La decisión de Bachelet sobre Ley Monsanto: El retiro de un proyecto, no su rechazo
Fue uno de los compromisos asumidos durante la campaña. Hoy, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, anunció ante los medios que el gobierno y la Nueva Mayoría en su conjunto tomaron la decisión de retirar el trámite del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, conocida como Ley Monsanto.
Según Rincón, la intención del Ejecutivo es realizar un “análisis que recoja todo lo que se ha conocido en nuestro país e internacionalmente en esta materia". El objetivo es resguardar los derechos de las comunidades agrícolas, de los agricultores y del patrimonio de semillas en Chile.
En el activismo, la noticia fue bien recibida. “Me parece una señal positiva, hay muchas organizaciones que desde hace varios meses venimos presionando para que se paralicen estos proyectos. Este es un proyecto clave porque la Ley sobre Obtentores Vegetales justamente es la que permite el registro, la que permite darle una suerte de patente a las especies que las empresas puedan modificar y luego registrar y por lo tanto apropiarse, de esa manera, de la semilla. Por lo tanto, me parece muy bien que se esté dando cumplimiento al anunciado compromiso de la presidenta en campaña”, aseguró Lucio Cuencia, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca).
Sin embargo, hay desconfianza. Si bien el gobierno de Bachelet anunció el retiro del proyecto, ingresado en 2009 durante su primer mandato, la medida no es un rechazo definitivo a la iniciativa.
“Esto es un retiro del proyecto, no es un rechazo al proyecto. Lo que ha anunciado el gobierno es que se va a abrir un debate respecto a esto, nosotros esperamos que efectivamente esto se cumpla y haya un debate pero que tenga alguna vinculación con la decisión que se va a tomar, porque acá no sacamos nada con jugar al debate y luego volver a mandar un proyecto de similares características. Lo que se necesita es rechazar la propuesta de fondo que tiene este proyecto que es permitir que las empresas se apropien de distintas variedades nativas de semillas en nuestro país y ese es el fondo del problema”, argumentó Cuenca.
Maíz Monsanto fue prohibido en Francia
El director de OLCA enfatizó en la importancia de que el proyecto sea rechazado en toda su dimensión, con una crítica directa al intento de patentar las semillas que pertenecen a un patrimonio común. Además, señaló que es urgente que el debate que se dará próximamente sobre la materia sea realmente transversal y se pondere la opinión de las comunidades.
Recientemente, un hecho ocurrido en Francia y vinculado a Monsanto podría ser parte de la evidencia que el gobierno tendrá que considerar a la hora de analizar la materia. El ministerio de agricultura de dicho país prohibió por decreto la comercialización, utilización y cultivo de maíz genéticamente modificado por el grupo Monsanto.
"Según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 (...) presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes", indicó el texto.
Dudas sobre conflictos de interés de superintendente
En medio de la discusión, casi han quedado olvidados los cuestionamientos aparecidos durante esta misma jornada al recién nombrado superintendente del Medio Ambiente (SMA), Cristián Franz Thorud. Según información publicada por El Mostrador, Franz es uno de los dueños del Grupo Alianza, empresa que presta asesorías ambientales a empresas mineras como Barrick Gold, Antofagasta Minerals, Collahuasi, Agrosuper y otras.
En el círculo del activismo medioambiental la noticia preocupa. “Hay un tema muy importante que tiene que ver con las próximas decisiones que tiene que tomar el superintendente respecto al caso Pascua Lama, ese es un tema que nos preocupa de sobremanera. Está la preocupación justamente de los conflictos de interés que eventualmente puede tener este nuevo superintendente. Nosotros estuvimos revisando y efectivamente hay cierta vinculación con empresas mineras, particularmente con la Barrick”, declaró Cuenca.
En tanto, a través de un comunicado público, las comunidades del Valle del Huasco exigieron el fin de la dilataciones en caso Pascua Lama y el cumplimiento del fallo de los Tribunales Ambientales sobre el proyecto minero.
“Hoy, una vez conocido el nombre del nuevo Superintendente, hombre sobradamente ligado al sector extractivista, se hizo una necesidad para el territorio exhortar a la autoridad a que no siga socavando la nueva institucionalidad, y se abstenga de recurrir de casación a la Corte Suprema, de modo que no haya dilataciones innecesarias en torno a cumplir lo ordenado por los tribunales ambientales, y a aplicar las sanciones correspondientes a los titulares del Proyecto Pascua Lama”, señalaron.
Así, la elección de Bachelet respecto a la nueva autoridad ambiental podría remover y trizar las confianzas recién ganadas con el retiro de tramitación de la Ley Monsanto, cuyo próximo debate acapará la atención de las diversas organizaciones opositoras.