La “carretera eléctrica” fue uno de los proyectos emblemáticos de la agenda energética del gobierno pasado. Su llegada al parlamento, de manos del ex ministro de Economía Pablo Longueira, causó gran revuelo en el mundo ambientalista, ya que se alegaba que podía constituir una plataforma ideal para la construcción de mega proyectos como HidroAysén. Sin embargo, parecía ser que el 2014 las cosas cambiarían, ya que el Ministro de Energía Máximo Pacheco, anunció a fines de marzo que no continuaría con la iniciativa de la carretera eléctrica. El anuncio, que parecía devolver la mano a los opositores históricos del proyecto, no perduró, ya que se anunció que se le dará un nuevo impulso durante el 2015, aunque con otro fondo legislativo.

La “carretera eléctrica” pretendía ser un proyecto de ley que organizara el sistema de transmisión eléctrica, dando ejes de prioridad para asegurar la viabilidad ambiental y factibilidad económica de proyectos de generación eléctrica. Se pensaba que esta iniciativa podría conectar el Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) o con el Sistema de Aysén. Sin embargo, diversas críticas asomaron luego de conocido el proyecto, ya que por ejemplo, no se vislumbraban incentivos para la generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Lo anterior, dado el hecho de que en el proyecto no quedaba claro si sólo serían consideradas expansiones troncales o líneas secundarias. Esto tiene relación con que las líneas troncales sólo permiten la transmisión en 220 kV, mientras que la ERNC trasmiten energía en entre 23 y 110 kV.

Finalmente, el proyecto se dejó sin efecto por el actual titular de energía, aunque se declaró que se pretende llevar a cabo un nuevo proyecto, el cuál será elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Pontificia Universidad Católica (PUC). La idea que pretende el ejecutivo es también incorporar en la discusión aspectos como la tarificación, seguridad y operación del sistema, polos de generación ERNC, aspectos carentes en el proyecto original de la administración anterior.

Si bien aún no se definen los detalles de la nueva iniciativa, los ejes principales parecen estar claros. En este sentido llama la atención la inexistencia de la dimensión ambiental sobre los trazados eléctricos. Grupos corporativos a cargo de la generación y la transmisión eléctrica ya han transmitido su voluntad para que se avance en una regulación “liberal” para la construcción de las líneas eléctricas. Al respecto, el gerente general de Endesa, Joaquín Galindo, ha señalado que “hay una serie de restricciones que nos hemos impuesto como país, el tema indígena, el convenio de la OIT, que cambian la optimización del sistema, que necesita nuevas reglas, no solamente un nuevo sistema de retribución, sino también un nuevo sistema desde el punto de vista físico, que atienda esa realidad”. Estos parámetros vistos como restricciones a la optimización del sistema según Galindo, son precisamente las condiciones nefastas que puede generar un proyecto de ésta índole. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se encuentra ratificado por Chile, ha sido uno de los pilares fundamentales en la lucha por los derechos territoriales de comunidades afectadas en proyectos ambientales. Y es más, para proyectos futuros debería ser una carta de navegación totalmente vinculante. Es por esto, que vislumbrar su inclusión como restrictiva para el desarrollo, puede acarrear grandes consecuencias socio ambientales.

La generación de líneas de transmisión globales, que acoplen los diversos sistemas eléctricos del país, responde a una lógica que puede ser vista como centralista. Es decir, pretenden llevar energía desde los extremos hacia los principales centros de consumo ubicados en la zona centro norte de nuestro país. Pero, finalmente terminan siendo las comunidades intermedias, o de “tránsito”, las que pagan los costos ambientales de esta medida. En este sentido sólo cabe esperar que este sea un espacio para el aumento en la generación de ERNC, ya que estos recursos se encuentran normalmente alejados de los principales centros de consumo.

Nuevas leyes eléctricas son necesarias para el desarrollo del país. Asimismo, la inclusión de áreas técnicas especializadas de las universidades tradicionales constituyen una señal positiva para la elaboración de proyectos de ley en esta materia. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 2015 para conocer cuánto peso “real” tendrá el lobby de las compañías eléctricas en la elaboración de este proyecto, para que no termine finalmente siendo el paraguas para un nuevo HidroAysén.