Era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, victorioso en 1979 contra la dictadura de los Somoza –un clan dedicado al gangsterismo de Estado desde el primer tercio del siglo XX en Nicaragua– el que luchaba a favor de la lógica de las mayorías y en contra de la lógica del capital, tal y como escribiera su ideólogo Carlos Fonseca, muerto en combate. La meta de los sandinistas era conseguir “Pan, Techo, Trabajo y Dignidad” para los nicaragüenses.

El lema que ha convocado las Marchas por la Dignidad que culminaron el 22 de marzo en Madrid, seis columnas que partieron varios días atrás hacia la capital del Estado procedentes de todas les regiones peninsulares, es “Pan, Trabajo y Techo para todos y todas”. No es posible mayor coincidencia [o inspiración] entre la consigna actual y aquella de los sandinistas de hace más de tres décadas. Claro que la realidad social, política y económica de un país de la Unión Europea, aún de los meridionales, no tiene absolutamente nada que ver con la que existía ni con la que existe en aquel país centroamericano. Pero no es menos cierto que con la tasa de desempleo que se padece en la España actual, y con los recortes sociales que el Gobierno Rajoy practica de manera inmisericorde y sin el menor reparo por cómo los tijeretazos presupuestarios afectan a millones de personas, hemos llegado a que las aspiraciones de quienes lo están pasando peor sean tan simples como las que demanda la consigna de Pan, Trabajo y Techo. Y eso, nos guste más o menos, nos emparenta con aquellos sandinistas de los años setenta del siglo pasado.

Según el Manifiesto de las Marchas por la Dignidad 22M, la descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 es evidente. Ese régimen, afirman, es ilegítimo porque está corroído por la corrupción. Entienden los redactores de la proclama que les han sido robados los derechos y libertades para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios. Esa minoría es, sostienen, la responsable del estado de excepción social al que se ha llegado a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de los mayores, de apoderarse de las viviendas de miles de personas que no podían pagar sus hipotecas, y de cerrar empresas y despedir a miles de trabajadores.

Hay quien prefiere poner el foco sobre la radicalidad [más que otra cosa, verbal] de parte de los promotores de las marchas, como ha hecho el diario El País, escribiendo en sospechoso paralelismo con las manipulaciones de la derecha más asilvestrada. Es cierto que esas organizaciones que agrupan a mucha gente [legítimamente] radicalizada han jugado un papel importante. Pero sabemos cuál es la fuerza orgánica real de estos grupos, así que sería un error obviar el nivel de hartazgo y de desesperación de muchos miles de personas que han dado su apoyo a la iniciativa de llevar un claro y contundente grito de protesta a Madrid.

La European Anti Poverty Network–EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) afirma, en su Dossier de Pobreza en España 2014, que según los últimos datos disponibles existen en el país más de tres millones de personas en situación de pobreza severa. Es decir, que viven con menos de 307 euros al mes. Ese grupo de población representa el 6.4 por ciento de la población total, una tasa que casi duplica la que había en 2007 (el 3.5 por ciento), el año que comenzó la crisis.

Paralelamente, la pobreza relativa es un indicador que mide la desigualdad y permite calcular el volumen de la población en riesgo de pobreza. Determina cuántas personas tienen ingresos demasiado bajos en relación al conjunto de la población. En 2013 el umbral de pobreza para los hogares unipersonales se situó en 7.040 euros, mientras que en hogares formados por dos adultos y dos niños ese umbral se marcó en 14.748 euros. Como sucede con la crisis y la recesión, al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral del riesgo de pobreza. Por eso la línea de riesgo para una familia de cuatro miembros ha ido descendiendo desde 2009: 16.199, 15.960,15.271, 15.082 hasta los citados 14.784 de 2013.

Y ésta es la realidad que el Gobierno Rajoy se niega a reconocer: la desesperación de miles, de millones de personas que están pagando cruelmente el precio del ajuste duro de la economía española. Se les está aplicando cirugía mayor sin anestesia, así que no debiera sorprender ni la protesta del 22M ni su magnitud. El Gobierno Rajoy puede ignorarla o descalificarla, pero está ahí. Sus esbirros más desaprensivos pueden deslegitimarla diciendo que los manifestantes de Madrid eran neonazis a la griega o peligrosos bolcheviques. Los grandes medios de comunicación pueden sumarse a una especie de entierro preventivo del ex presidente Suárez, con dosis altas de confitura informativa y, con alguna excepción, ningunear o minimizar la importancia de la protesta del 22M. La derecha nacionalista periférica puede tomarse el día libre porque la cosa de la protesta no va con ellos, y el partido de los socialistas puede mirar al cielo mientras silba o tararea alguna melodía simpática.

Cada cual es muy dueño de hacer lo que le venga en gana, ciertamente. Pero nunca ha sido buena idea en política –en la que importa a las mayorías, claro– hacer como que la realidad no existe. El Tancredismo, el permanecer tercamente impasible, puede funcionarle a Rajoy (y ya veremos hasta cuándo), pero no es una opción para quienes necesitan que la protesta de la ciudadanía contra una política antisocial, cruel y dañina para las personas, se convierta en fuerza electoral para desalojar a la derecha neocon de las instituciones de gobierno, para enviarla a la oposición por muchos años; cuanto menos hasta que entienda que no todo son los grandes equilibrios macroeconómicos, que detrás de las grandes cifras hay personas que sufren.

Aquellas gentes que no aceptan ni el salvajismo de la derecha ni la tibieza de cierta izquierda, aquellos que se conmueven porque muchos miles, centenares de miles de personas se movilicen para pedir dignidad, pan, techo y trabajo, debieran tomar buena nota de qué partido, qué organización social, qué gente es sensible a esas angustias y esas necesidades. Y debieran comprender que en un sistema democrático, aún en uno de baja calidad como el español actual, no hay otra forma de cambiar las cosas que movilizándose en defensa de sus derechos y con la fuerza y el peso de sus votos. Pero teniendo claro, además, que si se protesta en la calle y no se actúa en consecuencia ejerciendo el derecho de voto, ese mismo sistema del que se pretenden corregir sus grandes déficits se ríe de ellos a mandíbula batiente.