Una de las preguntas interesantes que derivan del mensaje presidencial del 21 de mayo es si, en general, las reformas anunciadas están a la altura del relato de un nuevo ciclo político enarbolado por las propias autoridades de Gobierno o más bien, cuando se miren en perspectiva histórica, se verán como de ajuste, y por lo tanto de continuidad, respecto a lo que hemos conocido durante décadas. Esta pregunta es pertinente respecto a los asuntos estructurales –Educación, Constitución, Previsión- pero también respecto a los llamados asuntos de la cultura, como la legislación sobre los mal nombrados temas valóricos.

En ese contexto, el anuncio presidencial de despenalizar el aborto en tres circunstancias –inviabilidad del feto, violación y riesgo vital para la madre- ya venía siendo adelantado por las autoridades hace semanas. En una entrevista concedida a El País de España el 16 de marzo por la ministra del Sernam Claudia Pascual, se nombraban estas tres causales como las que promovería el Gobierno, en un diálogo de alcance más estructural cuyo sugerente título era “La política de los consensos tiene límites”.

En este tema, las tensiones entre el discurso y la acción también se han manifestado y han tenido la contribución de la propia presidenta Bachelet quien, por un lado, propone una legislación de excepciones, pero por el otro realiza su defensa política diciendo "tengo una opinión fundamental, que es que las mujeres debieran tener derecho a decidir". En tanto, las organizaciones de mujeres han oscilado entre valorar este avance inédito y decir que es digno de aplauso si se le entiende como un paso. Habría por lo tanto, un subtexto, según el cual este anuncio sería una jugada cuya verdadera culminación ocurriría con la despenalización total del aborto.

Para medir, y aunque acto seguido iremos a asuntos más estructurales, no se puede omitir el efecto que tendrá este anuncio, si salta la valla del Parlamento, sobre miles de mujeres. Si bien es cierto que frente a una práctica invisibilizada es difícil establecer cifras, se estima que cada año en Chile se practican unos 160.000 abortos, lo que significaría que uno de cada tres embarazos termina por decisión de la mujer.

Esta realidad masificada ocurre a pesar de la ficción oficial, basada en el atrincheramiento de Chile como uno de los pocos países del mundo en que el aborto está prohibido a todo evento, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y… El Vaticano.

Éste es un dato central: las mujeres en Chile viven, en relación al mundo, en estado de excepción. A pesar de que hace por lo menos 20 años las instancias internacionales vienen consolidando conceptos como los “derechos reproductivos” y que la propia Organización Mundial de la Salud promueve el aborto legal y seguro como uno de ellos, nuestro país y sus instituciones han mirado al techo.

Esto, en un contexto donde el comportamiento de las fuerzas políticas respecto a este tema ha dependido de cuan bajo el influjo están de la Iglesia Católica, entidad que a lo largo de los siglos, y en una deformación del primer cristianismo, terminó relegando a la mujer a un lugar simultáneo de paria y amenaza. El abanico de tal pulsión incluye a la derecha entera, pero también a la Democracia Cristiana, que en estos temas ha desarrollado una obsesión que jamás interesó a sus líderes históricos como Frei Montalva, Tomic o Leighton. De hecho, fue el propio primer gobierno demócrata cristiano el que consolidó la ley del aborto terapéutico con una política de difusión de métodos anticonceptivos en la población.

Sus sucesores, sin embargo, han ejercido en la práctica un derecho a veto sobre las políticas del Sernam desde su creación. Por eso, y debajo de las lecturas sobre la presencia comunista en el gabinete, el nombramiento de la dupla Claudia Pascual - Gloria Maira en el ministerio fue interpretada como la erradicación definitiva de las trabas DC en los asuntos de las mujeres.

Dicho esto, y más allá de que el anuncio es indiscutiblemente un avance, ¿puede hablarse ahora del fin de los vetos? Desde el punto de vista conceptual, la posibilidad del aborto sigue siendo una excepción para un hecho que no está permitido. Es decir, sigue negando la existencia del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, por lo tanto, no sitúa la discusión aún en el ámbito de los derechos reproductivos.

Durante los últimos 24 años, un sector de la Concertación presentó varios proyectos que trataron sin éxito de reponer la figura del aborto terapéutico, bajo condiciones similares al año 1931. Siempre se opuso la Democracia Cristiana, tal como ahora el diputado Jorge Sabag, quien en un arrebato epocal calificó el aborto como “una derrota de la civilización occidental”. Vale la pregunta entonces ¿desapareció ese veto, o más bien tenemos aborto, pero como antes, en la medida de lo posible?