En este caso, la misma institución reconoció irregularidades en el procedimiento que terminó con la muerte de un inocente a manos de un efectivo de seguridad del Estado, ¿por qué esto lo terminan viendo tribunales militares y no civiles?

Ahí hay dos asuntos. Primero, este es un operativo que termina con un fallecido y que por lo tanto requiere de una investigación de parte de Carabineros. Lo segundo es que la gravedad de los hechos, y el que haya estado involucrado un civil, es en todas parte del mundo causal más que suficiente para que vaya a la justicia ordinaria, y en Chile tenemos todavía un régimen especial respecto de los civiles que son afectados en sus derechos por Carabineros, porque se va a la justicia militar. Y no sólo nosotros como Instituto, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hemos señalado es que hay que derogar la justicia militar, puesto que a lo que contribuye es que haya un menor celo en el actuar de Carabineros, y facilitar incluso grados altos de impunidad.

Claro, porque incluso la misma crítica de la familia del agricultor fallecido apuntaba a la decisión de los tribunales civiles al declararse incompetentes, y que esto fuese ocupado como una herramienta para la institución y básicamente dejar impune este delito.

Efectivamente. Nosotros, a propósito de los casos de abuso policial en La Araucanía, hicimos el año pasado un estudio que presentamos ahora a principios de año, dando cuenta del bajo porcentaje de cumplimiento de condenas con la justicia militar en el caso de Carabineros, y eso nos preocupa porque es un aliciente perverso para el mal funcionamiento de la institución en situaciones donde, por una parte, son éstos los que tienen el monopolio legítimo de la fuerza, pero por otro lado tienen la obligación de resguardar el orden público en general, pero con plena cautela de los derechos de las personas. Y lo que estamos viendo es que hay una irregularidad que está afectando la vida de las personas. Recuerde usted que durante este año hemos conocido al menos tres casos de civiles que han muerto en manos de Carabineros pro negligencia de ellos, por operativos irregulares, porque no se dan a conocer que son policías, y por lo tanto la gente no tiene por qué saber que son Carabineros, y actúan como si fueran asaltantes, y así un largo etcétera. Nosotros creemos que allí hay tensionar mucho más a Carabineros para que dé cuenta de la tremenda responsabilidad que tienen respecto de los chilenos y las chilenas.

Este tipo de actos, ¿califica dentro de la concepción clásica de violación a los Derechos Humanos en la que debe haber un efectivo del Estado, aunque aquí no exista una política de Estado detrás ni tampoco sea en el contexto de algún conflicto político?

Absolutamente. No se requiere que haya una política de parte del Estado para vulnerar derechos que estemos hablando de violaciones a los Derechos Humanos. Basta con que un agente del Estado, en este caso un Carabinero, vulnere el derecho porque no siguió los procedimientos necesarios, y porque en definitiva privó de vida a un particular que tampoco tenía nada que ver con el asunto. Así que claramente estamos frente a un caso de violación de Derechos Humanos.

Este caso también reabre las dudas respecto a los procesos de formación en Carabineros, porque cualquiera se puede preguntar cuál es la mentalidad de un carabinero que sin utilizar su uniforme ni identificarse debidamente con su placa, en medio de la oscuridad, pretenda cumplir con su labor de esa manera.

Los agentes de seguridad, salvo que estén en labores de inteligencia, tienen la obligación de identificarse. Y si no lo hacen es porque están en labores de inteligencia, y por lo tanto no tienen ni siquiera que sacar un arma, debieran estar desarmados. En este caso, no estaba en operaciones de inteligencia, y por lo tanto debió darse a conocer. Respecto del tema de la formación, estamos bien preocupados porque efectivamente Carabineros ha hecho un avance en eta materia al protocolizar su actuar, y gradualmente dándolo a conocer. Todavía todos los protocolos no son de conocimiento público, y ese es el primer reparo que tenemos. El segundo tiene que ver con la formación, que si bien incluye los temas de Derechos Humanos, en la práctica lo que estamos viendo es que hay una brecha entre ese conocimiento, que aparece por escrito en el currículum, y lo que pasa en la práctica. A esto se suma también un cierto currículun oculto, es decir, qué es lo que le dicen concretamente los oficiales o las personas encargadas de dar esta formación, respecto de casos y situaciones concretas. Creo que eso tiene que tener mucha más coherencias, y esa es la forma de prevenir este tipo de situaciones que, la verdad, uno no puede entender que Carabineros termine matando a alguien por equivocación o por error. Eso no puede ser.

Si este caso califica como una violación a los Derechos Humanos, ¿el Instituto va a tomar algún tipo de acción?

Nosotros no tenemos en este caso atribuciones legales. Las tenemos respecto de la torura, pero no la tenemos respecto del asesinato o la muerte de una persona. Ahora, de todas maneras, esto lo denunciamos una vez al año en nuestro informe policial, así que de todas maneras esto va a constar y salir públicamente de parte nuestra.