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Ad portas de celebrarse la 26° sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este jueves, instancia donde a Chile le corresponde manifestarse respecto de las recomendaciones formuladas durante el Segundo Examen Periódico Universal en relación a la despenalización del abroto, un conjunto de quince organizaciones de mujeres y feministas hicieron entrega de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet exigiendo que acoja dichas recomendaciones, e instaron a la Jefa de Estado a que asuma el compromiso, en concordancia con el proyecto que estudia el Ejecutivo relativo a tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de salud para la madre y en caso de violación.

Las organizaciones expresaron confianza en el compromiso del Estado chileno con la protección de los DD.HH y la observancia de las obligaciones internacionales asumidas. Además esperan que la oposición de grupos conservadores al proyecto anunciado que permita legalizar el aborto en tres causales, no retrase el cumplimiento del programa de Gobierno, y acoja las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, particularmente las recomendaciones 121.135 a 121.143 referidas a la despenalización del aborto en ciertas causales.

“Esto lo han pedido varios países al Estado de Chile para que se pusiera en estándares internacionales al respecto de DD.HH de mujeres”, comentó Tatiana Hernández del Observatorio de Género y Equidad, y agregó que “para nosotras es fundamental que al menos se despenalice el aborto terapéutico en Chile”.

“Nosotras apoyamos la idea del proyecto del ley que la presidenta el 21 de mayo anunció a todos los chilenos, independientemente de que la gran mayoría de las organizaciones que estuvimos hoy estamos por el aborto libre y legal. Pero creemos que es fundamental despenalizar y dejar de criminalizar el derecho de decidir de las mujeres, al menos en estas tres causales que son extremas”, explicó Hernández.

Hernández aseguró que“el 76.2% de la población, apoya la despenalización del aborto por violación, feto inviable y riesgo de vida de la mujer”, y agregó que “en pleno siglo XXI es impresentable que el Estado de Chile siga criminalizando a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y entienden la maternidad como un proyecto voluntario. Es hora que nos devuelvan el poder que nos han arrebatado, de poder decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo”

Por su parte, la presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, recordó que numerosos pactos y convenciones que son supervisados por organismos internacionales respecto de su cumplimiento, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

Desde el año 1999, diversos organismos vienen recomendando al Estado de Chile revisar la legislación y establecer excepciones para permitir el aborto si existe riesgo para la vida y la salud de las mujeres así como en casos de incesto o violación.

Chile es uno de los pocos países donde el aborto está prohibido en todas sus formas, medida que quedó instaurada en el último año de la dictadura militar. Se estima que anualmente ocurren entre 120 mil a 160 mil abortos, la gran mayoría inseguros y que ponen en riesgo la vida y salud especialmente de mujeres pobres. De acuerdo a la legislación, pueden ser denunciadas y procesadas por la justicia. En cambio, aquellas mujeres que cuentan con los medios para recurrir a abortos seguros, no sufren ninguna consecuencia en su vida, salud o situación legal.

Claudia Dides, vocera de Miles manifestó al respecto que "en Chile hemos sido testigos de distintos casos extremos que vulneran la salud física y psíquica de mujeres y niñas, que no han podido elegir”, y agregó que espera un “debate democrático en el parlamento por el aborto bajo tres causales”.

"Es prioritario reponer el aborto por razones terapéuticas en Chile, de esta manera se estará dando cumplimiento a todos los Convenios y Acuerdos Internacionales, vinculantes y no vinculantes, en materias de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos", indicó la vocera de Miles.