?

Si el Gobierno quisiera de verdad hacer algo concreto y útil para los efectos de poder esclarecer estos delitos, tendría que hacer una cosa distinta a invocar la ley de conductas terroristas. Lo que debería hacer es remover a gran parte del personal de la Dipolcar, quienes constituyen una elite de personal absolutamente incompetente, que se reproduce además durante el tiempo, y que permanece incólume en sus cargos, a pesar que han demostrado no contar con las competencias necesarias para realizar su delicada labor. Acá lo necesario es renovar los equipos que forman parte de los organismos de inteligencia del Estado por personas que tengan estudios y conocimientos en relación a las nuevas realidades que se dan en nuestra sociedad, y que además tengan prácticas que se condigan con un Estado democrático de Derecho, cosa que hoy día sencillamente no ocurre.

Lo mismo debe ocurrir por otra parte en el Ministerio Público, en el cual se debe instaurar una carrera funcionaria que permita que la afirmación de cargos y funciones dentro de la Fiscalía, se establezca a partir de criterios de excelencia y calidad. No como ocurre hoy día, de manera absolutamente arbitraria, a partir de si existe un grado de cercanía o amistad con la figura del Fiscal Nacional Sabas Chahuán. De esa forma, lo que tenemos son sencillamente personas que no cumplen con su deber de manera debida o de manera competente, y en definitiva estas fallas reiteradas no tienen ningún efecto, ya que en la práctica están de forma inamovible, sirviendo durante décadas en estos cargos.