Este lunes se conoció la existencia del decreto N°14 del 2014, promulgado por la administración saliente encabezada por Sebastián Piñera, en el que se modifican una serie de normas relativas a documentos electrónicos y firma electrónica, y que permitiría a los funcionarios públicos borrar correos electrónicos. La sensible información que destapó El Mostrador rápidamente generó una serie de declaraciones con visiones contrapuestas sobre el espíritu del decreto firmado en febrero pasado, y que ponen en entredicho la posibilidad de que funcionarios del Estado pueda eliminar comunicaciones electrónicas de sus correos institucionales.

La reacción más importante vino desde la Fiscalía Centro norte, puesto que ante la posibilidad de que la nueva normativa permita eliminar correos de ministerios que están siendo investigados, el órgano autónomo decidió enviar un oficio al recién asumido subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, según consignó The Clinic. La medida pretende frenar el decreto para evitar incluso la comisión de un delito en caso de concretarse la eliminación de correspondencia electrónica.

 

Visiones contrapuestas

Fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien temprano se refirió a la polémica defendiendo el derecho a la privacidad de los funcionarios, separando de la documentación que su administración debe entregar los correos electrónicos. “Los correos son personales. Hemos hecho esfuerzo por entregarle al gobierno toda la información, para que puedan gobernar sobre base sólida”, señaló.

Más tarde le siguió su primo y ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se sumó a la defensa de la privacidad de la correspondencia electrónica de los funcionarios públicos. “Es una materia que fue hace tiempo sustanciada por el tribunal constitucional, la Corte Suprema y la Contraloría General de la República donde hizo la distinción entre los correos que son de carácter público y funcionario, de lo que es evidente, lo que son correos de carácter particular”, dijo Chadwick.

Sin embargo, el presidente del Consejo Para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, desmintió que el decreto permita efectivamente  los funcionarios del Estado eliminar correos, ya que según él la obligación de guardar esos que fue derogada atañe a los órganos y no a los empleados públicos.

"Creo que eso hay que matizarlo en el sentido de que el decreto deroga una obligación de los órganos que los órganos tienen –no los funcionarios- de guardar estos repositorios electrónicos durante seis años, pero esto no quiere decir que exista la facultad de que los funcionarios borren la información", señaló Jaraquemada a Radio Cooperativa.

De todas manera, Jaraquemada calificó como negativo el decreto al considerar que "genera una cierta incertidumbre respecto a los repositorios de información pública, es decir, aquellos stock de información que los órganos del Estado están obligados a conservar para que los ciudadanos podamos hacer uso del derecho de acceso, porque para hacer uso del derecho de acceso y que éste sea eficaz, obviamente la primera obligación de los órganos es guardar la información".

Para el presidente del Consejo Para la Transparencia, "la norma no implica darle la facultad a los funcionarios para borrar sus correos electrónicos" a incluso aseguró de ser así, se arriesga ser sancionado administrativamente. y además señaló que "A mi modo de ver, esta derogación de norma no habilita a borrar, en ningún caso tiene efecto retroactivo".