La intervención de Piñera en el caso Termoeléctrica Barrancones, pasando por encima de su propia institucionalidad, dio cuenta de lo mucho que importa hoy parecer verde, y de lo difícil que es serlo. De hecho, ese gesto inicial caracterizó todo su gobierno, pero en sentido inverso; con la misma soberbia y arbitrariedad trató de imponer los proyectos extractivistas bajo ilegalidades y omisiones, dilató la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad, presionó resoluciones arbitrarias como la del Comité de ministros en el caso Punta Alcalde, intentó por todos los medios sacar adelante la termoeléctrica Castilla, hizo vista gorda al cumplimiento de normas como la de emisiones de termoeléctricas que paradojalmente había sido dictada con bombos y platillos al inicio de su mismo gobierno, debilitó la norma de calidad ambiental sobre Material Particulado, mantuvo abierto Pascua Lama hasta que la porfía comunitaria logró su paralización; estas cuestiones, entre otras, incrementaron notablemente la conflictividad socioambiental y caracterizaron los cuatro años del gobierno de la Alianza, que en lo sustancial fue la continuidad de lo que teníamos en las dos décadas anteriores.

Sin embargo, ya poco se habla de lo que fue este paréntesis del conglomerado de derecha y más bien el debate se centra en las especulaciones en torno a lo que será el gobierno de Bachelet, si se cumplirán o no las promesas, si aumentará o será tempranamente cooptado el proceso de articulación y movilización social, si los derechos más sentidamente vulnerados por la ciudadanía según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vale decir, el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, seguirán abriendo nuevos conflictos socioambientales o si se tenderá a una expectante y tensa calma.

Desde nuestra mirada, tanto el programa ambiental como las consideraciones ambientales sectoriales de Bachelet, aparentan conocer la variedad y complejidad de las demandas socioambientales de la ciudadanía, cubriendo prácticamente todos los ámbitos, prometiendo planes, mesas y programas para una infinidad de temas que han sido sentida preocupación de los territorios por décadas; el único problema es que esta tendencia más sensible a las demandas socioambientales no tiene ni una coherencia con el programa económico, y resulta del todo inviable pretender frenar la profunda crisis ambiental que sufre el país sin modificar la matriz primario exportadora que ha regido nuestro destino desde la dictadura en adelante. Entonces preocupa y mucho, la suerte de maquillaje verde que se está preparando en los camarines del próximo gobierno,  no sabemos si es ingenuidad o  declarada irresponsabilidad política lo que la inspira, pero claramente no convence.

Lo que las comunidades en situación de conflicto alegan como causas estructurales de los desastres ambientales que las movilizan, no está siendo considerado. Es decir, la  amenazante agenda de inversiones mineras ( + de U$ 110 mil millones en los próximos 8 años), la duplicación de la capacidad instalada de generación de electricidad mayoritariamente exigida por la minería, las facilidades para la expansión acuícola (salmones) y la privatización de las pesquerías, la renovación de las leyes de fomento y subsidio al monocultivo forestal, la privatización de la semilla y el apoyo a la agroexportación que liquida la agricultura familiar y a los campesinos/as, la mantención de la propiedad del agua en manos privadas y por lo tanto entregada a la mercantilización, las políticas urbanas entregadas a las inmobiliarias; no se cuestionan, el desafío pareciera ser solo cómo sostener este acelerado y aberrante ritmo extractivo en un clima de gobernanza ambiental.

Ya la gestión anterior de Bachelet dio claras muestras de su pragmatismo: el vamos a la construcción de Pascua Lama, la aprobación de Agrosuper en Freirina,  los 126 proyectos energéticos aprobados, entre termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares, con episodios imperdonables como Campiche, Hidroaysen, Castilla, etc, dan cuenta de que la crisis ambiental que mantiene a más de un 65% del territorio nacional en estado de desertificación media o alta y en escasez hídrica sin precedentes, no está siendo comprendido como un síntoma grave del fracaso del sistema socioeconómico, sino solo como una lamentable traba a las inversiones.

Por ejemplo, cuando a Michelle Bachelet se le preguntó en la campaña por las 42 termoeléctricas aprobadas durante su gestión, ella respondió que entre la sequía, la crisis del gas y la fuerte demanda, no quedaba otra solución; es decir, generar zonas de sacrificio era más plausible que plantearse la naturaleza de la demanda, y ese criterio no ha variado, concepción que reduce ampliamente la efectividad de los procesos de consulta y diálogo con los territorios, y de los diversos planes de optimización de la gestión o de medición de los daños, pues quienes han comprendido que son sujetos de derecho y defienden el agua, la vida, la semilla, están hablando de otro paradigma, no solo de mayor distribución de los excedentes del modelo extractivo. El programa de Bachelet establece por ejemplo, en el ámbito Recursos Naturales y agua: “dar carácter de bien nacional de uso público al agua y promover la actividad minera con vocación sustentable”, pero esto elude señalar que la ley ya establece que el agua es un bien nacional de uso de aprovechamiento privado, esto del aprovechamiento es lo que habría que modificar para producir un cambio sustancial en el crimen cotidiano de robarle agua a la gente en beneficio del mercado; o elude también que hasta el mismo sector minero asume que la minería no es una actividad sustentable, puede dañar más o menos, pero es por definición insustentable ¿qué se quiere decir con estas declaraciones?

Otro ejemplo, el programa ambiental de Bachelet dice “Una de las intenciones del nuevo gobierno es reducir los flancos de judicialización de las iniciativas de inversión, básicamente con el objeto de de viabilizar la materialización de nuevos proyectos”, por lo tanto, no se tratará de velar por la satisfacción de los derechos de la ciudadanía, sino que es gestionar con la ciudadanía para garantizar los derechos de los inversionistas. No obstante, la nueva Ministra de Minería declara que hoy es impensable realizar los proyectos sin “Licencia Social”, mientras se anuncia que para destrabar los proyectos de inversión se instalarán “fast trackers” en los ministerios de Minería, energía y Medio Ambiente, coordinados entre sí y con las empresas, propuesta no muy distinta a la del gobierno de Piñera conocida por las presiones políticas a través del Comité de Agilización de la Inversiones (CAI) en el proyecto Castilla,  que ya demostró el descaro al que pueden llegar las autoridades y lo lejos que estas negociaciones presurosas y entre cuatro paredes quedan de la “licencia social”. Es el mismo impensable descaro que ha insistido en aplicar la ley anterrorista a los pueblos indígenas y en implementar de manera fraudulenta el Convenio 169, sobre todo en lo referido al derecho a consulta.

En este escenario las comunidades en proceso de defensa territorial ya han venido señalando que poco o nada esperan del gobierno de Bachelet, no por las intenciones de quienes trabajen en él, sino por la incapacidad de comprender que el ambientalismo no es pintar de verde la Moneda, sino despertar otra manera de conectarse con el entorno, comprender por ejemplo que trabajar el campo sin agrotóxicos no es ser enemigo del progreso sino que es estar en la vereda de la vida, o que exigir una moratoria a la megaminería química no es fanatismo ecológico sino que es un grito desesperado por la sobrevivencia. Hay que transitar de la matriz primario exportadora basada en la extracción de recursos naturales (89 de cada 100 dólares que exportamos son materias primas prácticamente sin transformación) a una que priorice nuestra capacidad productiva, nuestra inteligencia, nuestra creatividad. Hay que confiar en las dinámicas de desarrollo de las regiones, y dejar de imponerles desde los laboratorios políticos, económicos, académicos y científicos, experimentos letales que optimizan las ganancias en el corto plazo y proyectan exponencialmente los costos en el largo plazo.

De todos modos, no sería de extrañar que las movilizaciones disminuyan en los primeros tiempos del nuevo gobierno, entre la actitud expectante que nos caracteriza y el fuerte despliegue de mecanismos clientelares y de trabajo de base, que ha caracterizado al conglomerado gobernante, lo que tiende a profundizar las desconfianzas y las polarizaciones. Pero esto debiera agotarse pronto, principalmente por dos razones, en primer término, porque lo que promueve la movilización en estas materias no es politiquería sino que es la posibilidad o no de seguir viviendo; y en segundo, porque los actores comunitarios que intervienen, sobre todo las mujeres, están en proceso creciente de comprensión de ser sujetos de derechos, y eso no tiene marcha atrás.

Considerando lo dicho, el despertar socioambiental podría constituirse en una posibilidad privilegiada de frenar a tiempo un paradigma de crecimiento infinito que nos enferma y depreda, es de esperar que los funcionarios del nuevo gobierno tengan la capacidad de comprenderlo y no cedan a la tentación de seguir en la senda de la criminalización y la sordera. Así como también es de esperar que la sociedad tenga el coraje de seguir revalorándose, reencontrándose con sus saberes, amándolos, compartiéndolos y defendiéndolos; eso ayudaría más plausiblemente a disminuir la conflictividad socioambiental y a dejar de invertir las energías en dar cuenta de lo que no queremos, canalizándola entonces hacia dibujar y trabajar por lo que sí queremos, en clave de buen vivir, como lo están haciendo muchas comunidades, o en la que vayamos determinando colectivamente, con respeto, inclusión, simpleza y sabiduría, pero ya sin más extractivismo salvaje apuntándonos en la sien.