Domingo Namuncura dirigió la Conadi durante el gobierno de Eduardo Frei Tuiz-Tagle, pero renunció al notar sus diferencias con el gobierno de la época. Hoy, el militante PPD analiza la publicación oficial del informe emitido por Ben Emmerson, relator especial de la ONU en materias de DD.HH y Terrorismo, quien negó la existencia de hechos relacionados al terrorismo en la Araucanía, además de criticar duramente la Ley Antiterrorista.

Acá su análisis en conversación con ElDesconcierto.cl

-¿Hay algún tipo de implicancia con la publicación oficial del informe de Ben Emmerson sobre la Araucanía, como mayores presiones o condenas internacionales de diferentes organismos respecto de este tema?

"Lo primero es destacar que el informe, al adquirir un carácter totalmente oficial, pasa a ser reconocido por Naciones Unidas, como un documento que tiene valor de verosimilitud, un valor que se relaciona con la veracidad de todo el trabajo realizado, de los antecedentes recogidos. Es un punto de partida fundamental para que el ordenamiento jurídico del Estado se adapte, se ponga en las condiciones tales que pide el relator".

"Lo segundo, el contenido tiene relación con la gira propiamente tal. Él vino y estuvo casi 10 días en una agenda muy intensa, en la que se reunió con todo tipo de actores. Por supuesto que con comunidades indígenas, movimientos, dirigentes, ONG, universidades, empresas, Gobierno, autoridades del Poder Judicial, Parlamento, etc. y se fue formando una opinión directa de acontecimientos, revisó una cantidad importante de documentos y sentencias judiciales. Y dado que su especialidad tiene que ver con la observación de actos de terrorismo, él fue invitado a Chile para que dijera que efectivamente hay terrorismo en Chile. Esa fue la apuesta de ese momento, sin que fuese explicitada".

"Tercero, el resultado de sus conversaciones lo llevó a la conclusión de que en Chile están pendientes una cantidad importante de compromisos derivados de distintos acuerdos, y que se pueden entender como la base en la tensión existente con los pueblos indígenas. En el fondo es un modo de decir que estos problemas que ocurren no se explican por sí solos, se explican por una causa que los mueve, una causa que tiene que ver con un conjunto de situaciones que afectan al desarrollo de los derechos de las comunidades, al desarrollo de los derechos individuales de las comunidades, a la forma como el Estado ha dado respuesta  a promesas que no ha sido suficiente, y esto se complejiza mucho más con la exacerbación de hecho de violencia a los cuales el Estado responde con instrumentos que son más bien parte del problema que de la solución. Y ahí apunta él a la Ley Antiterrorista. Conmina al Estado a dejar de usar esa legislación".

"Si a todo esto le sumas el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora último el informe de la Organización Internacional del Trabajo que cuestiona que convenio 169 no esté siendo aplicado en Chile, y pide explicación oficial al Estado, y exige que se cumpla, situación que le compete al nuevo gobierno".

-¿La publicación de estos informes obliga al Estado a actuar con mayor celeridad en resolver políticamente este conflicto?

"Sin duda, obliga a buscar soluciones de orden político más que relativo al orden público, o a la seguridad ciudadana. Además hay que tomar en cuenta que el informe de Ben Emmerson aborda la naturaleza de los procesos judiciales y él detectó un conjunto de irregularidades y falencias que afectan al debido proceso".

"Otro elemento que destaca de su informe es la conclusión de que en Chile no hay hechos de terrorismo, que causó de parte del gobierno una casi inmediata respuesta lamentando esa declaración".

-En este marco general, ¿es un buen paso lo declarado por el intendente Huenchumilla ayer donde pide perdón al pueblo mapuche por el despojo indebido de tierras como también a los descendientes de los colonos?

"Él tiene mucha razón… pero voy a ser cuidadoso en lo que voy a decir. Valoro el gesto porque instala una señal a nivel de un gobierno regional, pero esa señal para que sea potente para todo el país tiene que ser a nivel de Estado".

"Durante el gobierno del presidente Lagos, la ministra Alejandra Krauss, que empezó a recorrer el país desde marzo del 2000, donde estuve en un par de reuniones oficiales, ella ya había expresado por primera vez esta petición de perdón a las comunidades indígenas. Eso no tuvo en ese momento la cobertura que tuvo lo dicho por Huenchumilla, y eso es porque hace 14 años el tema indígena no tenía una presencia mediática con la magnitud de hoy. Hoy en cualquier manifestación de cualquier tipo aparecen banderas mapuche, y en el festival de Viña invitan a la única pianista internacional de Rapa Nui acompañada por un tenor mapuche, algo insólito en 50 años, y las gimnastas que ganaron oro y bronce en los Odesur salen a celebrar con banderas del pueblo mapuche. Todo eso no se veía, así como el número en la ceremonia del cambio de mando, donde salió una solista con un tambor y canta a capella “Arauco tiene una pena”, con un silencio total y un gran aplauso al final, porque fue hermosa la presentación. Eso nunca había ocurrido en ningún cambio presidencial. Entonces cuando Alejandra Krauss pide perdón, eso pasó desapercibido casi por completo".

"En el 2004, Ricardo Lagos entregó al país el resultado del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato. En él, los comisionados que eran casi 150 personas expresaban sus disculpas y perdón por parte de Chile a lo largo de la historia y que fue registrada en el primer capítulo de los tres que tiene el informe, donde se detalla el despojo, el genocidio en el caso de las comunidades del extremo sur, etc. En su discurso, Lago también pidió disculpas al país. No perdón, sino disculpas. Lo de Huenchimilla el día de ayer es el tercer hito. Primero tenemos a Alejandra Krauss, luego al presidente Lagos, y ahora Francisco Huenchumilla".

-¿Con esto se espera una postura coherente con lo expresado por Huenchumilla de aquí en adelante?

"Como militante de la Nueva Mayoría te digo que estamos comprometidos, hay un compromiso presidencial taxativo. Está escrito que a partir del respeto a los tratados internacionales en materia de DD.HH, el gobierno se compromete a cumplir con todas las tareas necesarias para incorporar e incluir los derechos integrales de los pueblos indígenas en la sociedad chilena. Esp significa que desde las instituciones, en el ordenamiento jurídico, en la Nueva Constitución, el reconocimiento de derechos vinculados a las aguas, tierras, los derechos culturales, en fin, todo eso está escrito en el programa. Lo que hay que hacer es aplicar el programa".