Estamos expectantes ante la decisión del Comité de Ministros del próximo 10 de junio, que esperamos, junto a toda la sociedad civil chilena, decida un categórico rechazo al proyecto Hidroaysén.

Creemos que así será, principalmente porque confiamos en el poder de convencimiento que ejerce sobre el organismo gubernamental la amenaza de amplio rechazo y movilización social que desataría una decisión contraria.

Pero sabemos que con este rechazo no se garantiza, en el largo plazo, la protección natural de la Patagonia chilena, pues existen diversos megaproyectos hidroeléctricos que continúan amenazando la zona y bien podrían en el futuro volver a plantearse todos o algunos de los embalses que componen Hidroaysén.

Otro pilar del neoliberalismo a derribar

Y es que el modelo energético chileno, diseñado a la medida de los grupos económicos y las empresas multinacionales, implementado a sangre y fuego por la dictadura, y mantenido por los sucesivos gobiernos posteriores, promueve la concentración y depredación de los recursos energéticos, inhibe la acción del Estado, y provoca grandes impactos negativos sobre las comunidades y la naturaleza.

Por cierto, hay aspectos valiosos en la estrategia energética esbozada recientemente por la presidente Bachelet, que permiten al menos dar cuenta de una voluntad de cambio, entre las cuales está la asignación de un rol estatal más preponderante, pero está lejos de plantear medidas concretas que aseguren esto.

La transformación de la ENAP en una Empresa Nacional de Energía (ENE) y la Carretera Energética Nacional son una buena iniciativa, pero pareciera estar más orientada a corregir imperfecciones de mercado y minimizar los riesgos para la inversión privada a gran escala, más que a asegurar criterios de bienestar social y sustentabilidad ambiental en la provisión de energía.

Lo anterior, sobre la base de que la opción por fuentes de energía renovable no convencional (ERNC) -una de las potenciales funciones de la ENE- no asegura en sí mismo la sustentabilidad ambiental, pues esta dependerá también de aspectos relevantes como la escala (que tiene implicancias no sólo en la etapa de generación, sino también en la transmisión) y el esquema de propiedad, de administración y control, y de relaciones con las comunidades.

La estrategia esbozada por Bachelet ni menciona esta vez la gestión integrada de cuencas, como un instrumento internacionalmente validado para apoyar la administración participativa, justa y sustentable del territorio y sus recursos, incluyendo los energéticos. Recordemos que esta fue una de las promesas no cumplidas de su mandato anterior.

Confirmando el carácter esencialmente corporativo y economicista del sistema energético chileno, la estrategia gubernamental aborda la relación con las comunidades desde una perspectiva meramente compensatoria, es decir, como actores externos, potencialmente afectados, y por lo que eventualmente deberían ser indemnizados.

De esta manera se consolidad también la concepción neoliberal del territorio como mera plataforma física para las inversiones privadas (y a veces públicas), pero desprovista de valor cultural y ecosistémico, que desde nuestra perspectiva no son monetarizables.

Tras el nuevo paradigma

Por todo esto es que creemos que el dilema de la energía en Chile, si bien tiene un factor tecnológico muy relevante, continúa siendo esencialmente político e implica que las principales preguntas a responder son: ¿Energía para qué y para quién?

Las respuestas a estas preguntas son muy distintas si las responde “el mercado” (esa entelequia tras la cual se organizan y acuerdan los actores privados más poderosos) o un Estado realmente democrático y participativo.

Y luego de respondidas aquellas preguntas, también serán muy distintas las respuestas a estas otras: ¿Cuánta energía? ¿Quién la genera? ¿Dónde y con qué tecnología?

Debemos agregar que, aunque parezca muy extraño para los tecnócratas, la historia ha demostrado que las tecnologías (térmica, hidráulica, nuclear, solar, eólica, geotérmica) no son políticamente neutras, ya sea por los fines que las han inspirado, los usos que tienen y los actores que las promueven y administran. Y este carácter político se acentúa si incorporamos la variable de la escala de las soluciones (mega-generación, industrial, comunitaria, individual).

Precisamente, el desarrollo de ERNC a pequeña escala permite una verdadera revolución energética, consistente en traspasar roles fundamentales del sistema a las propias comunidades, realizando de manera cabal el principio de la generación distribuida -la energía se genera, mediante sistemas híbridos (diferentes fuentes) y micro-redes, donde se consume-. Creemos que esto, que hasta ahora no ha sido más que un slogan, debería ser uno de los ejes centrales de la política pública energética.

Por otra parte, en un escenario de mayor democracia política, soberanía territorial y sustentabilidad, las grandes centrales generadoras -las que se decida mantener- deberían estar en manos del Estado, al igual que los principales consumos, los de la gran minería, cuya nacionalización es persistentemente apoyada por más de un 80% de la población nacional.

Entonces, el rechazo que esperamos para Hidroaysén este martes puede ser la ventana para iniciar una transición hacia un sistema energético más justo y democrático, pero sabemos que esta ventana no se abrirá, ni pasaremos a través de ella por la voluntad de un gobierno, sino gracias a la conciencia ciudadana y la movilización social.

ENERGÍA SUSTENTABLE PARA TODOS
¡CHAO HIDROAYSÉN!