Durante estas últimas semanas se han deslizado en la prensa una serie de análisis que han invitado a reflexionar sobre el presente y el futuro del SIMCE en el marco de la actual propuesta de reforma educacional.  Desde diversas tribunas universitarias, entre las que destacamos a Jorge Manzi (PUC), Gregory Elacqua, Matías Martínez,  Humberto Santos y José Joaquín Brunner (UDP), se han discutido modificaciones al sistema de evaluación. El análisis de estos académicos coincide en el reconocimiento de la necesidad conservar el SIMCE, ya que es un elemento juzgado como necesario para la rendición de cuentas sobre el desempeño de las escuelas.  No obstante, se plantea generar una reforma al SIMCE que podríamos resumir en los siguientes puntos: fortalecer el aspecto pedagógico del instrumento –entendiendo que hoy el SIMCE aparece fuertemente asociado a consecuencias punitivas-; racionalizar o disminuir el número de pruebas;  y una mayor capacitación a los profesores/as en el uso de los resultados del SIMCE.

Podemos reconocer dos tipos de defensores del SIMCE, los cuales se encuentran en ambas veredas del espectro político dominante.

Por una parte, están aquellos que sostienen es posible controlar los procesos pedagógicos a través de incentivos que refuerzan unas conductas y extinguen otras bajo una clara inspiración conductista. Esta visión es complementada con una orientación mercantil, donde los resultados en sí mismos organizan las preferencias de los clientes (familias). Según esta perspectiva, todos elegimos entre mejorar o desaparecer en las fuerzas supuestamente autónomas del mercado. Es así como este año varias autoridades comunales justificaron los cierres de escuelas aduciendo los bajos resultados del SIMCE.

Un segundo tipo de defensor del SIMCE es aquel que presenta al SIMCE como una herramienta de alta calidad técnica para apoyar la labor pedagógica, permitiendo a las escuelas focalizar sus esfuerzos, orientándolas a la mejora.

Ambos defensores nos sitúan en un escenario donde la problematización del SIMCE es superficial. Para unos se trata más bien de reforzar el poder del instrumento como orientador de las decisiones de las familias, por lo tanto, propondrán soluciones comunicacionales; mientras que para los otros la problemática está dada en cómo el SIMCE logra un mejor balance entre los castigos dispuestos que han causado “distorsiones” en las prácticas docentes -estrechamiento curricular, entrenamiento para las pruebas y comportamientos deshonestos-, y su orientación de efectiva ayuda pedagógica. Así, ambas lógicas se focalizan en el aula y, por ende, cuestionan a nuestros profesores como la principal causa de bajos resultados, evadiendo o minimizando la conversación acerca de las condiciones de trabajo pedagógico.

La defensa al SIMCE que ha emanado desde parte del mundo académico  se ha centrado en separar la prueba de  sus usos. En este discurso predomina una lógica estandarizadora, que se basa en una particular visión de “los desafíos educativos” que enfrentan las escuelas, de lo que significa “calidad” educativa, y de quién está en condiciones de sancionarla. La lógica estandarizadora se presenta como una manera de abordar el problema de la equidad (la búsqueda de los mismos resultados para todos a través de una misma experiencia en el aula), pero en la práctica, hay evidencia disponible que permite afirmar que opera en el sentido contrario, de-contextualizando los procesos de enseñanza-aprendizaje, desprofesionalizando a docentes, alienando y excluyendo a una gran mayoría de los estudiantes.

Creemos que en la defensa al SIMCE como instrumento técnico opera una desconexión entre parte del mundo experto y la experiencia vivida de quienes habitan las escuelas, especialmente las escuelas públicas. Tal vez en un afán de neutralidad científica, se observan con cierto desdén las manifestaciones docentes que han cuestionado al SIMCE desde la década de los 90, y las de los estudiantes que claramente desde 2006 han denunciado el deterioro de la experiencia escolar como formación integral. De esta forma, señalan que “no nos podemos dar el lujo de eliminar al SIMCE, uno de los mejores sistemas de evaluación de América Latina”.

El SIMCE aun como instrumento técnico no está mas allá de la crítica y la poca investigación que existe sobre sus efectos y usos sugiere problemas como son: no definir qué entiende por calidad educacional, atender a 17 propósitos diferentes, no asegurar comparabilidad dados los continuos cambios curriculares, hechos que complican la validez del instrumento (ver estudio de María Teresa Florez 2013). Un país que busca reformar seriamente su sistema educacional no puede mantener una evaluación que no se sustenta. Los defensores del SIMCE tienen poder real sobre el sistema educacional. Ellos se sitúan en el nivel de los expertos que alimentan los procesos de elaboración de políticas educativas. Sin embargo ellos aún nos deben reflexiones más profundas en este ámbito.

Las prácticas pedagógicas no ocurren en el vacío, ellas se encuentran hoy encasilladas en las camisas de fuerza de la estandarización –que se ha convertido a su vez en parte de la estructura-. Creemos necesario buscar nuevas vías para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en nuestras escuelas, como apostar por la profesionalización docente, la revisión de las condiciones en las que operan, aumentar la participación de las comunidades escolares en la definición de criterios de calidad, el desarrollo de una nueva manera de entender la evaluación educativa y quien esta en condiciones de llevarla a cabo. Insistir, después de 25 años de aplicación del SIMCE, en análisis superficiales, representa una desconexión con el efecto nocivo que ha tenido la estandarización y el control externo en la realidad de nuestras escuelas.