Existe una “promesa democrática” en el discurso programático con que Arturo Alessandri Palma saluda la proclamación de su candidatura ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” intervención tiene un cierre estruendoso. Cito, “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…” (El destacado es un énfasis mío). Este discurso pronunciado el 25 de abril, retrata fielmente el optimismo moderno, revela las ambiciones de su primer gobierno y la ruptura con la oligarquía hacendal –la canalla dorada-.

Los funestos lastres del Chile oligárquico “forzaban” un viraje que debía asumir el “cambio de época” y propiciar la restitución de un orden ético –tras la decadencia moral que acompaño la celebración del centenario-. Un lenguaje de la reforma viene a desacralizar los vestigios del Ancien régime y cede terreno a una nueva legislatura social. Lo anterior cristaliza en un Estado mesocrático de compromiso que deja gradualmente atrás las figuras de la “misericordia” y la “caridad” características del periodo parlamentario (1891-1920). En aquellos días -aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros- quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el horizonte de la Revolución Francesa. Bajo este proceso identificamos el espíritu de la democracia republicana que se extiende de 1938 hasta 1973, a saber, una democracia de instituciones y de partidos que capitula en septiembre de 1973 (ello sin perjuicio de las conocidas revueltas caudillistas). El reto de Don Arturo es también la herencia del testamento de Balmaceda y el presagio trágico de 1973. El programa consiste en separar Estado de Iglesia inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el código del trabajo, la fundación del Banco Central y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social (años 2006 y 2011). Tal programa de reformas representa un momento de inflexión que inaugura el imaginario de la civilización y “formaliza” el ingreso de la sociedad chilena al pequeño siglo XX, a saber, los tiempos modernos.

Tras el actual ciclo de protesta social (demandas de género, valóricas, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, etc) todo nos hace presumir que la sociedad chilena experimenta otra extensión de derechos, esta vez de “cuarta generación”, que han estimulado un intenso debate valórico en torno a la instrucción educacional. De un lado, un proyecto público-estatal, de otro, posturas que intentan destrabar la idea de lo “público” del patrimonio estatal, pero siempre en favor del “régimen de lo público” -sin perjuicio de sus “novedosas mixturas”. Cual sea el caso, el laicismo tiene su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios del ciudadano moderno, en la maduración de una ciudadanía que apela a la diversidad moral. Es importante rescatar que este desafío supone ir más allá de la noción de “bien común” y los supuestos clericales que cada tanto nos impone la doctrina. Sin perjuicio de esto último, sería una torpeza postular que el programa de reformas implica la derogación de las instituciones católicas y su aporte fundacional a la educación chilena. Es más, el edifico secular que se introduce desde 1920 tiene expresiones doctrinarias en la clase política -sea el partido liberal, conservador o la emergente falange- por cuanto funda elencos partidarios que se deben a una fricción con las imposiciones eclesiásticas. Actualmente, si bien podemos admitir el debate en torno a proyectos que establecen una analogía entre Estado y educación pública, o bien, universidades privadas que producen bienes públicos, como asimismo, la defensa de instituciones confesionales, el desafío consiste en superar la vigencia de vetos integristas contra otras formas de instrucción educacional (a saber, formaciones que privilegian una ética laica, o bien, instituciones de educación superior no confesionales). El problema se agrava si convenimos que las democracias contemporáneas no se consolidan con una institución que utiliza discrecionalmente los vetos teológicos en materias valóricas, sin sopesar los efectos coercitivos que ello tiene en la vida de una ciudadanía activa. Curiosamente, en plena instauración de la llamada “aldea global”, el proyecto secular aún debe comparecer a determinados tutelajes integristas que se resisten a dialogar con la tradición laica -y concretamente se rehúsan a admitir la adultez de una ciudadanía que reclama un New Deal.

El proceso anti-oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover las piezas jurídicas que perpetuaban los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Esa “promesa democrática” tan propia de los tribunos de la reforma, de aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis partidarios, ideológicos y culturales (formativos) entre las coaliciones de turno. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un programa de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura educacional como una extensión de la protesta social. En el Chile actual el polo deliberativo ha incrementado el reconocimiento de nuevos derechos inalienables. Por ello los debates entre actores e instituciones representativas de nuestro sistema educacional (acerca del “régimen de lo público”) auguran un desafío agobiador para el mundo integrista y sus clivajes ancestrales. Sin perjuicio de todo lo anterior, no podemos encasillar –o reducir- el proyecto conservador en todas sus expresiones, en ningún caso se pueden soslayar las preciadas tradiciones culturales y cívicas que están sistematizas en la obra póstuma de Mario Góngora. Pero este alicaído tronco conservador es materia de otro análisis –ello “gracias” a la liberalización económico-social implementada por Jaime Guzmán-.

Por fin, no se trata de establecer una secuencia arbitraria entre dos épocas inconmensurables, o bien, desdibujar el primer Alessandrismo tras el actual  “republicanismo degradado” –por obra de la política de los consensos transicionales-. En este sentido el Laguismo (2000-2006) es un “pastiche” que fusiona el vigor republicano y los vicios del realismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda a manos de la Dictadura fue el último ritual del imaginario republicano, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas que nos obliga a interpretar el cambio histórico y la inclusión de nuevos territorios ciudadanos. He aquí una tenue  analogía entre abril de 1920 y la reciente inflexión protagonizada por el movimiento estudiantil (2011).