¿Es justo que si alguien trabaja cuarenta y cinco horas a la semana deba tener un subsidio estatal para no estar en la línea de la pobreza?

Mucho se habla de desigualdad en nuestro país, también muchos en un enfoque correcto, pero de largo plazo apuntan que la educación y el crecimiento económico son las claves para sacar de la pobreza a las personas. Pero mientras tanto; ¿Qué hacemos con la gente que trabaja día a día y se esfuerza para salir adelante?, ¿Cuál es la promesa que le hace el país?, ¿Es justo que esfuerzo personal no baste para salir de la pobreza y se deba esperar la ayuda estatal para subsistir?

En nuestra opinión no existe justicia si el mercado no permite que una persona que trabaja no pueda vivir dignamente. Los economistas dirán que hay que mejorar la productividad para que las personas puedan tener mejores sueldos, pero cómo mejoramos la productividad de una persona que trabaja en la limpieza de una empresa, cómo mejoramos la productividad de una cajera de supermercado, cómo mejoramos la productividad de un reponedor de productos en los anaqueles de una tienda departamental. Son preguntas sin respuestas que dejan de manera directa en la línea de la pobreza a muchos trabajadores y sus familias.

Frente a este problema de injusticia la solución propuesta, desde la derecha a la izquierda, ha sido la “inclusión”. La respuesta se a construido sobre una pregunta equivocada o un diagnóstico equivocado. Sin abordar el segmento de personas que no trabajan por diferentes razones, que están en la indigencia o no acceden al mercado del trabajo, el problema no es “incluir” a la gente que trabaja en el mercado formal, no se trata de subsidiarlos para que tengan posibilidades de estar “incluidos” en la sociedad.

Si creemos que los problemas de desigualdad y pobreza que existen en Chile se resuelven por la vía de la “inclusión” a través de subsidios estatales mantenemos en el fondo la situación de injusticia que las genera, solamente les aplicamos un paliativo que no ataca la situación de fondo del modelo económico chileno.

La promesa del modelo económico-social es que cada trabajador, si se esfuerza, puede acceder a niveles superiores de consumo, lo cual permitiría el ascenso social. El papel del Estado solamente sería realizar subsidios directos a las personas que están en incapacidades de distinto tipo para ser “productivas” o que necesitan la ayuda estatal dada sus condiciones socioeconómicas.

El tema de fondo, si miramos la promesa que la sociedad hace a una persona que se esfuerza, es que el modelo no es capaz de cumplir la promesa básica de permitir que la gente se desarrolle producto de su propio esfuerzo. Si profundizamos sobre cuál es la anomalía que no hemos atacado, no es que el Estado haga solidaridad con la personas a las que no se les cumple la promesa de proveerles los recursos básicos para vivir dignamente (el estándar de vivir dignamente puede ser el mismo que implica la suma de los ingresos dada por el ingreso mínimo más el ingreso ético familiar), el problema es que el mercado debe proveer esos recursos producto del intercambio en el mercado del trabajo. Sino ocurre esto, hay una distorsión económica que significa que el Estado traspasa recursos para corregir una distorsión en el mercado, lo cual en el fondo significa un subsidio estatal a las empresas que no cumplen la promesa a sus trabajadores.

Lo anterior es una manera de pensar que va contra el sentido común ideológicamente hegemónico en Chile. La sociedad utiliza el mercado como un sistema de organización económica para producir bien común, cuando el mercado no puede producirlo es deber de la sociedad el utilizar herramientas que ayuden a producirlo. Muchos dirán que esto producirá distorsiones mayores en el mercado y que los mercados libres funcionan mejor que los mercados regulados, pero preguntémonos ¿qué mercado es realmente libre en nuestra economía?, ¿acaso una de las condiciones básicas del mercado libre que es el libre acceso a la información tanto para oferentes como demandantes, ocurre realmente en algún mercado en Chile? Claramente la respuesta es no. Más aún las concentraciones de la propiedad en la mayoría de las industrias en Chile (producto de las eficiencias de las economías a escala o cualquier otra causa) generan justamente poderes inequitativos sobre los proveedores y los clientes, pero también sobre los trabajadores de estas compañías.

Por otra parte, la existencia del Salario Mínimo es el reconocimiento evidente que existe una distorsión económica en el mercado del trabajo. Nada cuesta entonces abordar la distorsión de fondo, la promesa de la sociedad chilena que si una persona que se esfuerza no será pobre es una promesa incumplida. Esta es la causa central de la desigualdad, muchas personas no reciben sueldos justos.

Si queremos construir un país con una sociedad menos desigual, lo principal es atacar esta injusticia estructural. La respuesta frente a la desigualdad no es la inclusión, es la justicia para quien trabaja, con sueldos justos que les permitan vivir dignamente.