En nuestra sociedad es difícil hablar de aborto, se da distanciadamente en el tiempo,  pero lo sospechoso es que cuando esto se hace posible surgen de inmediato voces autodesignadas como autoridad para silenciar  una posible discusión informada, con diversidad de posiciones  y sobre todo respetuosa de las diferencias.

Es lo que ha comenzado a suceder con la intervención de la ministra Claudia Pascual   ante la ONU, no bien se escucha su discurso surgen voces censuradoras que quieren cerrar cualquier debate con  las descalificaciones  propias de quienes no conceden a las mujeres su calidad de sujetos de derechos plenos, adultos y con capacidad de decidir. Esas voces no  deben tener poder sobre las mujeres, no deben ser escuchadas, no vale la pena darles respuesta, porque  no  son voces dialogantes  ni escuchan las  experiencias ni los saberes  de las mujeres.  Sin embargo,  debido  a la falta de sentido de época con que operan  me han motivado a pensarlo,  el aborto debe ser atendido  en el campo de las prácticas político-democráticas, en las prácticas  jurídicas y de salud, y en  las prácticas  simbólico-discursivas.

Una sociedad democrática de  plenos derechos ciudadanos, es impresentable  como tal si en   sus prácticas políticas existen sujetos  discriminados que no pueden acceder a  los requerimientos  necesarios  a sus  diversas necesidades sociales y culturales.  Esto cobra particular relevancia en el caso de las mujeres, si estas son impedidas   de decidir  sobre su cuerpo y su maternidad. Un Estado que no provee  a las mujeres del saber médico  en el caso de interrupción del embarazo es un Estado autoritario,  que considera a las mujeres sujetos irresponsables, infantilizados y carentes del poder de decisión necesario para organizar su vida. Es decir, no se puede considerar un Estado plenamente  democrático.

La falta de políticas de aborto  en Chile es causa de mortalidad y de graves daños en la salud psíquica y sexual de las mujeres. En Chile el Estado no sólo carece de políticas públicas de aborto, sino que  penaliza y recluye con  cárcel a las mujeres que lo practican sin indagar causas, ni aspectos de la situación socio-económica de las mujeres que han debido acudir a esa práctica.  En este aspecto, a la falta de políticas de salud, se suma un vacío jurídico en la legislación. Será tarea de las y los legisladores, y expertos y expertas abordar esta carencia para hacerlo parte del debate sobre una nueva Constitución.

El programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet  ha planteado  la práctica del aborto en tres situaciones específicas Juristas y científicos deberán enfrentar  la tarea de  organizar y producir los discursos sociales necesarios para informar adecuadamente a un país moderno y secularizado.

En el plano de los discursos simbólicos la ciudadanía chilena , los medios de comunicación, las organizaciones sociales y  el movimiento feminista y de mujeres tiene el deber de activar debates para producir  discursos de re-conocimiento de las mujeres como sujetos de poder, de responsabilidad y de derechos plenos que develen el carácter  antidemocráticos y discriminador de  los  discursos   que hasta ahora han hegemonizado socialmente una posición penalizadora, censuradora y descalificadora de las mujeres como sujetos de plenos derechos.