En febrero de 2013, un bombazo atacó un retén de Carabineros en Las Vizcachas, dejando a un funcionario policial con lesiones leves. Desde entonces, se inició la búsqueda de los culpables que apuntó a un solo imputado: Víctor Hugo Montoya Encina, de 23 años, titulado en la carrera de Relaciones Públicas con mención en Marketing.

Montoya enfrenta acusaciones graves según la vara judicial chilena: el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista. Con fines de desarrollar la investigación, la Fiscalía mantiene en prisión al estudiante desde el momento de su formalización, es decir, hace más de un año.
“Al cabo de 4 meses de encontrarme en prisión preventiva, puedo afirmar y ser prueba viviente de cómo el Estado Chileno una vez más ha logado generar un nuevo montaje apoyado en esta cacería de brujas llamada “Ley Antiterrorista”, basada en discriminación y procesos poco serios”, señaló Montoya, a través de una carta escrita desde la Cárcel de Puente Alto, donde se encuentra recluido.

La conexión con el Caso Bombas

Desde el comienzo, la familia ha acusado al poder judicial de estar construyendo un montaje en base a la utilización de, al menos, dos testigos protegidos. Además, han señalado que la Fiscalía ha hecho uso de la ideología y forma de vida de Montoya –vegano, straight edge- para vincularlo a la causa del “Caso Bombas”.

Según explicó su abogado, Rodrigo Román, la única evidencia existente son los dos testigos reservados, por lo cual el juicio se encaminaría hacia al absolución. De ser así, la Fiscalía Sur sumaría un nuevo fracaso en la materia.

Sin embargo, ya se aprontaron a pedir 6 años de cárcel para Montoya Encina, con pruebas que recuerdan las cuestionadas evidencias del Caso Bombas: un cd que detalla el contexto histórico de desarrollo de la ETA y contiene instrucciones para fabricar artefactos explosivos. A las pruebas se suman cartillas anarquistas, hojas de apoyo al caso bombas y un libro titulado “La moral anarquista”.

Según sus antecedentes, Montoya habría partido de la conducción del vehículo que transportó a las personas que portaban la bomba que posteriormente atacó al retén. Por ahora, la familia y el propio acusado están a la espera de la etapa final de un largo proceso judicial que sella la aparición de la Ley Antiterrorista en el mandato de Bachelet.

“Han sido 365 días en los que Víctor Hugo Montoya ha pasado sus días injustamente preso, días en los que sus familiares y amigos también han estado presos de la angustia, la incertidumbre, la impotencia y el pesar que brinda ésta vida capturada”, declaró la familia a través de un comunicado público.