El gobierno de Bachelet ha impulsado la reforma educacional evocando las banderas del movimiento social. Pero lejos de materializar el amplio respaldo ciudadano a los estudiantes, la iniciativa aparece entrampada hoy por la derecha, y el gobierno sigue sin poder sumar el apoyo del movimiento social.

En las últimas semanas los poderes fácticos y la derecha política se han esforzado -ayudados por los déficits de la gestión del gobierno- en mostrar a la ciudadanía como aliada de su resistencia a cualquier cambio democrático de la educación, manipulando la legítima inquietud de apoderados de colegios subvencionados por las consecuencias de los cambios hasta ahora anunciados.

Ante este escenario las fuerzas sociales y políticas de cambio deben tener claro que los poderes fácticos y la derecha, más allá de su discurso de ocasión, sólo buscan conservar su posición dominante en la educación como trinchera ideológica y fuente de recursos estatales. Son las fuerzas regresivas de la sociedad chilena, las que se han opuesto sistemáticamente desde el siglo XIX a cualquier avance en modernización y democracia, y que hoy utilizan los derechos sociales de los ciudadanos como fuente de poder cultural y económico.

Pero un pronunciamiento claro contra las fuerzas conservadoras no equivale a emitir un cheque en blanco al gobierno. Obliga, de hecho, a un esfuerzo real, y no meramente comunicacional, para enfrentarlas.

La Moneda ha tomado dos grandes definiciones políticas: ha centrado la reforma en la regulación a los proveedores privados -donde se producían de hecho los principales abusos a los estudiantes y sus familias-, y ha confiado en la legitimidad del ejecutivo y la impronta misma de Bachelet como fuerza suficiente para impulsarla, negándose a convocar a otros actores. Se ha intentado presentar ambos movimientos como el inicio de un nuevo ciclo político.

Pero más allá de las intenciones, la estrategia no ha dado resultados. El nuevo ciclo aún no empieza. Puede ser revertido de hecho si el gobierno no toma conciencia de su verdadera posición.

En primer término, centrarse en la regulación de proveedores privados ha planteado la duda razonable de si la reforma se apartará del Estado subsidiario fortaleciendo y expandiendo la educación pública, o si resolverá sus inherentes problemas con recursos públicos entregados a privados, tal como ocurrió tras los cambios de 2008 después de la revolución pingüina.

Por cierto, es un paso importante eliminar el lucro, la selección y el copago –por encima del mecanismo concreto, que puede ser mejorado–, pero ello no implica ni terminar con el mercado ni tampoco expande la esfera pública y democrática como pilar de los procesos educativos. Este es el corazón de las demandas sociales: superar con democracia la herencia privatizante de la dictadura, lo que implica expandir la provisión directa de los servicios públicos como derechos sociales universales, no sólo poner exigencias y entregar más recursos a los privados.

En segundo término, so pena las intenciones, el gobierno sobre estimó su propia legitimidad y fuerza política como suficiente para impulsar las transformaciones. La facilidad con que la derecha ha podido mostrar apoyo social a sus retrógradas posiciones da cuenta de esto. La cerrazón de La Moneda a un entendimiento amplio con la sociedad, como condición para hacer valer la mayoría democrática frente a los poderes fácticos, le ha facilitado a la derecha la difusión de su campaña del terror.

Las voces de la sociedad civil han planteado con claridad la educación que quieren: pública, gratuita y de calidad. El gobierno debe comprender que sin convocarlas y construir con ellas un acuerdo plural amplio, no podrá sortear la oposición de los poderes fácticos.

De este modo, si el gobierno impulsa una reforma que con claridad apueste por la educación pública –lo que implica fortalecer y expandir los planteles del Estado aunque no se limite a ello–, y convoca a un amplio pacto social que delibere y sustente una hoja de ruta para los cambios, la transformación educacional podrá llevarse a cabo. El espacio para este tipo de entendimientos existe, prueba de ello es la amplitud y los contenidos del manifiestoCompromiso por una Nueva Educaciónque en conjunto con múltiples actores la Fundación Nodo XXI impulsó a fines de 2013.

Las fuerzas sociales y políticas que buscan el cambio democrático, más que nunca, deben estar en alerta, movilizadas y presentes en el escenario. La situación no es simple: de un lado, de la justa crítica a los déficits de la gestión del gobierno no puede derivarse el fin de su disposición al diálogo y a avanzar en conquistas; pero de otro, con el argumento de enfrentar a la derecha no pueden ignorar los errores y las omisiones del gobierno. Ambas confusiones implicarían la división de las fuerzas de cambio democrático. Será esa situación, y no el haber mantenido legítima autonomía respecto del gobierno, lo que ayudará a la derecha y los poderes fácticos. Sería lamentable que en un cálculo cortoplacista por mostrar apoyo a su gestión el gobierno impulsara o facilitara esta alternativa.

El cambio sólo es posible si las fuerzas plurales de la sociedad, las que de hecho lo han hecho posible, fortalecen su unidad y presionan a los actores institucionales a abrirse, manifestando una irrenunciable vocación de diálogo sustantivo –no simplemente comunicacional– para enfrentar el actual escenario. En la amplitud y masividad de las fuerzas sociales y políticas de cambio, en su fuerza, y en su capacidad de convocatoria y diálogo con la sociedad, está la posibilidad de superación de la herencia dictatorial. También la salida del actual escenario de entrampamiento de los cambios democráticos a la educación.